Expropiaciones, el talón de Aquiles para las relaciones con Cuba
MIAMI.- El patrimonio de la familia Gutiérrez-Castaño, considerada como una de las más afectadas por la ley de expropiaciones, tuvo como basamento los años de trabajo de Nicolás Castaño Capetillo, inmigrante vasco que llegó a Cuba en 1851, con 14 años y apenas 3er grado de escolaridad, quien al morir en 1926, “estaba considerado entre los hombres más ricos del país”, según recuerda su bisnieto.
MIAMI.- ILIANA LAVASTIDA RODRÍGUEZ/ DLA
ilavastida@diariolasamericas.com
@IlianaLavastida
Para Nicolás Gutiérrez, defender la idea de que algún día las familias que fueron expropiadas por el régimen cubano sean recompensadas, constituye “una causa sagrada, porque mis antepasados sacrificaron demasiado para que yo lo olvide. Si lo hago, le doy legitimidad al robo”.
Y es que Gutiérrez, abogado de profesión, califica como ley del robo el decreto 890, emitido en Cuba el 13 de octubre de 1960, mediante el cual el Gobierno recién instaurado despojó de sus propiedades a todas las compañías estadounidenses que operaban en la isla, así como a los nacionales cubanos dueños de negocios diversos.
En ese entonces, la familia de Gutiérrez, que nació en Costa Rica por el exilio de sus padres, Nicolás Gutiérrez Castaño y Aleida Álvarez, quedó despojada de sus pertenencias que incluían varios ingenios azucareros y cuyo valor superaba los 45 millones de dólares en aquel momento.
El patrimonio de la familia Gutiérrez-Castaño, considerada como una de las más afectadas por la ley de expropiaciones, tuvo como basamento los años de trabajo de Nicolás Castaño Capetillo, inmigrante vasco que llegó a Cuba en 1851, con 14 años y apenas 3er grado de escolaridad, quien al morir en 1926, “estaba considerado entre los hombres más ricos del país”, según recuerda su bisnieto.
El abogado de 50 años, que por intermedio de su padre participó en Miami hace un cuarto de siglo en la restitución de la Asociación de Hacendados Cubanos, considera que a partir del reciente anuncio de la intención de Estados Unidos de restablecer relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba, resulta recurrente traer a colación la intención de reclamo de las familias a las que pertenecían las 161 centrales azucareras de Cuba, representadas en la Asociación de Hacendados que él preside, así como la de otros miles de familias, “algunas residentes en Cuba, otras en diferentes países, pero la mayoría radicadas en EEUU, que también perdieron sus negocios”.
“La decisión del presidente Obama, a partir de sus conversaciones con el Gobierno cubano, además de ser unipersonal, está ignorando la ley”, apuntó Gutiérrez durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
“Bajo la ley del embargo, EEUU no puede restablecer relaciones con Cuba hasta tanto las empresas estadounidenses que fueron confiscadas por el Gobierno de los Castro no reciban una compensación, que además fue anunciada cuando los expropiaron y nunca se cumplió. Bajo la ley Helms Burton, el mismo principio se hace extensivo a los negocios propiedad de los cubanoamericanos cuyas familias también fueron despojadas de sus bienes”.
Gutiérrez es consciente de que hay quienes ven como algo quimérico el propósito de recuperar bienes perdidos hace más de medio siglo, pero la búsqueda e investigación realizadas en representación de más cien familias, le permite asegurar que “desde el punto de vista práctico ha habido resultados”.
“Además de que el registro de propiedades de Cuba no lo han cambiado, está intacto, durante estos años hemos podido ayudar a definir el orden genealógico de los descendientes, se han recuperado títulos, hemos ayudado a ubicar en qué lugar están localizados los bienes perdidos, se han creado corporaciones que operarían en su momento, es decir hemos hecho un trabajo de consultoría”.
“También, compañías de otros países que han querido establecerse en Cuba en lugares que coinciden con las propiedades confiscadas por el régimen de facto, les han ofrecido compensación a los propietarios originales. Por ejemplo, la empresa italiana que negoció con la compañía de telecomunicaciones, radicada en el mismo edificio de la empresa estadounidense que operaba las comunicaciones antes de la revolución, le ofreció compensación a la empresa afectada, lo que significa que hay un reconocimiento internacional a lo que estamos reclamando”, aseguró.
Gutiérrez admite que bajo los preceptos de la actual cúpula gobernante, cualquier intento de negociación sería casi improbable, pero “hay dos o tres generaciones posteriores a los octogenarios a cargo, que han estudiado la ley y saben que la única manera de que los inversionistas serios quieran poner su capital en Cuba para reconstruir el país es demostrándoles que se respeta la propiedad privada con el reconocimiento de los derechos de quienes fueron afectados”.
“Sucedió con países del antiguo bloque socialista de Europa del este, donde con la mediación del Gobierno de transición se hicieron arreglos entre los propietarios originales y los posesionarios. Mucha gente cree que estamos locos o soñando, pero yo creo no es tan alocado pensar que para Cuba es una necesidad ante los probables inversionistas sentar el precedente de que hay un reconocimiento a la propiedad privada”.
“En la práctica ellos [el Gobierno de Cuba] no tienen dinero para compensar adecuadamente por eso la restitución de convierte en una opción tanto para el propietario como para el país”, enfatizó.
Durante todos estos años uno de los argumentos utilizados en la propagada antinorteamericana y sobre todo en descrédito de la comunidad exiliada, ha sido sostener que el regreso de los cubanos de Miami al país significaría para muchos en Cuba verse de repente en la calle.
“En las viviendas donde hay familias, en muchas con varias generaciones conviviendo, todos estamos de acuerdo que sería inmoral botarlos a la calle, además de una acción improbable pues se crearía un caos social que imposibilitaría lo principal, recuperar el país. A nadie se le ocurre pensar que nos vamos a pelear por las últimas tres casas que quedan en pie. No nos interesa llegar a Cuba y echar a nadie a la calle, simplemente que se reconozca que fue algo que le expropiaron a alguien”.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados cubanos. (JJ.Blanco /DLA)
Lo que rige la ley
Para Gutiérrez, la idea de que la ley de embargo contra Cuba no ha funcionado responde al hecho de que “no se aplica en su totalidad”.
“La posibilidad de demandar a las empresas que trafican en propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano por ejemplo, ha sido vetada por todas las administraciones, desde Clinton hasta la de Obama, incluida la de Bush porque aunque debamos agradecerle a este país, hay que reconocer que nuestros reclamos resultan insignificantes ante el interés de EEUU de estar a bien con la Comunidad Europea y las empresas de los países de ese grupo”.
“Hay quienes opinan que a ciertos elementos del Gobierno estadounidense les conviene un Castro en Cuba, que aunque sea a costa de violar derechos y mantener a un pueblo bajo la bota, controla las oleadas migratorias y el narcotráfico en la región, al menos cuando le conviene”.
Algo va a pasar
En medio de los debates que ha provocado el anuncio hecho por Cuba y EEUU el pasado 17 de diciembre, Gutiérrez asegura que si el presidente Obama quisiera impulsar las relaciones con Cuba, tendría primero que presionar a ese régimen para resolver el problema de las propiedades confiscadas a los estadounidenses, “si no, comenzaría a suceder que turistas de aquí viajen a Cuba y al hacer uso allí de propiedades expropiadas a otros estadounidenses den lugar a que se inicie un proceso interminable de litigios que provocaría un verdadero caos legal”.
“Por eso considero que en el anuncio hecho por el presidente Obama hay más de simbolismo que de base práctica-opinó. Por el momento, bajo la ley no puede haber restablecimiento de las relaciones con Cuba, si sucede, se va a generar un gran conflicto y no se sabe qué, pero algo va a pasar”.
CUBA-EEUU | 05 de Enero de 2015
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El patrimonio de la familia Gutiérrez-Castaño, considerada como una de las más afectadas por la ley de expropiaciones, tuvo como basamento los años de trabajo de Nicolás Castaño Capetillo, inmigrante vasco que llegó a Cuba en 1851, con 14 años y apenas 3er grado de escolaridad, quien al morir en 1926, “estaba considerado entre los hombres más ricos del país”, según recuerda su bisnieto.
ilavastida@diariolasamericas.com
@IlianaLavastida
Para Nicolás Gutiérrez, defender la idea de que algún día las familias que fueron expropiadas por el régimen cubano sean recompensadas, constituye “una causa sagrada, porque mis antepasados sacrificaron demasiado para que yo lo olvide. Si lo hago, le doy legitimidad al robo”.
Y es que Gutiérrez, abogado de profesión, califica como ley del robo el decreto 890, emitido en Cuba el 13 de octubre de 1960, mediante el cual el Gobierno recién instaurado despojó de sus propiedades a todas las compañías estadounidenses que operaban en la isla, así como a los nacionales cubanos dueños de negocios diversos.
En ese entonces, la familia de Gutiérrez, que nació en Costa Rica por el exilio de sus padres, Nicolás Gutiérrez Castaño y Aleida Álvarez, quedó despojada de sus pertenencias que incluían varios ingenios azucareros y cuyo valor superaba los 45 millones de dólares en aquel momento.
El patrimonio de la familia Gutiérrez-Castaño, considerada como una de las más afectadas por la ley de expropiaciones, tuvo como basamento los años de trabajo de Nicolás Castaño Capetillo, inmigrante vasco que llegó a Cuba en 1851, con 14 años y apenas 3er grado de escolaridad, quien al morir en 1926, “estaba considerado entre los hombres más ricos del país”, según recuerda su bisnieto.
El abogado de 50 años, que por intermedio de su padre participó en Miami hace un cuarto de siglo en la restitución de la Asociación de Hacendados Cubanos, considera que a partir del reciente anuncio de la intención de Estados Unidos de restablecer relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba, resulta recurrente traer a colación la intención de reclamo de las familias a las que pertenecían las 161 centrales azucareras de Cuba, representadas en la Asociación de Hacendados que él preside, así como la de otros miles de familias, “algunas residentes en Cuba, otras en diferentes países, pero la mayoría radicadas en EEUU, que también perdieron sus negocios”.
“La decisión del presidente Obama, a partir de sus conversaciones con el Gobierno cubano, además de ser unipersonal, está ignorando la ley”, apuntó Gutiérrez durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.
“Bajo la ley del embargo, EEUU no puede restablecer relaciones con Cuba hasta tanto las empresas estadounidenses que fueron confiscadas por el Gobierno de los Castro no reciban una compensación, que además fue anunciada cuando los expropiaron y nunca se cumplió. Bajo la ley Helms Burton, el mismo principio se hace extensivo a los negocios propiedad de los cubanoamericanos cuyas familias también fueron despojadas de sus bienes”.
Gutiérrez es consciente de que hay quienes ven como algo quimérico el propósito de recuperar bienes perdidos hace más de medio siglo, pero la búsqueda e investigación realizadas en representación de más cien familias, le permite asegurar que “desde el punto de vista práctico ha habido resultados”.
“Además de que el registro de propiedades de Cuba no lo han cambiado, está intacto, durante estos años hemos podido ayudar a definir el orden genealógico de los descendientes, se han recuperado títulos, hemos ayudado a ubicar en qué lugar están localizados los bienes perdidos, se han creado corporaciones que operarían en su momento, es decir hemos hecho un trabajo de consultoría”.
“También, compañías de otros países que han querido establecerse en Cuba en lugares que coinciden con las propiedades confiscadas por el régimen de facto, les han ofrecido compensación a los propietarios originales. Por ejemplo, la empresa italiana que negoció con la compañía de telecomunicaciones, radicada en el mismo edificio de la empresa estadounidense que operaba las comunicaciones antes de la revolución, le ofreció compensación a la empresa afectada, lo que significa que hay un reconocimiento internacional a lo que estamos reclamando”, aseguró.
Gutiérrez admite que bajo los preceptos de la actual cúpula gobernante, cualquier intento de negociación sería casi improbable, pero “hay dos o tres generaciones posteriores a los octogenarios a cargo, que han estudiado la ley y saben que la única manera de que los inversionistas serios quieran poner su capital en Cuba para reconstruir el país es demostrándoles que se respeta la propiedad privada con el reconocimiento de los derechos de quienes fueron afectados”.
“Sucedió con países del antiguo bloque socialista de Europa del este, donde con la mediación del Gobierno de transición se hicieron arreglos entre los propietarios originales y los posesionarios. Mucha gente cree que estamos locos o soñando, pero yo creo no es tan alocado pensar que para Cuba es una necesidad ante los probables inversionistas sentar el precedente de que hay un reconocimiento a la propiedad privada”.“En la práctica ellos [el Gobierno de Cuba] no tienen dinero para compensar adecuadamente por eso la restitución de convierte en una opción tanto para el propietario como para el país”, enfatizó.
Durante todos estos años uno de los argumentos utilizados en la propagada antinorteamericana y sobre todo en descrédito de la comunidad exiliada, ha sido sostener que el regreso de los cubanos de Miami al país significaría para muchos en Cuba verse de repente en la calle.
“En las viviendas donde hay familias, en muchas con varias generaciones conviviendo, todos estamos de acuerdo que sería inmoral botarlos a la calle, además de una acción improbable pues se crearía un caos social que imposibilitaría lo principal, recuperar el país. A nadie se le ocurre pensar que nos vamos a pelear por las últimas tres casas que quedan en pie. No nos interesa llegar a Cuba y echar a nadie a la calle, simplemente que se reconozca que fue algo que le expropiaron a alguien”.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados cubanos. (JJ.Blanco /DLA)
Lo que rige la ley
Para Gutiérrez, la idea de que la ley de embargo contra Cuba no ha funcionado responde al hecho de que “no se aplica en su totalidad”.
“La posibilidad de demandar a las empresas que trafican en propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano por ejemplo, ha sido vetada por todas las administraciones, desde Clinton hasta la de Obama, incluida la de Bush porque aunque debamos agradecerle a este país, hay que reconocer que nuestros reclamos resultan insignificantes ante el interés de EEUU de estar a bien con la Comunidad Europea y las empresas de los países de ese grupo”.
“Hay quienes opinan que a ciertos elementos del Gobierno estadounidense les conviene un Castro en Cuba, que aunque sea a costa de violar derechos y mantener a un pueblo bajo la bota, controla las oleadas migratorias y el narcotráfico en la región, al menos cuando le conviene”.
Algo va a pasar
En medio de los debates que ha provocado el anuncio hecho por Cuba y EEUU el pasado 17 de diciembre, Gutiérrez asegura que si el presidente Obama quisiera impulsar las relaciones con Cuba, tendría primero que presionar a ese régimen para resolver el problema de las propiedades confiscadas a los estadounidenses, “si no, comenzaría a suceder que turistas de aquí viajen a Cuba y al hacer uso allí de propiedades expropiadas a otros estadounidenses den lugar a que se inicie un proceso interminable de litigios que provocaría un verdadero caos legal”.
“Por eso considero que en el anuncio hecho por el presidente Obama hay más de simbolismo que de base práctica-opinó. Por el momento, bajo la ley no puede haber restablecimiento de las relaciones con Cuba, si sucede, se va a generar un gran conflicto y no se sabe qué, pero algo va a pasar”.
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