Fuerzas militares toman calles de Venezuela tras saqueos y manifestaciones contra medidas de ahorro
Más de 1.000 efectivos militares, policiales y de protección civil fueron enviados el miércoles a la ciudad venezolana de Maracaibo para garantizar el orden público y levantar las barricadas colocadas durante las protestas en rechazo al racionamiento eléctrico que dejaron un centenar de detenidos, reportó la AP
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La alcaldesa opositora de Maracaibo, Eveling Trejo, dijo a The Associated Press que los efectivos estarán en las calles de la capital del estado petrolero del Zulia para reguardar los supermercados, comercios y mercados populares y retirar los troncos de árboles y restos de basura que fueron colocados en las vías durante las violentas protestas registradas la noche del martes.
Tras las intensas protestas que degeneraron en varios saqueos a comercios e instalaciones públicas e incendios de semáforos e inmuebles, la ciudad volvió el miércoles a la tranquilidad, indicó Trejo.
La alcaldesa agregó que luego de que las autoridades suspendieron los cortes de luz entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada "bajó un poquito la presión" de las protestas.
El mayor general Franklin García Duque, comandante de la región estratégica del Zulia, declaró al diario regional Panorama que entre 1.500 y 1.800 militares fueron desplegados en Maracaibo y una zona cercana a esa ciudad para reguardar los comercios privados, la red pública de alimentos, los entes públicos y las estaciones eléctricas.
Al ofrecer un balance de los hechos violentos ocurridos el martes, el gobernador oficialista del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, dijo que más de 70 comercios resultaron afectados por los saqueos o daños a sus infraestructuras, e indicó que hubo más de cien detenidos en esos eventos de los que responsabilizó a la oposición. "Están pagando a bandas delictivas para romper y saquear, y esto se devuelve en contra de la propia sociedad", agregó.
A estas denuncias se sumó el presidente Nicolás Maduro que acusó, sin presentar pruebas, a los dirigentes opositores de promover los saqueos y daños a instalaciones y unidades del metro en Maracaibo. "Ellos creen que con esa violencia... van a confundir al pueblo de Venezuela", dijo Maduro durante un acto que difundió la televisora estatal.
Tarde en la noche, el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello denunció que las protestas serían parte de un supuesto plan desestabilizador con miras a forzar un golpe de estado a corto plazo.
"Van a tratar de forzar la renuncia del presidente con hechos de violencia. Ahí están metidos los miembros de Voluntad Popular (partido fundado por el encarcelado dirigente opositor Leopoldo López) cuyo enganche es el ladrón y traidor (Hebert) García Plaza", dijo Cabello el miércoles en su programa semanal de radio y televisión "Con el Mazo Dando".
Cabello afirmó que el mayor general García Plaza, exministro de Alimentación y ex ministro de Transporte Acuático y Aéreo, había entregado al gobierno estadounidense "información precisa de la ubicación del armamento venezolano... Ha puesto como fecha el 15 de mayo para que se haga un golpe de estado con disturbios en Venezuela que genere la aplicación de la Carta Democrática" de la OEA, agregó.
García Plaza, que es investigado por la Fiscalía por su presunta participación en la compra irregular de tres embarcaciones españolas, salió del país en enero del 2015 y a la fecha se desconoce su paradero. A través de sus abogados ha negado tener vínculos con los supuestos actos fraudulentos. El oficial se retiró del gabinete de Maduro en septiembre de 2014.
Desde el lunes, cuando comenzó el plan del racionamiento eléctrico, se han registrado protestas callejeras en Maracaibo, la segunda ciudad más importante del país, y en otras poblaciones como Zulia, Miranda, Bolívar, Trujillo, Lara, Vargas y Carabobo.
El plan incluye cortes eléctricos rotativos de cuatro horas diarias por 40 días en 19 de los 24 estados para hacer frente a la sequía del embalse del Guri, que alimenta el mayor complejo hidroeléctrico del país. La capital venezolana quedó exceptuada del plan de racionamiento.
Como parte de las acciones para enfrentar la crisis el vicepresidente Aristóbulo Istúriz anunció la víspera que los miércoles y jueves serán días no laborables para el sector público, con lo que jornada semanal se limitará sólo a lunes y martes debido a que los viernes también fueron declarados libres por dos meses.
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