La Asamblea Nacional investiga un posible desfalco de 7.000 millones de dólares en PDVSA
Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas.
La Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, ha iniciado una investigación sobre el posible desfalco de aproximadamente 7.000 millones de dólares en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre los años 2004 y 2014, informa el diario español ABC.
Entre los casos investigados está
el supuesto desvío de fondos asignados por el Estado para el reaseguro del Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), también conocido como Amuay, indicó la publicación.
Según un informe evaluado en la Asamblea Nacional, el fraude habría ocurrido cuando Rafael Ramírez (actual embajador de Venezuela ante Naciones Unidas) era ministro de Energía y Petróleo (2002-2014) y presidente de PDVSA (2004-2014).
Un primo de Ramírez, Diego Salazar, trabajaba entonces como operador financiero y de los seguros y reaseguros de la empresa petrolera.
Las cuentas de Salazar en la Banca Privada de Andorra (BPA)han estado bajo la lupa de las autoridades policiales internacionales por sospechas de blanqueo de capitales.
"Esto es solo la punta del iceberg. Hay indicios que sugieren que las aseguradoras venezolanas de PDVSA estaban vinculadas a Salazar", dijo el diputado opositor Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento (control del gasto público), citado por ABC.
"Sospechamos que se desviaban los fondos asignados por el Estado para asegurar a la petrolera con empresas reaseguradoras en el exterior", añadió.
Las empresas venezolanas están obligadas a contratar seguros del país que, a su vez, se reaseguran con compañías en el exterior para poder garantizar los activos en dólares. PDVSA ha mantenido contratos con las compañías Seguros La Occidental, propiedad de Víctor Vargas; y Seguros Constitución, perteneciente a Omar Faría (involucrado en el escándalo del BPA).
ABC citó fuentes según las cuales ambos empresarios tienen una estrecha relación con Salazar. "No descartamos que se hayan contratado empresas reaseguradoras internacionales de 'maletín' (para negocios ilegales) para desviar los fondos destinados para PDVSA en esta materia. Por eso, evaluaremos los contratos hechos con estas compañías", dijo Guevara.
Una explosión el 25 de agosto de 2012 en el del Complejo de Refinación Paraguaná se produjo por falta de mantenimiento en las instalaciones, concluyó una investigación del Centro de Orientación en Energía (COENER), asociación civil integrada por profesionales del sector.
En el hecho murieron 42 personas y cientos resultaron heridas.
El documento de 104 páginas publicado por un comité del COENER 12 meses después mencionó estadísticas de accidentabilidad de PDVSA en los años anteriores a esta tragedia: "Los informes técnicos calificados indican serias deficiencias en la ejecución de los procedimientos de investigación y de corrección de situaciones de riesgo, especialmente en el Complejo Refinador Paraguaná", señala.
COENER remite a un informe de las empresas reaseguradoras de PDVSA que indica que un año antes de la explosión, en 2011, hubo 222 incidentes, incluyendo 100 incendios, en la refinería.
Un año después de la explosión, Rafael Ramírez dijo que suceso se debió a un supuesto "sabotaje" de la oposición.
"A nosotros no nos queda duda de que nuestra mayor refinería en el mundo fue saboteada, y que fue algo muy bien trabajado y estudiado. Es gente con mucho conocimiento de la refinería porque nos dieron en el tema vital del transporte de la olefina y quien hizo esto sabía o podría prever las consecuencias que una fuga masiva de olefina podía tener sobre nuestra instalación", señaló entonces.
La tesis del sabotaje obligó a PDVSA a iniciar una renegociación con las empresas de seguros que podía incrementar los costes de las pólizas destinadas a cubrir indemnizaciones y daños. También impidió que estas compañías de seguros y de reaseguros cancelaran casi 2.000 millones de dólares por los perjuicios provocados durante la explosión.
Para la oposición, esto pudo ser la coartada perfecta para encubrir el fraude de las aseguradoras de la petrolera. "No tuvieron entonces que rendir cuentas sobre el pago de indemnizaciones, porque supuestamente se trataba de un sabotaje. Así tampoco tenían qué explicar el destino de los fondos asignados para asegurar a la petrolera en el exterior", explicó Guevara.
Según el reporte de ABC, el Parlamento venezolano solicitará en los próximos días la colaboración de las fiscalías y otros organismos de Andorra, España, Estados Unidos, Portugal y Panamá,para recabar más pruebas sobre las presuntas estafas cometidas en PDVSA durante la administración de Ramírez.
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