La nueva relación entre EEUU y Cuba sería parte del legado de Obama, pero los republicanos intentarán convertirla en una pesadilla
Por: Carlos Alberto Montaner
3-1-2015
Barack Obama quiere “normalizar” las relaciones con el régimen cubano. Supone que será parte de su legado. Probablemente le saldrá mal esa riesgosa jugada diplomática, aunque las encuestas revelan que la mayor parte de los norteamericanos apoya el restablecimiento de las relaciones con Cuba y el fin del embargo.
De acuerdo con los adversarios de la medida, se trata de una misión moralmente dudosa. ¿Para qué darle una mano a una terca dictadura en su etapa final? Eso no tiene sentido. Además, Raúl Castro lo complica todo. Insiste en que en la Isla persistirá el modelo represivo comunista de partido único. Acaba de confirmarlo con la represión contra Tania Bruguera y los demócratas de la oposición.
Un editorial de The Washington Post resumió ese punto de vista: “El señor Obama tal vez proclame que ha desmantelado una vieja y fracasada política con medio siglo de duración, pero lo que realmente ha hecho es darle un balón de oxígeno a un fracasado régimen de 50 años”.
Tal vez el error inicial de Obama fue renunciar a algo que no existía. Lyndon Johnson, a las pocas semanas de la muerte de Kennedy, le puso fin a los intentos de terminar por la fuerza con la dictadura de los Castro. Desde entonces, la estrategia de cambiar al régimen cubano fue sustituida por la de intentar “contenerlo”. ¿Cómo? Mediante presiones económicas, aislamiento diplomático y propaganda. Unas medidas de guerra fría contra un gobierno de guerra fría que continúa comportándose como si el Muro de Berlín no hubiera sido derribado en 1989 y la URSS continuara existiendo.
Así ha sido durante décadas. A lo que se agregó, con el paso del tiempo, una consoladora hipótesis: tras la muerte de los Castro y la desaparición de la generación de la Sierra Maestra, los herederos abandonarían esa cruel manera de gobernar y se iniciaría en Cuba una pacífica transición hacia la democracia y la libertad. Se repetiría lo sucedido en Europa del Este con los regímenes comunistas y en América Latina con las dictaduras militares. ¿Por qué en Cuba iba a ocurrir algo diferente? Ése sería el momento de iniciar el deshielo entre los dos países.
Tras el sorpresivo anuncio del 17 de diciembre, quien primero le salió al paso a Obama fue el senador demócrata Bob Menéndez, hijo de cubanos, presidente del Comité de Relaciones con el Extranjero. Menéndez estaba justamente indignado. Pese a su importante cargo, y sin tomar en cuenta su condición de demócrata, la Casa Blanca le ocultó las negociaciones con Cuba y lo engañó. Hasta el día en que se reveló la trama, Obama insistió en que no haría más concesiones a La Habana mientras Cuba no diera pasos hacia la apertura. Era mentira. Menéndez hizo un durísimo pronunciamiento público. Se sentía estafado.
Los gobernadores Chris Christie de Nueva Jersey y Susana Martínez de Nuevo México no tardaron en sumarse al reñidero. Ambos reclamaron del gobierno de Obama que le exigieran a Raúl Castro la entrega a Estados Unidos de norteamericanos asesinos de policías y secuestradores de aviones que han buscado asilo en Cuba. ¿Qué clase de normalización es esa con unos vecinos que protegen a criminales? ¿No habían quedado en que la Isla ya no era un nido de terroristas?
Obama les ha regalado a los republicanos un buen tema de campaña en una etapa cercana a las elecciones de 2016. Jeb Bush, exgobernador de Florida, poco antes de anunciar que intentaría ser el candidato a presidente por su partido, se apresuró a calificar la nueva política de Obama hacia Cuba de “error que favorece a la dictadura”. Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, junto a los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart, y el recién elegido congresista Carlos Curbelo (Florida) —todos republicanos cubano-americanos—, declararon cosas parecidas, pero, comprensiblemente, en un tono de mayor indignación.
No obstante, la institución donde Obama y los demócratas serán castigados más severamente será en el parlamento. Los congresistas y senadores republicanos van a utilizar el cambio de política con relación a Cuba ensayado por Obama para poner a prueba los límites constitucionales de la separación de poderes, ahora que poseen mayoría en ambas cámaras.
El senador Lindsey Graham, chairman de un comité de asignaciones al que le corresponde dotar de recursos a las embajadas, ya ha dicho que no habrá un centavo para costear la nueva política. La Oficina de Intereses en La Habana pasará a llamarse “embajada”, pero no habrá embajador. John Boehner, speaker de la Cámara, por su parte, ha asegurado que el levantamiento del embargo ni siquiera se discutirá en el hemiciclo. Seguirá vigente y nada sustancial habrá cambiado.
Pero tal vez el plato fuerte sean las vistas públicas que seguramente se convocarán en el Senado y en el Congreso para interrogar bajo juramento a los funcionarios que intervinieron en las negociaciones con La Habana. La hipótesis es que fueron violadas varias leyes y tratarán de trasladar estos delitos a los tribunales. Quien mienta será acusado de perjurio.
El propósito de los republicanos es transformar el pretendido “legado cubano” de Obama en una pesadilla. Están convencidos de que el presidente actuó contra la ley, los principios y valores de la sociedad norteamericana. Por algo, diez presidentes antes que él, demócratas y republicanos, se abstuvieron de tratar de enmendar las torcidas relaciones con la dictadura vecina hasta que se produjera el cambio en la Isla. Era lo prudente.
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