La MUD pidió al secretario general de la ONU exigir libertad de López
La MUD aseguró a Ban Ki-moon que el gobierno de Maduro es un “violador contumaz” de los derechos humanos | Foto EFE / Archivo
El abogado penalista Alberto Arteaga asegura que la jueza Susana Barreiros viola la ley al ignorar una convención internacional
16 DE NOVIEMBRE 2014 - 12:01 AM
La MUD pidió al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que exija al gobierno la libertad de Leopoldo López.
En una carta firmada por el secretario ejecutivo de la alianza, Jesús “Chuo” Torrealba, se asegura que al desconocer la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de liberar al dirigente, el gobierno se certificó como “un violador contumaz” de los derechos humanos.
La organización asegura que la criminalización de la protesta, persecución, encarcelamiento y tortura de dirigentes evidencian que el Poder Judicial no es independiente en Venezuela. “Requerimos de usted ejercer las acciones que estén dentro de su ámbito de atribuciones para que el Estado venezolano siga la senda del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos y dé cumplimiento al informe del Grupo de Trabajo”, dijo.
Primero Justicia y UNT pidieron a la alianza desarrollar una campaña especial por la libertad de presos políticos que arrancaría con acciones de calle el 1° de diciembre, lo cual fue aprobado por unanimidad.
Reacción
Los argumentos de la jueza Susana Barreiros, del Tribunal 28 de Juicio, para desestimar la solicitud de libertad a López encendieron alarmas. El abogado penalista, Alberto Arteaga Sánchez, opina que no cabe alegar soberanía para desconocer las instancias y recomendaciones en el marco de un pacto –el Internacional de Derechos Civiles y Políticos– que Venezuela incorporó a su Constitución.
Advirtió que quien viola una convención internacional incurre en delito, lo mismo que quien, con abuso de sus funciones, priva de libertad y somete a tratos crueles y degradantes a un detenido.
El profesor de Derechos Humanos de la UCV, Carlos Armando Figueredo, aclaró que el pacto impone a Venezuela la obligación de acatar sus decisiones sobre violaciones a derechos humanos, y entre ellas está lo decidido por el Grupo de Trabajo”.
Arteaga ratificó que el juicio a López es un juicio montado sobre un discurso político que está amparado por el derecho a la libertad de expresión y nadie puede cometer delito por ejercerlo.
Los expertos recordaron que el Código Penal señala que quien viole las convenciones o tratados celebrados por la República incurren en pena de arresto hasta de cuatro años.
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