Nueva directiva del Parlamento venezolano en la mira del Tribunal Supremo
En predios del máximo juzgado aseguran que la medida responde a que los magistrados analizarán una nueva decisión contra el Parlamento. Juristas no descartan que la instancia impida la elección de la nueva directiva del Legislativo o que designe otra.
CARACAS.- Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pondrán fin a sus vacaciones navideñas este miércoles 4 de enero, pues la presidenta de la instancia, magistrada Gladys Gutiérrez, decidió adelantar su regreso, el cual estaba previsto para el próximo 8 de enero.
“Le ordenaron a los magistrados reincorporarse cuatro días antes. Un día antes de que la Asamblea Nacional se instale y deba elegir a su directiva”, informaron fuentes del máximo juzgado, las cuales dieron por un hecho que la decisión es porque los funcionarios van a analizar una eventual decisión contra el Parlamento.
El artículo 219 de la Carta Magna establece que el Legislativo debe iniciar su primer período de sesiones ordinarias “el 5 de enero de cada año o el día posterior inmediato más posible”, mientras que el 194 prevé que los diputados elegirán “un Presidente y dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario fuera de su seno, por un período de un año”, respectivamente.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene previsto ungir este jueves al diputado Julio Borges como nuevo presidente de la AN, mientras que la primera vicepresidencia la asumirá un parlamentario de Voluntad Popular, el partido fundado por el exalcalde de Chacao y exprecandidato presidencial Leopoldo López; y Acción Democrática se quedará con la segunda, tal y como prevén los acuerdos suscritos el año pasado por la alianza opositora.
A Borges lo sustituirá en la coordinación del grupo parlamentario opositor un representante de Un Nuevo Tiempo, el partido del recientemente liberado exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, pero aún se desconoce la identidad del escogido. En predios del Capitolio caraqueño se escuchan con fuerza los nombres de la legisladora Delsa Solórzano, actual presidenta de la Comisión de Política Interior; y de Stalin González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios.
¿Qué podría decir el TSJ?
A lo largo del mes de diciembre circularon versiones que aseguraban que la Sala Constitucional impediría a la AN renovar a su directiva, bajo la excusa de que como no ha desincorporado en una sesión pública a los tres diputados opositores de Amazonas que la Sala Electoral suspendió en diciembre de 2015 sigue en desacato y por lo tanto todos los actos y decisiones que adopte son “absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica”.
¿Pero qué medida puede tomar la instancia? “Bajo la Constitución no puede hacer nada, pero en la práctica puede hacer cualquier cosa”, respondió el catedrático de Derecho Administrativo de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello de Caracas, José Ignacio Hernández, al ser consultado por el Diario Las Américas.
Tras recordar que la Sala todavía no ha respondido un recurso que el chavismo interpuso en diciembre pasado contra la decisión de la AN de declarar al presidente Nicolás Maduro responsable de la crisis que padece el país (juicio político), el jurista no descartó que aproveche ese caso para paralizar la elección de la directiva, bajo la excusa de que no puede tomar esa decisión por el desacato; y por lo tanto ella designe a una temporalmente o mantenga a la saliente que encabeza el polémico líder socialdemócrata Henry Ramos Allup.
“También podrían terminar de disolver a la Asamblea hasta tanto no acate sus decisiones sobre los diputados de Amazonas, porque de facto ya está disuelta, porque no puede dictar leyes ni la dejan realizar designaciones”, agregó y aunque reconoció que esto sería un “error político” también señaló que sería “incongruente que permitieran la elección de la directiva si está en desacato”.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Raffali descartó que la Sala intervenga en este asunto. “Si llegase a darse un supuesto absurdo bajo el cual se le impida a la Asamblea Nacional designar a su propia Junta Directiva, se daría un claro golpe de estado al Poder Legislativo, lo cual de alguna manera ya ha venido ocurriendo, pero además sería una situación de hecho muy compleja, pues los diputados igual van a elegir de su seno a su propia Junta Directiva quienes tomarán el estrado del hemiciclo y no saldrían de allí sino por la fuerza. La pregunta en este último supuesto es si algún órgano de seguridad del Estado se atrevería a desalojarlos y cuál sería el costo político nacional e internacional de semejante estupidez”.
Hernández, entretanto, cree que al permitirle a la mayoría opositora cumplir este trámite a futuro le permitiría otras actuaciones contra la oposición. “Podría la Contraloría inhabilitar a los miembros de la directiva actual y de la nueva, así como al resto por supuestamente utilizar fondos públicos para violar la Constitución y así dejar a la oposición sin eventuales candidatos para las elecciones municipales y regionales que este año deben celebrarse”.
"El Gobierno tiene que respetar"
En el Parlamento, sin embargo, los preparativos para dar inicio al segundo año de la presente legislatura siguen como si nada.
El presidente actual de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, expresó que el Gobierno venezolano debe respetar la autonomía del parlamento y publicar en Gaceta Oficial el nombramiento de la nueva junta directiva.
"Es un proceso normal y no tiene que haber traumatismo (...) el Gobierno tiene que respetar a la Asamblea y publicar en gaceta la juramentación de la nueva junta directiva (...) ¿Qué van a hacer robarse la gaceta?".
Asimismo, ratificó que el Poder Legislativo será presidido por el diputado Julio Borges, la primera vicepresidencia estará a cargo del partido Voluntad Popular y la segunda será asumida por Acción Democrática.
“Le ordenaron a los magistrados reincorporarse cuatro días antes. Un día antes de que la Asamblea Nacional se instale y deba elegir a su directiva”, informaron fuentes del máximo juzgado, las cuales dieron por un hecho que la decisión es porque los funcionarios van a analizar una eventual decisión contra el Parlamento.
El artículo 219 de la Carta Magna establece que el Legislativo debe iniciar su primer período de sesiones ordinarias “el 5 de enero de cada año o el día posterior inmediato más posible”, mientras que el 194 prevé que los diputados elegirán “un Presidente y dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario fuera de su seno, por un período de un año”, respectivamente.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene previsto ungir este jueves al diputado Julio Borges como nuevo presidente de la AN, mientras que la primera vicepresidencia la asumirá un parlamentario de Voluntad Popular, el partido fundado por el exalcalde de Chacao y exprecandidato presidencial Leopoldo López; y Acción Democrática se quedará con la segunda, tal y como prevén los acuerdos suscritos el año pasado por la alianza opositora.
A Borges lo sustituirá en la coordinación del grupo parlamentario opositor un representante de Un Nuevo Tiempo, el partido del recientemente liberado exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, pero aún se desconoce la identidad del escogido. En predios del Capitolio caraqueño se escuchan con fuerza los nombres de la legisladora Delsa Solórzano, actual presidenta de la Comisión de Política Interior; y de Stalin González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios.
¿Qué podría decir el TSJ?
A lo largo del mes de diciembre circularon versiones que aseguraban que la Sala Constitucional impediría a la AN renovar a su directiva, bajo la excusa de que como no ha desincorporado en una sesión pública a los tres diputados opositores de Amazonas que la Sala Electoral suspendió en diciembre de 2015 sigue en desacato y por lo tanto todos los actos y decisiones que adopte son “absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica”.
¿Pero qué medida puede tomar la instancia? “Bajo la Constitución no puede hacer nada, pero en la práctica puede hacer cualquier cosa”, respondió el catedrático de Derecho Administrativo de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello de Caracas, José Ignacio Hernández, al ser consultado por el Diario Las Américas.
Tras recordar que la Sala todavía no ha respondido un recurso que el chavismo interpuso en diciembre pasado contra la decisión de la AN de declarar al presidente Nicolás Maduro responsable de la crisis que padece el país (juicio político), el jurista no descartó que aproveche ese caso para paralizar la elección de la directiva, bajo la excusa de que no puede tomar esa decisión por el desacato; y por lo tanto ella designe a una temporalmente o mantenga a la saliente que encabeza el polémico líder socialdemócrata Henry Ramos Allup.
“También podrían terminar de disolver a la Asamblea hasta tanto no acate sus decisiones sobre los diputados de Amazonas, porque de facto ya está disuelta, porque no puede dictar leyes ni la dejan realizar designaciones”, agregó y aunque reconoció que esto sería un “error político” también señaló que sería “incongruente que permitieran la elección de la directiva si está en desacato”.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Raffali descartó que la Sala intervenga en este asunto. “Si llegase a darse un supuesto absurdo bajo el cual se le impida a la Asamblea Nacional designar a su propia Junta Directiva, se daría un claro golpe de estado al Poder Legislativo, lo cual de alguna manera ya ha venido ocurriendo, pero además sería una situación de hecho muy compleja, pues los diputados igual van a elegir de su seno a su propia Junta Directiva quienes tomarán el estrado del hemiciclo y no saldrían de allí sino por la fuerza. La pregunta en este último supuesto es si algún órgano de seguridad del Estado se atrevería a desalojarlos y cuál sería el costo político nacional e internacional de semejante estupidez”.
Hernández, entretanto, cree que al permitirle a la mayoría opositora cumplir este trámite a futuro le permitiría otras actuaciones contra la oposición. “Podría la Contraloría inhabilitar a los miembros de la directiva actual y de la nueva, así como al resto por supuestamente utilizar fondos públicos para violar la Constitución y así dejar a la oposición sin eventuales candidatos para las elecciones municipales y regionales que este año deben celebrarse”.
"El Gobierno tiene que respetar"
En el Parlamento, sin embargo, los preparativos para dar inicio al segundo año de la presente legislatura siguen como si nada.
El presidente actual de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, expresó que el Gobierno venezolano debe respetar la autonomía del parlamento y publicar en Gaceta Oficial el nombramiento de la nueva junta directiva.
"Es un proceso normal y no tiene que haber traumatismo (...) el Gobierno tiene que respetar a la Asamblea y publicar en gaceta la juramentación de la nueva junta directiva (...) ¿Qué van a hacer robarse la gaceta?".
Asimismo, ratificó que el Poder Legislativo será presidido por el diputado Julio Borges, la primera vicepresidencia estará a cargo del partido Voluntad Popular y la segunda será asumida por Acción Democrática.
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