PRONUNCIAMIENTO
La Policía Nacional mediante la nota de prensa No. 04-2015, dio a conocer que resolvió, por sí y ante sí, la muerte del ciudadano Nicaragüense Francisco Javier Ponce Sanarrusia, quien fue secuestrado por encapuchados de la policía, traslado ilegalmente a las mazmorras del Centro Policial el #Chipote, retenido y aislado, violentando sus garantías constitucionales, y finalmente dado por muerto presuntamente por suicidio.
La policía no puede actuar como juez y parte, y, en el menor de los casos, no puede evadir la grave responsabilidad que se deriva del hecho de que el fallecido se encontraba bajo su custodia.
Los hechos descritos se suman a flagrantes atropellos a los derechos humanos, cometidos impunemente por la Policía Nacional; configuran un marco de indefensión ciudadana; y en los hechos imponen un estado de suspensión de los derechos y garantías constitucionales. La Policía ha convertido en práctica cotidiana las detenciones arbitrarias, la agresión física, el desarraigo jurisdiccional, el aislamiento y las retenciones más allá de los plazos legales.
Ningún delito imputado, ni causa seguida, concede el más mínimo ápice de justificación para atropellar derechos humanos fundamentales, menos aún, el derecho a la vida.
La Policía Nacional mediante la nota de prensa No. 04-2015, dio a conocer que resolvió, por sí y ante sí, la muerte del ciudadano Nicaragüense Francisco Javier Ponce Sanarrusia, quien fue secuestrado por encapuchados de la policía, traslado ilegalmente a las mazmorras del Centro Policial el #Chipote, retenido y aislado, violentando sus garantías constitucionales, y finalmente dado por muerto presuntamente por suicidio.
La policía no puede actuar como juez y parte, y, en el menor de los casos, no puede evadir la grave responsabilidad que se deriva del hecho de que el fallecido se encontraba bajo su custodia.
Los hechos descritos se suman a flagrantes atropellos a los derechos humanos, cometidos impunemente por la Policía Nacional; configuran un marco de indefensión ciudadana; y en los hechos imponen un estado de suspensión de los derechos y garantías constitucionales. La Policía ha convertido en práctica cotidiana las detenciones arbitrarias, la agresión física, el desarraigo jurisdiccional, el aislamiento y las retenciones más allá de los plazos legales.
Ningún delito imputado, ni causa seguida, concede el más mínimo ápice de justificación para atropellar derechos humanos fundamentales, menos aún, el derecho a la vida.
- Expresamos nuestro repudio a esas prácticas y no podemos admitir ahora que las muertes en manos de la Policía se transformen también en prácticas cotidianas.
- Demandamos a la Policía Nacional una investigación transparente con la participación de las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos.
- Exigimos el castigo de los responsables de esta muerte, amparados en el artículo 33, inciso 4 de la Constitución Política de Nicaragua que establece: “…Toda detención ilegal causa responsabilidad civil y penal en la autoridad que la ordene o ejecute…”
- Exigimos el cierre definitivo de las infamantes cárceles del Chipote.
- Denunciamos a la Comunidad Internacional estás violaciones flagrantes a los derechos humanos de los Nicaragüenses.
- Expresamos nuestra solidaridad con los familiares del fallecido.
- Hacemos un llamado a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y políticas a sumar voces y esfuerzos para restaurar la vigencia de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, y recuperar a la Policía Nacional como instrumento al servicio y protección de los y las nicaragüenses.
Managua 05 de Mayo del 2015
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