Policías y guardias nacionales bloquearon con el uso de bombas lacrimógenas ybalas de goma la marcha de varios miles de opositores que el miércoles intentaban llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para reclamar que se acelere el proceso de referendo contra el presidente Nicolás Maduro.
Y hasta francotiradores había en la sede principal del Centro Nacional Electoral, según denunció el propio Henrique Capriles.
Francotiradores en CNE,a lo que ha llegado @nicolasmaduroVas a matar al Pueblo que quiere REVOCATORIO?
El excandidato presidencial y principal líder opositor en Venezuela, ha dicho que el país es una bomba a punto de explotar. Todo el mundo está pendiente de cuándo será el momento del estallido.
Los roces entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes registrados en Caracas y otras ciudades dejaron al menos 58 heridos y más de una decena de detenidos.
Tarde en la noche, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González López, anunció que siete personas fueron detenidas durante las protestas y que los detenidos, que fueron trasladados a una cárcel en el estado central de Guárico, "son reincidentes".
"Los tenemos plenamente identificados", añadió el ministro en alusión a las manifestaciones de 2014 contra el gobierno de Maduro en las que los grupos opositores efectuaron durante casi cuatro meses protestas callejeras en todo el país. En ellas murieron 43 personas, cerca de 800 quedaron heridas y miles más fueron detenidas temporalmente, según registros de la Fiscalía General.
Gases lacrimógenos y francotiradores aplastan reclamo opositor en Venezuela
"Urgente, urgente, un nuevo presidente"
Al grito de "urgente, urgente, un nuevo presidente" los manifestantes intentaron infructuosamente por más de tres horas movilizarse por algunas vías del norte de Caracas, pero cientos de policías y guardias nacionales les cerraron todas las vías hacia a la sede del Consejo, en el centro de la ciudad, debido a que la marcha no tenía el permiso de las autoridades.
En algunos momentos se produjeron choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. En los enfrentamientos resultaron heridas tres personas, dijo a la prensa el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Henry Ramos Allup.
En los hechos también resultaron lesionados cinco policías, indicó la Fiscalía General.
Uno de los cinco directores del Consejo, Luis Emilio Rondón, recibió un documento en el que la coalición opositora exigió al organismo acelerar la revisión de 1,8 millón de firmas que recolectaron en abril a favor del referendo.
Capriles dijo a la prensa que las autoridades van a tener que decidir si recurren a "los tanques, a los fusiles para seguir atropellando al pueblo venezolano" o si van por el camino de la constitución.
"Nosotros vamos hacer que el señor Maduro entre por aquí por el carril, lo vamos a obligar a que él respete la constitución", sostuvo el dirigente que aseguró que la oposición continuará en los próximos días con las movilizaciones para presionar la realización del referendo contra Maduro.
Capriles indicó que en otras 22 ciudades se realizaron marchas a favor del referendo y que en las ciudades de Valencia, Barinas, Mérida y la isla de Margarita se registraron hechos violentos. En la isla de Margarita hubo 17 de detenidos, precisó el opositor.
En la ciudad suroccidental de Mérida se presentaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión cisterna para dispersar las protestas.
Las tensiones se incrementaron cuando seguidores del gobierno socialista armados irrumpieron en las protestas y comenzaron a atacar a los manifestantes y los persiguieron hasta dentro de las instalaciones de la estatal Universidad de los Andes donde fue incendiado un vehículo, dijo Nelson Espinoza, director general de medios del centro de estudios.
El mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, quien fue uno de los oficiales más cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez, dijo el miércoles que está dispuesto a respaldar el referendo contra Maduro para lograr una salida a la crisis y evitar "un enfrentamiento de pueblo contra pueblo".
Alcalá, ex comandante de la Red de Defensa Integral de la región suroriental de Guayana, indicó en una entrevista en el canal de noticias Globovisión que en Venezuela los "poderes están secuestrados" y hay unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están tomando decisiones en contra de los venezolanos.
Expresó preocupación por el decreto de estado de excepción y emergencia económica que aprobó Maduro.
"Conmoción interior"
Maduro dijo la víspera que si sus adversarios quieren marchar deben hacerlo en el este de la capital, donde gobiernan los alcaldes opositores. El mandatario afirmó, sin presentar pruebas, que existen planes para convertir las marchas opositoras en "eventos insurreccionales".
El oficialismo descartó que el referendo pueda realizarse en 2016 y a pesar de que no se ha realizado una auditoría de las firmas, sostiene que en el proceso se cometieron irregularidades.
Las tensiones políticas crecen mientras los venezolanos enfrentan una desbordada inflación, que se estima podría alcanzar este año 720%, severa escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una recesión económica que tiende a complicarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
Por otra parte, Maduro advirtió este miércoles que tiene listo un decreto de "conmoción interior", como parte del estado de excepción que rige en el país, en caso de que se desaten hechos "golpistas violentos".
"Es un recurso que tengo como jefe de Estado si en Venezuela se desataran hechos golpistas violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país (...) ojalá no hiciera falta, estaré listo, lo tengo listo, cuando haga falta", afirmó en un acto con seguidores en Guanta, en el estado Anzoátegui (este).
Maduro no precisó en su declaración los alcances del decreto de conmoción interior, pero implicaría restricciones a libertades, tras el estado de emergencia económica y de excepción que declaró el pasado viernes.
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