Declaración de Caracas fustiga al régimen de Maduro
CARACAS.- REDACCIÓN
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CARACAS.- REDACCIÓN
El expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien se encuentra en Caracas para visitar a varios de los líderes opositores venezolanos detenidos por Gobierno de Nicolás Maduro, repartió a los medios de prensa la Declaración de Caracas, un texto suscrito por mandatarios iberoamericanos que critica en duros términos al Gobierno de Nicolás Maduro, después de que se le negara la entrada a la prisión militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido Leopoldo López, fundador del Partido Voluntad.
Durante horas tempranas del viernes, Pastrana y el exmandatario boliviano Jorge Quiroga se habían reunido con el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, quien se encuentra en prisión domiciliaria.
El Gobierno chavista impidió que Pastrana y Quiroga visitaran el viernes al alcalde opositor Daniel Ceballos, quien haya preso en el Centro de Reclusión 26 de julio, ubicado en la localidad de San Juan de los Morros, ubicada 150 kilómetros al suroeste de Caracas.
"No dejan, no dejan entrar (...). Destituyeron al director. Hoy no hay posibilidad de hablar con él", comentó el expresidente colombiano a la entrada de la prisión.
Tras ese hecho, no obstante, Pastrana subrayó que lo más importante había sido que Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde de San Cristóbal, población del occidente venezolano,sí pudo entrar al centro de detención.
Recientemente, intentaron ingresar a la cárcel militar de Ramo Verde para vistar al Coordinador de Voluntad Popular Leopoldo López, pero los efectivos militares que custodian el centro penintenciario les negaron la entrada.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, afirmó que el dirigente político superó los cinco días de hambre, sin observación médica.
Declaración por los DDHH
La declaración repartida por Pastrana indica que quienes suscriben el documento, “ex Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, preocupados por el curso agravado que toma la alteración política, social e institucional que afecta sin distinciones a nuestros hermanos venezolanos y que hicimos evidente en nuestra Declaración de Panamá con motivo de realizarse la VII Cumbre de las Américas; otra vez y bajo los auspicios de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) nos vemos obligados a reiterar y denunciar lo siguiente:
“La democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos, el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares”.
El texto amplia que “en su reciente informe sobre las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que ‘la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana [lo que] ha permitido a su vez que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos’”.
“En Venezuela no se registra un clima de tolerancia en el cual se favorezca la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad, y que diversos factores como los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, así como las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos, configuran un escenario restrictivo que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión como condición de una democracia fundada en el pluralismo y la deliberación pública”, expresa la declaración.
Los firmantes del documentos, expresidentes de Iberoamérica, indicaron que aprecian un “agravamiento de la situación que ya hemos denunciado, en lo particular el incremento de la persecución de los medios de comunicación social que restan todavía independientes, como el diario El Nacional, Tal Cual y La Patilla, cuyos directivos han sido objeto de medidas judiciales restrictivas a pedido del presidente de la Asamblea Nacional, Teniente del Ejército Diosdado Cabello, y a quien, sin mediar investigación ni juicio previo, como debe ser en toda democracia, ha respaldado automáticamente el Tribunal Supremo de Justicia”.
Subrayaron que “en igual orden, constatamos el endurecimiento de las condiciones de reclusión de los presos políticos al apenas concluir las elecciones primarias de la oposición democrática, con vistas a las elecciones parlamentarias anunciadas sin precisión para el último trimestre del año en curso. En lo particular, Leopoldo López y Daniel Ceballos son objeto de tratos gravosamente restrictivos, uno en una cárcel militar y el otro en una cárcel común para criminales de peligrosidad, tanto como sufre aún restricción de libertad, ilegalmente, el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y es perseguida la diputado María Corina Machado; lo que pone de manifiesto, junto a lo antes indicado, la existencia de una política oficial dirigida a atemorizar e inhibir en su expresión democrática a la sociedad venezolana, concertada entre el gobierno de Nicolás Maduro Moros y el resto de los poderes del Estado”.
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