Funcionarios de prisión reconocen ante Julio Ferrer Tamayo que el Tribunal Provincial 'no quiere resolver' su caso
Ferrer Tamayo está preso desde que el pasado 23 de septiembre fuerzas del régimen allanaran la sede del Centro de Información Legal Cubalex, del cual es integrante.
El abogado cumple en la cárcel habanera 1580 una sentencia de tres años, ratificada por el Tribunal Supremo en enero de 2016, por el delito de "falsificación de documentos públicos", que él califica de "falso"
.
Según Ferrer, el teniente coronel Eduardo, jefe del Registro Legal de la cárcel Campamento 16, anexa a 1580, el dijo que el Tribunal Provincial de La Habana evadió su responsabilidad y no le dio una respuesta legal sobre la sanción.
"Las autoridades carcelarias trasladaron mi expediente para el Campamento 16 y yo tuve acceso a él. Luego me reuní con el capitán Etian, funcionario del Registro Legal y le demostré por qué me encontraba ilegalmente sancionado. El funcionario —después de cotejar los documentos— me dijo que se había cometido una barrabasada y que la prisión 1580 nunca debió haberme recibido", expresó Ferrer a DIARIO DE CUBA durante un pase penitenciario.
Añadió que, posteriormente, el teniente coronel Eduardo le prometió llevar su expediente al Tribunal Provincial para que ese órgano de justicia diera una respuesta definitiva.
"Los jueces, en especial la presidenta de la Sala Segunda del Tribunal Provincial, Silvia Jerez Marimón, se negaron y le dieron solo un manuscrito al funcionario del penal, que no tiene fuerza legal alguna. No obstante, este funcionario me prometió volver al Tribunal y reiterarle a esta jueza que le dé una respuesta satisfactoria a mi caso", explicó Ferrer.
Desde el encarcelamiento del abogado, su hija Karla Ferrer ha presentado varios recursos ante los tribunales, entre ellos un procedimiento sumarísimo de Habeas Corpus ante la sala de los delitos contra la Seguridad del Estado y una solicitud de suspensión de la sanción en el Tribunal Provincial de La Habana. En ninguno de los dos casos ha recibido respuesta.
El abogado fue acusado de falsificación de documentos públicos en relación con trámites vinculados con la vivienda en la que reside. Ferrer considera que su procesamiento es una represalia por su labor como integrante de Cubalex, un proyecto independiente que brinda asesoría legal gratuita y denuncia ante organismos internacionales violaciones de derechos humanos que ocurren en la Isla.
Asimismo, Ferrer ha expuesto las manipulaciones legales en el caso de su esposa, la también abogada Marienys Pavo Oñate, quien cumple una setencia de nueve años por un supuesto delito de "estafa" que ella niega haber cometido.
Desde el encarcelamiento de Ferrer, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la representación estadounidense ante la ONU han exigido su liberación.
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