Sociedad civil en Cuba: hacia el empoderamiento
(M. SUÁREZ)
El 17 de diciembre representa día de milagros y de promesas para los devotos de San Lázaro, el santo más venerado entre los cubanos después de la Virgen de la Caridad del Cobre. Su liturgia comienza, en la víspera, con una peregrinación que culmina en el poblado habanero El Rincón, donde está ubicado su santuario.
Hacia esta misma fecha, pero de 2014 —que todos abrevian como 17-D—, un acontecimiento añadía otro motivo de celebración, aunque no solo para devotos, sino para los cubanos todos, dentro y fuera de la Isla: los discursos de Barack Obama y Raúl Castro que anunciaron el inminente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Un sorprendente anuncio —las conversaciones previas se llevaron a cabo en el más estricto secreto— que fue acompañado de la excarcelación, por parte del Gobierno cubano, de 53 presos políticos —entre ellos Sonia Garro— y, por parte de la Administración estadounidense, de los últimos tres espías cubanos del llamado grupo "Los Cinco".
Sin embargo, en medio de este proceso, tanto Barack Obama como Raúl Castro han concentrado esfuerzos, salvando por supuesto todas las distancias, para demarcar la "sociedad civil" en Cuba entre los límites y en las limitaciones del sector privado cubano, que todos conocen como cuentapropismo. En términos diplomáticos y políticos, tal efectismo implica el trazado de una estructura vedada —que predetermina quiénes son jugadores y quiénes espectadores—, a la vez que suscribe una fragmentación, en al menos tres piezas, hacia el interior de la sociedad civil.
Una de las claves para comprender la traducción de este restablecimiento en las relaciones diplomáticas —que ha servido como mejor aliado a Raúl Castro— se puede hallar en "La pelea por la sociedad civil", un examen de Antonio José Ponte en referencia al intercambio de Cuba Posible y el Cuba Research Center con políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y académicos estadounidenses y cubanoamericanos, celebrado en Washington DC.
En su texto, del 22 de febrero de 2015, Ponte afirma: "Antes del 17 de diciembre de 2014, la mayoría de las presiones por una nueva política estadounidense hacia Cuba hacían hincapié, no tanto en la sociedad civil, como en el cuentapropismo. O bien hacían coincidir cuentapropismo y sociedad civil. La Cumbre de las Américas, el llamado del presidente estadounidense a contar allí con miembros de la sociedad civil cubana, ha conseguido politizar de un modo muy saludable la discusión sobre este tema. Sin embargo, muchos parecen interesados en volver a ceñirla a lo económico [...]. Visto de esta manera, el mejor interlocutor dentro de la sociedad civil sería aquel que conserve mayor capacidad de comunicación con las instancias estatales. En el juego de los seis grados de separación, ganaría quien gaste menos oportunidades en alcanzar a Raúl Castro [...]"
La vigencia de esta percepción, que a la postre se convirtiera en la más exacta descripción delsuspense que todavía dura, también se puede verificar en el texto "17-D: ¿Empoderar al ciudadano o al Estado?", publicado por Juan Antonio Blanco el 18 de septiembre de 2015, donde ratificaba que: "El bloqueo del Estado cubano a la iniciativa privada nacional continúa inalterable. Nadie toma nota de que este sector, en lo esencial, no está ya sometido a las sanciones estadounidenses, pero continúa bloqueado por el Estado cubano […]. Desde una perspectiva económica, el emprendedor (no 'empresario') nacional está acotado en un corralito de actividades secundarias […] y sus negocios no gozan de los privilegios fiscales que se extienden al capital extranjero. Por otro lado, mientras se multiplican los encuentros con corporaciones extranjeras, se le sigue negando hasta ahora cualquier espacio significativo a la diáspora en el desarrollo futuro del país".
Apenas siete meses separaban una reflexión de la otra sin que se percibiera cambio alguno, ni siquiera en lo ceñido al capítulo económico que señalara Antonio José Ponte, en el retrovisor de la Administración estadounidense, o en el de aquellos otros que apostaron, a lo grueso, por el fin de Raúl Castro bajo la presión de quedarse sin enemigos.
¿Existen indicios reales que permitan afirmar la emergencia, a cualquier plazo, de un empoderamiento —económico, político, social, jurídico, cultural, religioso— en la sociedad civil cubana?
La premisa de este dossier, que de antemano señala su carácter episódico —en tanto existe de un modo u otro a expensas de los cambios—, es ensayar sobre qué es y quiénes conforman la sociedad civil en Cuba, más allá del "florecimiento" del sector privado. Más allá de la puesta en escena de un régimen que persiste en la inamovilidad de un aparato jurídico que no avizora implementar —o al menos reordenar— leyes vinculantes que conduzcan a la autonomía de sus ciudadanos, los sindicatos laborales y las asociaciones civiles.
Intentaremos compilar en este dossier ese relato de la otra Cuba que nos devele cuáles son las fiscalizaciones que coartan la posibilidad del ciudadano cubano para alcanzar el empoderamiento, como sujeto y autor en organizaciones autónomas, que le propicie generar y ejecutar decisiones en acuerdo a sus intereses.
Insistirá este dossier en la advertencia de que, solo mediante la eficacia de la prensa independiente cubana en acompañar y narrar el activismo de la oposición política y de las organizaciones independientes, será posible una mayor visibilidad de la sociedad civil y los problemas de la Cuba de hoy. Una Cuba que, si bien dispersa, carga en la mochila de los cubanos de la Isla, y de la diáspora, necesidades y propósitos comunes.
Sin embargo, ninguna temática que aborde los diversos tejidos, que presupone toda discusión en torno a la sociedad civil, podrá ser abarcada de una sola vez. Es por ello que este dossier lamenta ausencias, de temas particulares, como la presencia del negro, de la mujer y del campesino, dentro del proceso de empoderar al ciudadano cubano. También aristas puntuales como la legislación electoral, el envejecimiento poblacional, la reestructuración de las estadísticas y el acceso a las encuestas populares.
¿Quiénes integramos la sociedad civil?
Este editorial considera necesario apresurar los conceptos básicos de sociedad civil, consensuados como punto de partida hacia cualquier discusión al respecto. Así estimamos que sociedad civil, como concepto de las Ciencias Sociales, designa a la diversidad de personas que, fuera de las estructuras gubernamentales, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público. La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Involucra a ciudadanos actúando colectivamente en una esfera pública para expresar sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información alcanzando objetivos comunes.
Para entender un poco las variaciones y las apropiaciones indebidas que gran parte de los exponentes de las Ciencias Políticas en Cuba han interpretado sobre sociedad civil, habría que recurrir al siempre arriesgado juego de las comparaciones a destiempo.
En las teorías de Alexis de Tocqueville, considerado el primer autor que analizara la relación entre la sociedad civil y la democracia, "sociedad civil es el conjunto de organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales, no lucrativas o no gubernamentales, que fungen como mediadores entre los individuos y el Estado […]. Ya sea política, social, comunitaria, religiosa, o incluso artística, estas asociaciones u organizaciones, resultan favorables para la democracia en tanto constituyen una especie de escuela para la participación, así como un dique que impide que el Estado invada los espacios sociales […]".
Por otro lado la definición que formula Jürgen Habermas, entre las más consultadas, resume que "la sociedad civil tiene dos componentes principales: por un lado, el conjunto de instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos y que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciudadana en la operación misma del sistema; por otra parte estaría el conjunto de movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios y valores, nuevas demandas sociales, así como vigilar la aplicación efectiva de los derechos ya otorgados. Así, la sociedad civil contiene un elemento institucional definido básicamente por la estructura de derechos de los Estados de bienestar contemporáneo, y un elemento activo, transformador, constituido por los nuevos movimientos sociales".
Por último, las interpretaciones recogidas por la Enciclopedia Cubana en la Red (EcuRed) delinean cuáles son los requisitos y condiciones imprescindibles para integrar, o no, en lo que el régimen ha interpretado por sociedad civil: "La sociedad civil en Cuba está integrada por más de 2.200 organizaciones, entre las que destacan las organizaciones sociales y de masas y las organizaciones o asociaciones científicas o técnicas, culturales y artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad y cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones (Ley 54). Las organizaciones de masas y sociales son reconocidas en el artículo 7 de la Constitución cubana. Por su amplia membresía, representatividad y capacidad de movilización, el sistema político cubano garantiza a estas organizaciones no gubernamentales amplios poderes y capacidad prepositiva, de consulta, opinión, y decisión, en el ejercicio de la democracia participativa instituida por el orden constitucional vigente. Entre las organizaciones sociales y de masas aparecen algunas de larga trayectoria, y otras surgieron al calor del triunfo revolucionario y por la necesidad de brindar a amplios sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores directos del proceso de cambios […]".
Aquí los escoliastas del régimen —que a través de esta interpretación manipulada lo legitiman y lo representan— no solo expresan un carácter simplificador del término, intentando confundir las organizaciones de masas con organizaciones anteriores al triunfo de la revolución, a partir de mezclarlas con las organizaciones sociales.
Habría además que agregar que, en su práctica, esta lectura de la sociedad civil obvia o se distancia de aquellos antecedentes y experiencias que mejor funcionaron en las actuales sociedades democráticas.
Las organizaciones de masas no conforman la sociedad civil ni existían antes del triunfo de la revolución antibatistiana, pues fueron organizadas por el Estado con los más diversos propósitos que el mismo Estado le otorga. Por otro lado, estas organizaciones han tenido un triste historial de colaboración con las instituciones militares y paramilitares, encargadas de la represión política a los activistas de organizaciones civiles opositoras.
Quizá se cumple en estas interpretaciones revolucionarias la sentencia histórica que a su vez describe, con exactitud de vértigo, la debacle del socialismo: "el subdesarrollo no es otra cosa que la incapacidad de acumular experiencias".
Sin embargo, resulta lógica esta lectura del régimen, en tanto su praxis de amordazar los espacios de opinión pública ha comulgado, durante más de medio siglo, con la idea marxista —que nos recordaba Marisa Rodríguez en "¿Qué entendemos por sociedad civil?"— de que "la sociedad civil es equivalente a una 'sociedad burguesa', en la que interaccionan agentes movidos por la defensa de sus intereses económicos [y junto a Hegel concluía] que el orden social solo podría mantenerse a través de la acción de un agente colectivo: el Partido y el Estado socialista".
Resulta por ello interesante agregar otra percepción actualizada del asunto que nos ocupa, y es la suscrita por Dimas Castellanos en "El restablecimiento de la sociedad civil, necesidad insoslayable": "Si por sociedad civil se entiende un conjunto de asociaciones autónomas, espacios públicos, derechos y libertades mediante las cuales los ciudadanos intercambian opiniones, toman decisiones y participan en los asuntos políticos, económicos y sociales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces tenemos que convenir que esa institución existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento […]".
¿Qué cambios reales se han experimentado para los cubanos después del 17-D?
Es conveniente acotar que, si bien es cierto que a partir del 17-D toda discusión respecto a los derechos humanos y las libertades civiles y colectivas en la Isla experimentaría una focalización en las agendas de Washington y de la Unión Europea (UE), también sería sano recordar que la plataforma programática de activistas y grupos civiles opositores al régimen sobre estos asuntos, es anterior a esa fecha.
En condiciones difíciles, en las que aún permanece, la oposición cubana ha cargado con el peso y el riesgo consecuente de denunciar que "en Cuba no se aprecian signos reales de una verdadera transición hacia la democracia que haga posible la reconciliación de todos los cubanos con tolerancia total para cualquier tipo de ideología democrática".
El carácter episódico de este dossier, expresado anteriormente, no obvia la importancia y utilidad que esta focalización le ha imprimido al tema en cuestión. Pero tampoco se despista con el equívoco, en tanto comprende que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas —y todo lo que llegase a implicar en ese orden— entre el Gobierno de Washington y el régimen de La Habana es una cosa, y el tránsito hacia un Estado de derecho y empoderamiento de la sociedad civil cubana es otra.
Como expresara Jorge A. Sanguinetty, en "Capital social, sociedad civil y democracia en Cuba", en una sociedad libre "el conjunto de relaciones entre ciudadanos es enorme. Actualmente, el modo de vida del cubano en la Isla se caracteriza por la pobreza de sus relaciones con otros cubanos".
Las continuas represiones y campañas de desacreditación del régimen contra grupos civiles, activistas, artistas y periodistas independientes —que experimentaron una escalada, precisamente a partir del 17-D—, y los actos violentos protagonizados por la delegación oficialista del régimen durante la VII Cumbre de las Américas, tiene una sola traducción: no existe, en lo absoluto, garantía alguna de que bajo el mandato de un partido único sea posible llegar a un Estado de derecho en la Isla, con o sin la compañía del Gobierno de EEUU, a la cual no pocos se adhieren como solución automática.
Aun cuando algunas reformas iniciadas por Fidel Castro y reactivadas por su hermano en el año 2008 conllevaron a oxigenar en algo la sobrevivencia de los cubanos, la sociedad civil no ha visto cambios definitivos en su situación económica, social y política, ni en otras aristas que también resultan claves para la calidad de vida ciudadana e imprescindibles para la transición hacia la democracia.
A Washington le quedan varias asignaturas pendientes al respecto, incluso a cualquier otro gobierno que quiera entrar, como afirmaba Antonio José Ponte, al juego de los seis grados de separación para alcanzar a Raúl Castro. Queda claro que tanto Obama como Raúl necesitan vender, más que una ilusión, una resignación. Y esa resignación tiene un precio demasiado alto: negarle a los cubanos la reconfiguración de un proyecto de nación que fue truncado por los desvaríos cometidos a partir de enero de 1959.
Una pista que devela la inmovilidad del régimen cubano es la que ofrece un informe del Grupo del Banco Mundial sobre el crecimiento de la sociedad civil internacionalmente: "El tamaño, el alcance y la capacidad de la sociedad civil en todo el mundo crecieron de manera espectacular durante el pasado decenio, gracias al proceso de globalización y el florecimiento de la democracia, las telecomunicaciones y la integración económica. Según el Anuario de Organizaciones Internacionales, el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) aumentó de 6.000 en 1990 a más de 50.000 en 2006. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) también han ganado protagonismo como actores de la asistencia para el desarrollo mundial: la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) informó que, desde 2006, las OSC contribuyeron con aproximadamente US$15.000 millones en asistencia internacional".
La realidad cubana contrasta, por mucho, con lo acontecido en el mundo y su aporte a este "crecimiento" es absolutamente nulo: desde 1997 el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia no ha permitido la inscripción de nuevas organizaciones.
El 17-D podrá inscribirse como una pauta en la historiografía de la nación cubana dentro de ese período nombrado "la Revolución", respecto a sus relaciones con las naciones capitalistas y democráticas. Sin embargo, tanto la supervivencia de la sociedad civil cubana, como los beneficios que resulten de esa inscripción, están por verse mientras el régimen continúe negándose a construir una sociedad de ciudadanos.
Pero también sería sano replantearnos como tarea y ejercicio ciudadano —seamos opositores al régimen o no; estemos dentro de la Isla o allende sus fronteras— aquellas interrogantes que Meysis Carmenati deslizaba en su ensayo "La opinión pública: una condición antihegemónica": "¿Cómo queremos pensar y construir la opinión pública? ¿Qué se necesitaría para que pueda conformarse como una instancia verdaderamente crítica? ¿Podrán los pueblos decidir democráticamente sus destinos? ¿Cuáles serían las condiciones de posibilidad necesarias para potenciar auténticos procesos públicos de debate y deliberación, de participación y empoderamiento?"
Editor: Jorge Enrique Rodríguez
Subeditores: Ana Paula Díaz, Boris González Arenas y Lucía Corrales
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