aduro crea nuevo mecanismo para controlar a los opositores
CARACAS.- Obligará a los venezolanos a firmar una petición que exige a EEUU derogar las sanciones contra Caracas. Los que se nieguen a firmar pudieran dejar de beneficiarse de programas sociales o subsidios
VENEZUELA
CARACAS.- LEÓN HERNÁNDEZ
Especial
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La iniciativa del presidente Nicolás Maduro de reunir 10 millones de firmas para solicitar al Gobierno de Estados Unidos que derogue las sanciones contra funcionarios y la calificación de amenaza dada a Venezuela ha generado rechazo y temor en la población.
La propuesta, que podría erigirse como un nuevo método para discriminar a la ciudadanía entre patriotas y apátridas, llevaría a que se negara a quienes no la firmen los beneficios de cualquier subsidio o programa social, en época de fuerte crisis económica. Así lo estimó el doctor en Derecho y experto venezolano en Derechos Humanos Jesús Ollarves, quien ofreció una entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS.
De acuerdo con la asociación civil venezolana SUMATE, en 2004 se confirmaron más de 700.000 firmas para solicitar un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. A partir de allí, el diputado del oficialismo Luis Tascón se apropió el registró y lo publicó, con el presunto fin de evitar fraudes entre los firmantes.
Tal lista luego pasó a manos de la dirigencia chavista y fue empleada, bajo el título de Lista Maisanta, para despedir a funcionarios públicos y excluir a ciudadanos de programas sociales, según denunciaron diversas ONG venezolanas defensoras de los derechos humanos, entre ellas, Ciudadanía Activa.
Para Ollarves, la propuesta de acopio de rúbricas que se inició el jueves en Venezuela es la versión número dos de la Lista Tascón, pero a la inversa, pues los marginados serán quienes no firmen. “Más que exigir a los ciudadanos que manifiesten su voluntad, el Gobierno los hace caer en un chantaje. Los efectos son más perniciosos y se van a proyectar en el tiempo, porque en aquella época, en 2004, existían ciertos rasgos de independencia, autonomía e imparcialidad del poder judicial. Pero hoy los venezolanos tenemos obstáculos insalvables para buscar controlar los efectos de una lista antidemocrática como ésta. Por ejemplo, para todos es conocidos y es bien documentado en diversos órganos de supervisión y control, como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en Venezuela la autonomía, imparcialidad e independencia tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, está severamente cuestionada”, indicó.
Ollarves recordó medidas como la reciente resolución del Ministerio de la Defensa, sobre el eventual uso de armas letales para reprimir manifestaciones, como parte de la política contra los disidentes, lo cual se vería reforzado por esta nueva lista de discriminación política. “Es una versión diabólica de la Lista Tascón. Es peor, porque en este contexto no solo tenemos una severa polarización política, sino que, además, los opositores han catalogado como enemigos internos”, añadió.
10 millones de firmas
A mediados de 2012, Hugo Chávez declaró, como parte de su campaña por la reelección, que llegaría a los 10 millones de votos en octubre de ese año. A pesar de su esfuerzo, no llegó a la meta, superando los ocho millones de sufragios, para imponerse a Henrique Capriles Radonski. Para ese momento, el mandatario gozaba de una popularidad que sobrepasaba el 60 %.
Hoy, reconocidas firmas de sondeos, tales como Datanálisis, ubican la simpatía hacia Maduro en apenas algo más de 20%. Sin embargo, el mandatario venezolano se lanza contra “el imperio” y promete alcanzar las 10 millones de rúbricas. ¿Cómo lo lograría? “Sobre la base del chantaje para obtener algunos beneficios sociales, como la Misión Vivienda. Nosotros tenemos evidencias claras de personas que van a inscribirse en alguna misión para optar a un crédito para una vivienda de acceso popular y la hacen firmar una lista. Es un chantaje al ciudadano”, sentenció Ollarves.
“Lo que debería hacer el Gobierno es un gran voluntariado para resolver el tema del desabastecimiento, la hiperinflación y por encima de todo el problema de la inseguridad personal que nos está matando”, concluyó el experto en Derechos Humanos.
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