Demandaron anular norma de la FAN sobre protestas
Estudiantes, profesores, gremios y la MUD acudieron a la Sala Constitucional
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Tamayo encabezó una delegación de profesores, estudiantes, abogados en ejercicio y opositores DGANE COBO
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 27 de febrero de 2015 12:00 AM
Anular la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que permite a los militares usar armas de fuego en manifestaciones en las que haya riesgo de "violencia mortal". Esta fue la exigencia que, a una sola voz, ayer le hicieron catedráticos de Derecho, estudiantes universitarios, abogados en ejercicio y opositores al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
"Unidos en una cruzada de tipo jurídico, académico y gremial (...) estamos solicitando con el apoyo del estudiantado, con el apoyo de estos ciudadanos que no estamos conformes con la Resolución (...) a la Sala Constitucional que declare la nulidad por inconstitucionalidad evidente", afirmó el penalista José Luis Tamayo, quien estaba flanqueado por el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez; por la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y por la presidenta del Colegio de Abogados, Ivette Lugo.
Tras calificar de "plagio" la normativa, pues es similar a dos dictadas por el Ministerio del Interior para las policías en años anteriores, el jurista denunció: "Lo que se hizo en el Ministerio de la Defensa insólita y vergonzosamente fue copiar esas dos resoluciones y se le cambió el nombre de Policía Nacional o policías por Fuerza Armada Nacional (FAN) y le hicieron unos agregados y precisamente esos agregados son los que determinan la violación directa e inmediata de los artículos 43, 68, 329 y 332 de la Constitución".
En el numeral 9 del artículo 15 de las normas demandadas se establece que los militares "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. A menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, se necesario su porte y uso".
Asimismo en el artículo 24 se permite a los uniformados usar de armas, sin precisar cuáles, cuando "sea inevitable" y en el numeral 9 del 22 se precisa que esos casos inevitables son aquellos en los que haya "una situación de riesgo mortal".
Tamayo precisó que junto a la demanda de nulidad también interpusieron una medida cautelar, con la cual persiguen que los garantes de la Constitución dejen sin efecto de inmediato la resolución por los riesgos que, según ellos, comporta.
"Es un clamor popular, de todos los ciudadanos que esa resolución sea derogada", afirmó y aunque reconoció que no se puede achacar a la Resolución lo ocurrido el martes en el Táchira, donde un joven fue asesinado por una policía en una protesta, apuntó: "Esta Resolución está dando la posibilidad de que una persona sin formación, sin haber sido capacitada pueda sentirse con una patente de corso para usar un arma de fuego cuando no se trate de una manifestación violenta".
Instantes antes el dirigente estudiantil de la UCV, Francisco Matheus, solicitó una investigación contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; por los hechos violentos que se han desarrollado en el país las últimas semanas. "Él es el único responsable de esta problemática", dijo.
La oposición también interpuso otra demanda contra la resolución, la cual en virtud de lo ocurrido en San Cristóbal debería ser decidida de inmediato, a criterio de la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano.
"Le pedimos a las autoridades correspondientes que anulen esta Resolución que solo trae confusión y muerte", declaró, al tiempo que envió el siguiente mensaje a los policías y militares: "No vale alegar órdenes superiores cuando se está cometiendo un delito, por lo que nuevamente hacemos un llamado a todos los funcionarios que estén controlando manifestaciones a que no porten ni utilicen armas de fuego contra los manifestantes".
¿Qué posibilidades hay que de estas acciones prosperen? Pocas, al menos eso es lo que se concluye al revisar los archivos de la Sala Constitucional, la cual desde 2003 no ha dictado una decisión contra el Gobierno.
"Unidos en una cruzada de tipo jurídico, académico y gremial (...) estamos solicitando con el apoyo del estudiantado, con el apoyo de estos ciudadanos que no estamos conformes con la Resolución (...) a la Sala Constitucional que declare la nulidad por inconstitucionalidad evidente", afirmó el penalista José Luis Tamayo, quien estaba flanqueado por el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez; por la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y por la presidenta del Colegio de Abogados, Ivette Lugo.
Tras calificar de "plagio" la normativa, pues es similar a dos dictadas por el Ministerio del Interior para las policías en años anteriores, el jurista denunció: "Lo que se hizo en el Ministerio de la Defensa insólita y vergonzosamente fue copiar esas dos resoluciones y se le cambió el nombre de Policía Nacional o policías por Fuerza Armada Nacional (FAN) y le hicieron unos agregados y precisamente esos agregados son los que determinan la violación directa e inmediata de los artículos 43, 68, 329 y 332 de la Constitución".
En el numeral 9 del artículo 15 de las normas demandadas se establece que los militares "no portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas. A menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, se necesario su porte y uso".
Asimismo en el artículo 24 se permite a los uniformados usar de armas, sin precisar cuáles, cuando "sea inevitable" y en el numeral 9 del 22 se precisa que esos casos inevitables son aquellos en los que haya "una situación de riesgo mortal".
Tamayo precisó que junto a la demanda de nulidad también interpusieron una medida cautelar, con la cual persiguen que los garantes de la Constitución dejen sin efecto de inmediato la resolución por los riesgos que, según ellos, comporta.
"Es un clamor popular, de todos los ciudadanos que esa resolución sea derogada", afirmó y aunque reconoció que no se puede achacar a la Resolución lo ocurrido el martes en el Táchira, donde un joven fue asesinado por una policía en una protesta, apuntó: "Esta Resolución está dando la posibilidad de que una persona sin formación, sin haber sido capacitada pueda sentirse con una patente de corso para usar un arma de fuego cuando no se trate de una manifestación violenta".
Instantes antes el dirigente estudiantil de la UCV, Francisco Matheus, solicitó una investigación contra el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; por los hechos violentos que se han desarrollado en el país las últimas semanas. "Él es el único responsable de esta problemática", dijo.
La oposición también interpuso otra demanda contra la resolución, la cual en virtud de lo ocurrido en San Cristóbal debería ser decidida de inmediato, a criterio de la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano.
"Le pedimos a las autoridades correspondientes que anulen esta Resolución que solo trae confusión y muerte", declaró, al tiempo que envió el siguiente mensaje a los policías y militares: "No vale alegar órdenes superiores cuando se está cometiendo un delito, por lo que nuevamente hacemos un llamado a todos los funcionarios que estén controlando manifestaciones a que no porten ni utilicen armas de fuego contra los manifestantes".
¿Qué posibilidades hay que de estas acciones prosperen? Pocas, al menos eso es lo que se concluye al revisar los archivos de la Sala Constitucional, la cual desde 2003 no ha dictado una decisión contra el Gobierno.
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