ONG critican que el Gobierno haya gastado US$ 5,5 millardos en armas
Caracas.- 112.400 viviendas, 56 hospitales de 220 camas cada uno y 4.257 liceos. Todo eso se ha podido construir con los 5,6 millardos de dólares que el Gobierno ha gastado de 1999 a la compra de armamento y equipos bélicos.
La denuncia la formularon el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Laboratorio de Paz en un informe que presentaron ayer, en un foro con motivo de celebrarse hoy el día de Día Internacional de la Objeción de Conciencia.
En el reporte las agrupaciones recordaron que Venezuela está "entre los 20 países que más ha gastado en la carrera armamentista y es el único país de Latinoamérica que figura en este conteo", según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri por su siglas en inglés).
Tras informar que el Gobierno gastó 5,6 millardos de dólares en armas, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, señaló que en 2013 el presupuesto para el Ministerio de la Defensa, el cual era de 32,1 millardos de bolívares, superaba era más que el de los ministerios de Salud, Educación Universitaria, Energía Eléctrica, Ambiente, Alimentación, Agricultura y Vivienda.
Contra la militarización
Durante el foro, Feliciano Reyna, representante de Civilis, criticó la Ley Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, por considerar que la misma atenta contra la libertad de asociación, pues "extiende su aplicación a todas las asociaciones u organizaciones con personalidad jurídica y entes públicos y privados, estableciendo su registro obligatorio en las circunscripciones militares y sanciona a quienes se nieguen a cumplirlo".
El anterior fue uno de los argumentos esgrimidos por Provea y el Laboratorio de Paz para anunciar su decisión de interponer un recurso de nulidad contra el texto ante el Tribunal Supremo de Justicia para quienes se quieran adherir e invitaron a los ciudadanos que respalden la iniciativa a que visiten sus páginas web y allí se registren.
El texto sanciona con multas de entre cinco y 15 unidades tributarias (885 a 2.655 bolívares) al venezolano que no se inscriba, mientras que castiga al empleador que no lo solicite con 30 a 40 unidades tributarias (5.310 bolívares a 7.080 bolívares). La no inscripción impide el derecho a inscribirse en una universidad, recibir un título universitario, tramitar una licencia para conducir, entre otras.
La denuncia la formularon el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Laboratorio de Paz en un informe que presentaron ayer, en un foro con motivo de celebrarse hoy el día de Día Internacional de la Objeción de Conciencia.
En el reporte las agrupaciones recordaron que Venezuela está "entre los 20 países que más ha gastado en la carrera armamentista y es el único país de Latinoamérica que figura en este conteo", según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri por su siglas en inglés).
Tras informar que el Gobierno gastó 5,6 millardos de dólares en armas, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, señaló que en 2013 el presupuesto para el Ministerio de la Defensa, el cual era de 32,1 millardos de bolívares, superaba era más que el de los ministerios de Salud, Educación Universitaria, Energía Eléctrica, Ambiente, Alimentación, Agricultura y Vivienda.
Contra la militarización
Durante el foro, Feliciano Reyna, representante de Civilis, criticó la Ley Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, por considerar que la misma atenta contra la libertad de asociación, pues "extiende su aplicación a todas las asociaciones u organizaciones con personalidad jurídica y entes públicos y privados, estableciendo su registro obligatorio en las circunscripciones militares y sanciona a quienes se nieguen a cumplirlo".
El anterior fue uno de los argumentos esgrimidos por Provea y el Laboratorio de Paz para anunciar su decisión de interponer un recurso de nulidad contra el texto ante el Tribunal Supremo de Justicia para quienes se quieran adherir e invitaron a los ciudadanos que respalden la iniciativa a que visiten sus páginas web y allí se registren.
El texto sanciona con multas de entre cinco y 15 unidades tributarias (885 a 2.655 bolívares) al venezolano que no se inscriba, mientras que castiga al empleador que no lo solicite con 30 a 40 unidades tributarias (5.310 bolívares a 7.080 bolívares). La no inscripción impide el derecho a inscribirse en una universidad, recibir un título universitario, tramitar una licencia para conducir, entre otras.
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