El Parlamento venezolano debatirá el estado de excepción que busca evitar el referendo
Asamblea Nacional de Venezuela. (ENTORNO INTELIGENTE)
La oposición de Venezuela debate este martes en el Parlamento —donde es mayoría— el decreto de estado de excepción con el que el presidente Nicolás Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder, reporta la AFP.
La Asamblea tratará el decreto,
como ordena la ley, aunque se da por descontado que lo rechazará, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser un apéndice del Gobierno.
El legislativo ya había rechazado un decreto de emergencia económica dictado por Maduro en enero, pero el TSJ lo dejó en firme señalando que el control parlamentario no afecta la integridad de la medida.
El pasado viernes, Maduro renovó por segunda ocasión dicho decreto y le añadió el estado de excepción por 60 días, con lo cual se arrogó amplias facultades para gobernar en materia política, económica, social y ambiental. "Es una habilitación ilimitada a favor del presidente, cuyo poder se concentra e incrementa", dijo el constitucionalista José Ignacio Hernández.
Entre las justificaciones, el texto publicado el lunes indica que, tras asumir el control de la Asamblea en enero pasado, la oposición pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" e impulsa la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
También denuncia un vínculo entre opositores y grupos criminales "financiados desde el exterior" para generar "problemas de orden público" que "justifiquen una intervención de poderes extranjeros".
Civiles a vigilar y controlar
El lunes, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, manifestó la preocupación del Gobierno de Estados Unidos por las "terribles" condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Nicolás Maduroescuchar a sus críticos so pena de profundizar la crisis, informa la AFP.
Pero el presidente —con la retórica antinorteamericana del fallecido Hugo Chávez— considera que Washington está detrás de un complot opositor para desestabilizarlo mediante una "guerra económica" y la declaratoria del país como una amenaza "inusual y extraordinaria".
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al Gobierno a "ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público".
Además, ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad "garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad", en grave escasez.
Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados para evitar que terminen en manos de contrabandistas.
Maduro le atribuyó además a esos colectivos "funciones de vigilancia y organización", conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, "para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía".
En tanto, para reactivar la producción, el decreto prevé la "asignación directa de divisas", que escasean por el desplome de los precios del petróleo, "sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos".
En opinión de Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, el objetivo del decreto en materia económica es justamente eludir a la Asamblea para la reestructuración del presupuesto.
Mientras, para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, Maduro queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde se redujo a dos días a la semana hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía. El Gobierno ya aplica un plan de racionamiento en casi todo el país.
Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles reiteró su convocatoria a una movilización el miércoles hacia la sede central del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, para exigirle celeridad en la validación de unas firmas presentadas para activar el revocatorio. El oficialismo anunció que negará el permiso a esa marcha, lo que pondría a prueba el estado de excepción.
La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si lo hace después del 10 de enero de 2017 —cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial— y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario. En caso contrario, se convocará a elecciones.
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