Las tareas incumplidas del VI Congreso
En el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista presentado por su primer secretario, Raúl Castro, se puede apreciar que un número considerable de los acuerdos del VI Congreso no fueron cumplidos y se arrastran para el periodo 2016-2021.
Es evidente el mal trabajo desempeñado por el PCC, que según el artículo 5 de la Constitución de la Republica, "es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado".
Hay una larga lista de problemas en la economía cubana a los que el PCC no ha podido hallarles solución. Ni en los plenos del Comité Central del Partido Comunista ni en los debates de la Asamblea Nacional del Poder Popular se informó cómo iba el proceso de implementación de los Lineamientos Económicos, ni del cumplimiento del plan de la economía nacional
De la conceptualización del modelo económico, se elaboraron ocho versiones que fueron analizadas por el Buró Político y los plenos del Comité Central con la participación del Consejo de Ministros, pero sobre esto nunca se le informó a la población.
Sobre la implementación de los Lineamientos Económicos se plantea que es "una tarea difícil y compleja, llena de obstáculos y contradicciones" y que "la actualización del modelo económico" tomará más de un quinquenio. De los 313 lineamientos económicos aprobados en el VI Congreso, en los cinco años transcurridos solo se implementaron 67, 242 se encuentran en fase de implementación, mientras que 65 están a la espera de su aplicación.
Grandes limitaciones en educación y salud
Los servicios de educación, salud, seguridad social, cultura y deporte presentan grandes limitaciones. El que presenta mayor gravedad es la seguridad social: con los nueve dólares promedio de pensión mensual no hay quien viva. No ha habido en esos servicios, como asegura el Informe Central, trasformaciones y mejoras. Tampoco se han realizado los ajustes que se esperaban. Por eso, resulta exagerada la afirmación de que la calidad de esos servicios se ha elevado.
Hay dificultades en el suministro a las farmacias de medicamentos de producción nacional e importados. Sobre este sensible asunto, los medios nacionales guardan un silencio sepulcral.
Se impone poner fin a los nocivos efectos del igualitarismo, lo que permitirá revertir el pernicioso fenómeno de la "pirámide invertida", que surgió por la desigual distribución de los salarios, en que los profesionales son los que han resultado los más perjudicados.
El crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 no fue relevante. El Gobierno afirma que tal crecimiento no le permitió avanzar en la implementación de los lineamientos dirigidos a la eliminación de gratuidades indebidas y los subsidios a determinados productos, porque no se ha logrado incrementar los salarios de los trabajadores ni asegurar la oferta de determinados productos en el mercado liberado.
Como parte de una política de ajuste que el Gobierno no reconoce, se suprimieron artículos subsidiados de la canasta básica, lo cuales fueron a parar al mercado minorista a precios no subsidiados, aunque todavía persiste un alto nivel de subsidio en una variada gama de productos y servicios.
El sector de la construcción continúa afectado por un conjunto de problemas, como la impuntualidad en la entrega a tiempo de los suministros, el éxodo de fuerza de trabajo calificada en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo más favorables en las brigadas de contratistas privados y en lasCooperativas No Agropecuarias (CNA) del ramo de la construcción. Persiste la improvisación, la falta de integralidad, la incorrecta preparación de las obras, lo que provoca la dilatación de los plazos de su terminación, con la consiguiente afectaciones en la calidad.
Aunque no se dan cifras concretas sobre los resultados logrados en la autonomía de las empresas estatales, se afirma que en estos momentos estas empresas cuentan con mayores facultades en su gestión, algo que resulta cuestionable dado el entramado de control que existe por parte de los ministerios, las Organizaciones Superior de Desarrollo Empresarial (OSDE) y los grupos empresariales.
Experimento en Mayabeque y Artemisa
Después de cincos años, todavía no acaba de concluir el experimento que desarrollan las provincias Mayabeque y Artemisa, que consiste en la separación de funciones de la Asamblea del Poder Popular y el Consejo de Administración, con el fin de que dicha asamblea se pueda concentrar en la atención a los delegados, los consejos populares y las diferentes comisiones en su labor de control y fiscalización. No se sabe cuándo se generalizará ese sistema a las restantes 13 provincias.
La esencia del citado experimento se concreta en la reducción de cargos en los aparatos de dirección administrativo de los órganos del Poder Popular, con el fin de reducir al mínimo a la burocracia parasitaria enquistadas en dichas instancias legislativas.
El aumento de los precios de los productos del agro está determinado en gran medida por los bajos niveles productivos de las diferentes formas productivas agrícolas. Sobre esto no se hizo ningún análisis en el Informe Central. Se admite que no se satisface la demanda y se dice que el avance en la actividad agrícola "está determinado por factores objetivos y subjetivos", y que hay que poner coto al manejo inescrupuloso de los precios por parte de los intermediarios. Es un enfoque determinista que parte de presupuesto errado, el de que los únicos culpables son los intermediarios.
Los sistemas de pago por resultados establecidos por la Resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), si bien influyeron en aumentar la motivación de los trabajadores y la productividad, por su inadecuada aplicación, confrontaron múltiples deficiencias. Los trabajadores directamente vinculados a la producción y los servicios no fueron beneficiados con el ansiado incremento salarial, lo cual generó más conflictos que resultados positivos. Ante tal situación, el MTSS determinó derogar la Resolución 17 y poner en vigor la Resolución 6 de abril de 2016
Propiedad estatal y cooperativas no agropecuarias
En el VII Congreso se reafirmó el predomino de la propiedad estatal sobre los medios de producción, al mismo tiempo que se reconoció la necesidad de quitarle al Estado la carga de "otras actividades no determinantes". Pero no se habló de los miles de establecimientos de comercio y gastronomía que, por su mal servicio, los desvíos de recursos y la corrupción generalizada, generan al Estado pérdidas millonarias.
Es bastante difícil que con los bajos salarios que les paga el Estado a los trabajadores del comercio y la gastronomía se produzca el milagro de una mayor eficiencia y calidad en sus prestaciones.
Continúan en fase experimental las 367 CNA de las 498 aprobadas en el año 2013, localizadas en el comercio, la gastronomía, servicios técnicos, la construcción y pequeñas industrias. Y, si bien el saldo alcanzado por las CNA ha sido positivo, todavía persisten problemas como las restricciones para acceder a los suministros en el mercado mayorista, lo cual incide en los altos precios de los productos que estas ofertan a la población.
Los otros problemas que más golpean a las CNA son la pobre divulgación de sus actividades, la desorganización y el mal control de la contabilidad.
El control de las CNA por las direcciones de los organismos en que han sido creadas ha sido inadecuado, porque no le prestan la atención y el asesoramiento que ellas requieren. Ante tales hechos, el Gobierno decidió paralizar la constitución de nuevas CNA y concentrar los esfuerzos en consolidar las existentes. Las que están en proceso de constitución, por el momento deben esperar.
Se han introducido medidas dirigidas a eliminar trabas que desestimulan a las diferentes formas productivas de la agricultura, pero en el informe no se señalan cuáles son esas trabas, que son en definitiva las que han provocado la baja producción agrícola que no satisface las necesidades de la población y el incremento de los precios.
El Gobierno, en los últimos cinco años, ha tenido que destinar un promedio de 2.000 millones de dólares anuales a la importación de alimentos, muchos de los cuales se pudieran producir en Cuba.
En el aspecto referido a las relaciones de propiedad, el Informe Central no deja espacio para confusiones: los medios de producción son propiedad del Estado. Teóricamente y para conveniencia de la elite militar, que es el poder real en Cuba, propagandizan la falacia de que son los trabajadores los dueños de los medios de producción.
Los diferentes órganos de control administrativo, como los Consejos de Administración a sus diferentes niveles, los venales inspectores, la Fiscalía y los órganos policiales, propician, en el ámbito de una legalidad inexistente, el acoso contra los emprendedores privados. Dichas instancias, que dicen representar al Gobierno, pisotean la dignidad y los derechos de los que legalmente están autorizados a ejercer la actividad privada.
El VII Congreso reconoció que durante estos último cinco años no se produjeron grandes cambios en las estructuras del PIB, manteniéndose sectores como la agricultura con un pobre aporte, mientras las importaciones crecieron anualmente como promedio un 4,7%, es decir, que crecieron más las importaciones que la economía. Esto es palpable en las Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD), donde la mayoría de productos que se ofertan son importados, muestra del declive de la política de sustitución de importaciones.
La economía cubana en el quinquenio creció a un ritmo del 2,8% anual, pero no fue suficiente para avanzar en el desarrollo del país y mejorar el bienestar del pueblo.
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