Daniel Ortega entorpece la labor de los organismos no gubernamentales

MANAGUA.- El sandinismo persigue y controla el trabajo de organismos no gubernamentales para acallar críticas a su sistema de Gobierno

NICARAGUA | 07 de Diciembre de 2014

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Desde el año 2007, cuando Daniel Ortega asumió por segunda vez el poder en Nicaragua, el Gobierno ha mantenido un permanente acoso a la labor de los organismos no gubernamentales. EFE

MANAGUA.- JOSUÉ BRAVO
Especial

El Gobierno sandinista por medio de sus diputados leales en la Comisión Económica del parlamento, retrocedió en su interés de gravar con impuestos la cooperación que no está suscrita al ejecutivo y es administrada de manera privada por las iglesias y organismos de la sociedad civil sin fines de lucro en Nicaragua.

El Gobierno reformó el texto concerniente a la cooperación internacional  del proyecto de Ley de Concertación Tributaria (LCT), listo para ser aprobado en el plenario, debido a presiones de las ONG, la Iglesia y del sector privado que veían en la aplicación de impuestos limitaciones en su trabajo.

El presidente de la Comisión Económica del Parlamento, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, explicó que los organismos sin fines de lucro mantendrán las exenciones fiscales en la futura ley, “y a la vez se pone un alto a la campaña de desinformación orquestada por sectores interesados en causar preocupación e inestabilidad en el seno de la sociedad nicaragüense y en especial de los organismos sin fines de lucro”.

A pesar de los cambios, el trabajo de las ONG sigue en riesgo porque deberán entregar la solvencia de sus exoneraciones a la Dirección General de Ingresos, entidad responsable de recaudar los impuestos que podría actuar con arbitrariedades, según el legislador de oposición, Eliseo Núñez.

Acoso continuado

Desde el año 2007, cuando Daniel Ortega asumió por segunda vez el poder en Nicaragua, el Gobierno ha mantenido un permanente acoso a la labor de los organismos no gubernamentales en un intento de acallar críticas a su autoritaria manera de gobernar.

Así lo sigue viendo Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien recordó que desde el 2007 Ortega quiso implementar un manual de control a los recursos obtenidos de la cooperación internacional, para ahogar a las organizaciones y limitar sus funciones e incidencias en la población, sobre la crítica a los atropellos y arbitrariedades que ejecuta el Gobierno.

Sin duda las fundaciones y organismos registrados legalmente no pasan por un buen momento en Nicaragua al ver limitados sus ejes de trabajo y retiro de la cooperación, sobre todo la europea que en su mayoría se ha ido del país por la falta de gobernabilidad, transparencia en los procesos electorales y daño a las instituciones.

Por tales señalamientos se han retirado la Cooperación Sueca (ASDI), la Cooperación Inglesa (Defid), la de Noruega (GTZ), la de Dinamarca, la Cooperación de la Agencia para el Desarrollo de Austria (ADA) y la ayuda Alemana ha sufrido recortes. Los cooperantes que se han quedado han privilegiado el destino de los recursos hacia lo privado, quitándole terreno al sector público, de ahí el fracasado intento del Gobierno de aplicarle impuestos.

Según el Banco Central de Nicaragua, de 5.959 millones de dólares ingresados al país vía cooperación entre 2010 y el primer semestre de 2014, 3.768 millones fueron destinados al sector privado (ONG e iglesias) y el resto al público.

Sin crítica

A pesar de esta redistribución, ONGs como Xochiquetzal, una organización que trabaja por la transformación y promoción de una sexualidad libre de prejuicios, sana, placentera, democrática y sin riesgo, en el marco de los derechos humanos y la equidad entre los géneros, tienen problemas para operar por el retiro de donantes.

“Actualmente estamos pasando por una situación precaria en cuanto a los recursos financieros para la realización de nuestro trabajo y subsistencia. Este hecho se da por el retiro de la cooperación, a partir de no compartir las políticas poco democráticas del actual Gobierno, el cual no acepta discrepancias en torno a sus planteamientos”, lamentó su directora a DIARIO LAS AMÉRICAS, Hazel Fonseca Navarro.

“No existe la posibilidad de disentir, situación que ha puesto a la sociedad civil nicaragüense en mucha desventaja y grandes limitaciones para realizar nuestro trabajo. El acceso a recursos financieros es extremadamente limitado, cada espacio hace lo que puede para seguir con sus compromisos, en un contexto lleno de obstáculos de toda índole”, añadió.

Ejemplos de la persecución política abundan. En el 2008, el Gobierno sancionó con multas económicas a 17 ONGs críticas con el ejecutivo alegando por medio la Dirección de Registro y Control de la Asociación del Ministerio de Gobernación de Nicaragua.

El Gobierno alegaba que las organizaciones actuaban “al margen de la ley”, al haber cometido aparentes ilícitos al firmar convenios con otras organizaciones que no están legalmente registradas ante esa cartera, es decir, pudieron haber evadido impuestos al prestar sus personerías jurídicos a grupos que legalmente no estaban inscritas ante el Ministerio de Gobernación, dijo en ese momento Gustavo Sirias, director del Registro y Control de la Asociación.

“Triangulación ilegal”

En Nicaragua existían en 2008 un total de 4.461 organismos inscritos en la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, de ellas 3.758 están activas y otras 703 inactivas u operando sin los requisitos de ley establecidos.

Entre las castigadas con montos mínimos que oscilaban entre los 51 y 225 dólares al tipo de cambio para esa fecha, fueron el Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y crítico del Gobierno.

CINCO compartió fondos con el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dinero recibido a través de Oxfam Gran Bretaña y Forum Syd, de Suecia.

A eso el Gobierno le llamó triangulación ilegal al haber prestado CINCO su personería jurídica porque el MAM no la tiene. La persecución fue tal que la policía y las autoridades judiciales hicieron allanamientos en las oficinas de CINCO en Managua y el Gobierno hasta llegó a señalar que el dinero donado por Oxfam provenía del lavado de activos. “Que una organización o asociación no tenga personalidad jurídica no significa que es ilegal. A estas organizaciones las cubre y las garantiza el derecho constitucional a organizarse y a asociarse”, escribió a la prestigiosa revista Envío de la Universidad Centroamericana en Managua, José María Castán, representante en Nicaragua de la ONG vasca Mundubat (Un solo Mundo).

“Menos sustentación tiene lo que también el Gobierno dijo al inicio de este conflicto: que el dinero entregado […] era sospechoso de provenir del lavado de dinero”, añadió.

“Desde nuestro punto de vista el objetivo prioritario del Gobierno no es la cooperación internacional. La prioridad son las ONGs nicaragüenses. Quieren regular el trabajo que hacen, especialmente el de formar una conciencia crítica, una conciencia de ciudadanía y de derechos, autónoma de intereses partidarios”, puntualizó.

Otra de las ONGs sancionadas es el Centro de Estudios Internacionales (CEI), encabezado por Alejandro Bendaña, exesposo de Zoilamérica Narváez, la hijastra de Daniel Ortega, a quien ella acusó de violación; señalándola de apoyar al MAM en una campaña de despenalización del aborto en América Latina.

En Nicaragua el sandinismo penalizó el aborto por medio de una ley respaldada por sus diputados, como una manera de congraciarse con la iglesia católica y especialmente con el cardenal Miguel Obando, otrora crítico de Ortega y hoy su aliado.

Obando es el protector de Roberto Rivas Reyes, el flamante magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, quien es el que realmente cuenta los votos en Nicaragua.

El año pasado el Gobierno exigió a Noruega que cancelara la ayuda a la Fundación Centro de Estudios Internacionales de Nicaragua (CEI) y sus proyectos de diversidad sexual dirigido por Zoilamérica.

La persecución fue tal que las autoridades migratorias capturaron a su actual pareja, el boliviano Carlos Ariñez Castel y lo deportaron a Costa Rica. Actualmente Zoilamérica vive en Costa Rica exiliada junto con Ariñez. Ambos han retomado la labor de derechos humanos a favor de la diversidad sexual.