Dar a luz en Venezuela se ha convertido en todo un parto
Yolimar Ojeda es una mujer trabajadora, de clase media, quien ante su embarazo, había contemplado dar a luz el pasado mes de marzo en una clínica privada de las consideradas económicas, pues no quería correr riesgos en alguno de los hospitales del sistema público de salud venezolano.
CRISIS SANITARIA
CARACAS.- MARTA SEDES VON DEH / Especial
Yolimar Ojeda es una mujer trabajadora, de clase media, quien ante su embarazo, había contemplado dar a luz el pasado mes de marzo en una clínica privada de las consideradas económicas, pues no quería correr riesgos en alguno de los hospitales del
sistema público de salud venezolano.
“Me daba terror tener que dar a luz en un hospital. Por eso planifiqué mi parto y me dediqué a ahorrar para poder pagar el costo previsto para una cesárea, que era de 51.000 bolívares [8.095 dólares al cambio oficial; 184 dólares al ‘cambio negro’ al momento
de escribir esta nota]”.
Pero en febrero, cumpliendo 35 semanas de embarazo, se le adelantó el parto. Al presentarse en la clínica seleccionada, le informaron que con ese tiempo no la podían recibir a menos que realizara un depósito de 80.000 bolívares (12.698 dólares al cambio
oficial; 288 dólares al “cambio negro”) ya que, en caso de que el bebé ameritara terapia neonatal, la misma tenía un costo de 45.000 bolívares diarios (7.142 dólares al cambio oficial; 162 dólares al “cambio negro”).
Ante la imposibilidad de cubrir dichos costos, y por recomendación de su médico, Ojeda se presentó en el hospital Domingo Luciani, de Caracas, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde le indicaron que no la podían recibir con 35
semanas de gestación ya que no tenían disponible el servicio neonatal. De ahí se dirigió a la clínica Santa Ana, ubicada en el otro extremo de la ciudad, y tampoco fue recibida. Su periplo concluyó, afortunadamente, al tercer intento: en el hospital Clínico de la
Universidad Central de Venezuela, donde nació sin complicaciones una niña.
Ojeda tuvo suerte. En el transcurso de siete horas sólo debió visitar tres hospitales. Pero se conocen casos de mujeres que han acudido a seis o más centros asistenciales hasta que logran ingresar y dar a luz. A este recorrido a que se ven obligados los
pacientes para ser atendidos en un hospital venezolano se le conoce como “ruleteo”.
Parto dolarizado
En Venezuela no existen cifras oficiales que permitan determinar el costo de un parto en una clínica privada. La volatilidad de los precios –cabe destacar, que afectan a todos los rubros de la economía de ese país– ha hecho que las clínicas garanticen sus
precios máximos por dos semanas.
Por ejemplo, el costo de una cesárea en el momento de redactar esta información, oscilaba 60.000 bolívares (9.523 dólares al cambio oficial; 216 dólares al “cambio negro”) y 90.000 bolívares (14.285 dólares al cambio oficial; 324 dólares al “cambio negro”), en
clínicas privadas.
A la interrogante de qué justifica tan elevados costos, la respuesta generalizada en los centros consultados es que los insumos médicos están dolarizados. A pesar de que existe un cambio oficial de 6,30 bolivares por dólar “para garantizar el derecho a la
salud de todos los venezolanos”, la realidad es que hay una grave escasez de medicamentos y materiales que afectan tanto a clínicas privadas como a los centros públicos de salud.
No es nada raro que en cualquiera de ellos falte antibióticos, calmantes, incluso anestésicos. Y en los hospitales es muy común que el paciente deba buscar sus propios insumos como medicamentos, sondas, gasas o suturas.
Ejemplo del pasado
Durante varias décadas, la Maternidad Concepción Palacios –ubicada en la avenida San Martín, en el centro de Caracas– fue considerada como la primera maternidad de Latinoamérica, y en sus salas vieron la luz muchos venezolanos ilustres. Nacer allí era
un orgullo.
Una fuente interna de la maternidad –quien solicitó mantenerse en el anonimato– informó que “en sus mejores tiempos, un solo médico de la Concepción Palacios realizaba unas 30 cesáreas al día y se atendían más de 100 partos diariamente. Actualmente,
acaso se hace una cesárea en un día. No hay jeringas, anestesia y medicamentos… Por ello se trata de hacer lo menos posible”.
“Si la paciente acude con menos de 37 semanas de gestación, no la quieren recibir ya que no está funcionando la terapia neonatal, en esta maternidad cuyo postgrado en Neonatología alguna vez fue célebre. Si llega con tres o cuatro centímetros de dilatación,
tampoco se recibe porque no se sabe cómo va a progresar el parto y pudiera requerir cesárea. Sólo se le recibe cuando viene ya lista para parir, con nueve o 10 centímetros de dilatación. Esto es igual en muchos otros hospitales; de allí el famoso ‘ruleteo’ al
que son sometidas las parturientas hasta que finalmente las reciben para dar a luz”, explicó.
A la interrogante de si se había perdido la humanidad en la atención a la embarazada, la fuente aseguró que no por parte del personal médico. “Éste se encuentra de manos atadas ante la falta de insumos. La humanidad se ha perdido en el sistema. En el
pasado, el ministro de Sanidad de Venezuela era médico; los directores de los hospitales públicos, también, y se comportaban con la sensibilidad del médico para resolver esos problemas. Hoy día son militares quienes dirigen la mayoría de los centros
públicos de salud. ¿Y qué va a saber un militar de un parto o de una circunstancia de salud? Antes había un escalafón y por concurso se iban subiendo rangos para alcanzar el cargo de dirección. Pero hoy día llega cualquier político de paracaidista a dirigir un
hospital”, explicó.
¿Una ley para “humanizar” el nacimiento?
Reza un dicho que “a confesión de partes, relevo de pruebas”. Y a falta de estadísticas oficiales relacionadas con las vicisitudes que padecen las venezolanas para parir, surge un proyecto de ley para resolver, a punta de letra, este problema.
La Ley para la Promoción y Protección del Derecho al Parto y el Nacimiento Humanizado, cuyo anteproyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional venezolana en noviembre de 2014, pretende garantizar a la mujer el derecho a ser
atendida en cualquier centro hospitalario para dar a luz y recibir un trato digno y humanizado en ese trance.
Asimismo, el texto contempla combatir la violencia obstétrica, producto de negligencia o desconocimiento médico, disminuir las cesáreas no justificadas, y apoyar el acompañamiento de la madre por alguna persona de su selección.
Eso sí, el articulado no hace referencia alguna a garantizar la existencia de equipos, insumos y medicamentos que permitan atender adecuadamente a la embarazada.
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