EEUU insta a Venezuela a garantizar juicio justo a opositores
Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Estados Unidos está "muy preocupado por la falta de garantías procesales y de un juicio justo" a los opositores detenidos.
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La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf expresó su preocupación (AP/Archivo)
EL UNIVERSAL
jueves 11 de septiembre de 2014 05:33 PM
Washington.- El gobierno de Estados Unidos instó al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro a que garantice un juicio justo a los manifestantes y líderes opositores detenidos tras las protestas del pasado mes de febrero.
"Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela a proporcionar a los detenidos las protecciones legales y juicios justos a los que tienen derecho", señaló el Departamento de Estado a través de su cuenta Twitter en español, indicó DPA.
Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Estados Unidos está "muy preocupado por la falta de garantías procesales y de un juicio justo" a los opositores detenidos.
Harf recordó que el líder de la oposición Leopoldo López, los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos y alrededor de 70 manifestantes continúan encarcelados en Venezuela. "Algunos de ellos llevan más de siete meses en prisión, muchos sin que se hayan presentado cargos formales contra ellos", denunció Harf a través de un comunicado.
La portavoz explicó que, por ejemplo, el juez que lleva el caso de Leopoldo López "le ha denegado sus peticiones para presentar pruebas en su defensa". Y, según las informaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, más de 1.700 venezolanos tienen cargos pendientes pero todavía no han recibido una fecha para el juicio.
"Aunque no todas esas personas están encarceladas, continuamos muy preocupados por los procedimientos judiciales opacos ", añadió la portavoz del Departamento de Estado.
Washington señaló que el gobierno de Maduro ha hecho oídos sordos a las preocupaciones expresadas el pasado mes de febrero por la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) sobre "el presunto uso de precedimiento criminales para castigar a manifesstantes pacíficos y críticos con el gobierno".
El Departamento de Estado también recordó que en marzo seis relatores especiales de Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano que aclarara las acusaciones de detenciones arbitrarias y de exceso uso de la fuerza y la violencia contra los manifestantes. Hasta ahora, según Washington, el gobierno de Maduro ha ignorado estas peticiones.
El Departamento de Estado impuso el 30 de julio restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela "responsables o cómplices" de violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición.
Varios senadores y congresistas consideraron que la administración Obama se había quedado corta, al no anunciar sanciones económicas contra los funcionarios venezolanos, muchos de los cuales tienen propiedades y cuentas bancarias en Florida.
La Cámara de Representantes ha aprobado sanciones para funcionarios venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos, pero la legislación se encuentra atascada en el Senado por el bloqueo de la senadora demócrata Marie Landrieu.
Landrieu bloqueó a finales de julio el voto de las sanciones por la vía rápida, preocupada por las repercusiones que éstas podrían tener en la refinería que tiene la petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Luisiana.
La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de productos básicos, ha dejado, de momento, unos 40 muertos y más de 800 heridos.
"Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela a proporcionar a los detenidos las protecciones legales y juicios justos a los que tienen derecho", señaló el Departamento de Estado a través de su cuenta Twitter en español, indicó DPA.
Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que el gobierno de Estados Unidos está "muy preocupado por la falta de garantías procesales y de un juicio justo" a los opositores detenidos.
Harf recordó que el líder de la oposición Leopoldo López, los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos y alrededor de 70 manifestantes continúan encarcelados en Venezuela. "Algunos de ellos llevan más de siete meses en prisión, muchos sin que se hayan presentado cargos formales contra ellos", denunció Harf a través de un comunicado.
La portavoz explicó que, por ejemplo, el juez que lleva el caso de Leopoldo López "le ha denegado sus peticiones para presentar pruebas en su defensa". Y, según las informaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, más de 1.700 venezolanos tienen cargos pendientes pero todavía no han recibido una fecha para el juicio.
"Aunque no todas esas personas están encarceladas, continuamos muy preocupados por los procedimientos judiciales opacos ", añadió la portavoz del Departamento de Estado.
Washington señaló que el gobierno de Maduro ha hecho oídos sordos a las preocupaciones expresadas el pasado mes de febrero por la Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) sobre "el presunto uso de precedimiento criminales para castigar a manifesstantes pacíficos y críticos con el gobierno".
El Departamento de Estado también recordó que en marzo seis relatores especiales de Naciones Unidas pidieron al gobierno venezolano que aclarara las acusaciones de detenciones arbitrarias y de exceso uso de la fuerza y la violencia contra los manifestantes. Hasta ahora, según Washington, el gobierno de Maduro ha ignorado estas peticiones.
El Departamento de Estado impuso el 30 de julio restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela "responsables o cómplices" de violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición.
Varios senadores y congresistas consideraron que la administración Obama se había quedado corta, al no anunciar sanciones económicas contra los funcionarios venezolanos, muchos de los cuales tienen propiedades y cuentas bancarias en Florida.
La Cámara de Representantes ha aprobado sanciones para funcionarios venezolanos presuntamente responsables de violaciones de derechos, pero la legislación se encuentra atascada en el Senado por el bloqueo de la senadora demócrata Marie Landrieu.
Landrieu bloqueó a finales de julio el voto de las sanciones por la vía rápida, preocupada por las repercusiones que éstas podrían tener en la refinería que tiene la petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Luisiana.
La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de productos básicos, ha dejado, de momento, unos 40 muertos y más de 800 heridos.
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