García Larralde y el Decreto de Emergencia Económica en Venezuela

Humberto García Larralde, miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, ha calificado este decreto gubernamental como un atropello a la Constitución y a las potestades de la Asamblea Nacional

OPINIÓN | 25 de Febrero de 2016

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Bajo este modelo de poder despótico, el país funciona como un virtual estado mafioso donde el presidente Nicolás Maduro manda entre bastidores (EFE)

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Especial

Hasta dónde será capaz de llegar el régimen de Nicolás Maduro en su ejercicio de tozudez  y totalitarismo es una cuestión que mantiene expectante a buena parte de la comunidad internacional. La herencia del difunto Hugo Chávez -su prepotencia, chulería, soberbia e inexistente respeto por una Constitución que, casi desde su promulgación, ha sido poco más que papel mojado- crece día a día. Y lo hace a la misma velocidad que el país se empobrece, sufre y se deteriora, con un barril de petróleo bajo mínimos, con un aparato productivo privado paralizado a causa de la falta de divisas y una inflación galopante, sin que ello ni el mortífero fascismo encubierto que lo maneja sean capaces de acallar voces ni de frenar las potestades de una Asamblea Nacional que, seguramente, deberían encontrar mayor respuesta en nuestro “mundo civilizado”.

La última agresión contra la soberanía popular ha sido el decreto de emergencia económica promulgado por el régimen de Maduro, que le otorga plenos poderes para legislar en esa materia durante 60 días.

El profesor Humberto García Larralde, miembro de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, ha calificado este decreto gubernamental, validado por el Tribunal Supremo de Justicia, como un atropello a la Constitución y a las potestades de la Asamblea Nacional. En ese sentido, el experto advirtió que la medida constituye una especie de “patente de corso para que Maduro maneje los recursos presupuestarios a su libre albedrío, requise haberes del sector privado, instrumente un corralito e introduzca cualquier otra barbaridad que se le ocurra, con gravísimas consecuencias para el bienestar de los venezolanos”.

¿A qué obedece tamaño desafuero?, se pregunta el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela. En su opinión, el régimen de Maduro más allá de la retórica oficialista con la que culpa a la burguesía y al capitalismo de todo los males sociales, necesita justificar y encubrir “poderosos intereses creados en torno a las enormes fortunas amasadas al amparo de los controles, regulaciones y el excesivo intervencionismo discrecional del Estado en los asuntos económicos”.

Pero el decreto dado a conocer por el recientemente destituido ministro de Economía, Luis Salas, deja al descubierto una serie de mecanismos político-ideológicos de control, de carácter estatista, que permiten a Maduro manejar la economía a su antojo.

Estado Patrimonialista

El analista García Larralde ha puesto énfasis en el hecho de que “cuando las transacciones económicas no obedecen a la interacción de demanda y oferta en mercados donde reina la competencia, sino que resultan del arbitrio administrativo de quien controla el poder, en un contexto de nula transparencia ni rendición de cuentas, las posibilidades de lucro ilícito se potencian”. Un sistema de corrupción generalizada que ha revelado fallos políticos y económicos de fondo hasta entonces ignorados, que, en su opinión, se acentúan en un país petrolero que hasta hace apenas año y medio atraía enormes rentas en el mercado internacional.

Hijo del recordado Rector de la UCV, Humberto García Arocha -luchador democrático durante la dictadura de Pérez Jiménez-, el profesor Humberto García Larralde compara que si bien en el pasado la estrategia de “sembrar el petróleo” instrumentó medidas para aprovechar la renta en función de objetivos de desarrollo que se vieron vulneradas por el otorgamiento discrecional de privilegios, ahora en cambio “esta práctica se ha institucionalizado en un Estado patrimonialista, en el que la propiedad de lo público se administra como si fuera privada”.

Si a eso se añade la existencia de una serie de privilegios para una élite: viajes pagados al extranjero para “shopping” o para acompañar al presidente en sus giras, dólares preferenciales, “gastos de representación”, pasaportes diplomáticos sin ocupar cargo oficial alguno en el extranjero, en opinión de García Arocha “el disfrute de la riqueza social queda sujeta a transacciones de naturaleza política mediante las cuales se trueca obsecuencia y lealtad a quienes detentan el poder, por el derecho a participar en el usufructo de esa riqueza”. ¿Qué piezas faltan en esta maquinaria de poder absoluto?: la ideología y la “hegemonía comunicacional”, que funcionan como complemento para “legitimar” tal componenda, advierte el experto.

El hecho de que el Estado Patrimonialista se entroniza al destruirse las instituciones del Estado de Derecho liberal, explica que Maduro utilice como patente de corso el Estado de Emergencia Económica hasta 2017, “en abierto desafío a lo pautado en la Constitución y las leyes que hablan de un período de 60 días, prorrogable con autorización de la Asamblea Nacional”. García Larralde fue en este punto muy claro: “el país es de él, le pertenece”.

Su análisis ha ido más allá al advertir la existencia de un sistema de expoliación que se estructura como un entresijo de mafias que cooperan o compiten entre sí, al servicio de la oligarquía que gobierna a Venezuela. Bajo este modelo de poder despótico, el país funciona como un virtual estado mafioso donde el presidente Nicolás Maduro manda entre bastidores. Para ello ha de utilizar a gente de absoluta fidelidad y confianza, como es el caso de una serie de magistrados del TSJ que no han dudado en validar el Decreto de Emergencia Económica para amparar las medidas de intervención discrecional que han sido la base del poder de estas mafias, aclara García Larralde.

Con relación a las medidas para enfrentar la crisis económica, el integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela coincide con otros expertos en que es necesario “sanear las cuentas fiscales, negociar un generoso financiamiento externo, unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio, apagar la “maquinita” del BCV que imprime dinero sin respaldo, restablecer las seguridades jurídicas a la iniciativa privada y desmantelar el sistema de controles”, lo que a su juicio frenaría la inflación y el desabastecimiento que castiga al país.

En este sentido, García Larralde se ha mostrado rotundo: “se trata de poner fin al régimen de expoliación basado en los controles, las regulaciones y el usufructo discrecional de la renta, lo que supone el fin del Estado patrimonialista”.

Ese es el gran reto que tiene hoy el pueblo y la Asamblea Nacional de Venezuela: enfrentarse a esa mafia institucional que intenta condicionar la legislación del país para garantizar su impunidad y la permanencia en el poder. Sin embargo, el economista García Larralde entiende que paradójicamente “la habilitación del Decreto de Emergencia les quita toda excusa para echarle la culpa a otros de su fracaso”. En ese marco de improvisaciones, el propio decreto pone al descubierto la naturaleza expoliadora del “modelo socialista” y su manifiesta incapacidad para satisfacer las necesidades del país, concluye el experto.

Juan Carlos Sánchez es analista y consultor