Leopoldo López, trasladado a un hospital para un chequeo médico
Leopoldo López antes de ser detenido en febrero de 2014. (AFP)
El líder opositor venezolano Leopoldo López fue trasladado el miércoles a un hospital para un chequeo médico, informó su abogado Juan Carlos Gutiérrez, reporta la AP.
López, quien está recluido desde hace 25 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, fue llevado a un hospital militar del oeste de Caracas debido a que tiene una afección en la vista y en los últimos días ha presentado una constante tos, indicó Gutiérrez.
El líder opositor, de 44 años, fue condenado en septiembre del año pasado a casi 14 años de cárcel, después de que las autoridades lo acusaran de instigar protestas en la capital en febrero de 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos.
La mayoría opositora del Congreso aprobó la noche del martes, sin el apoyo del oficialismo, una Ley de Amnistía y Reconciliación que busca la liberación de López y de varias decenas de opositores.
El texto de la ley, rechazado por el Gobierno de Nicolás Maduro, contempla una amnistía para los "presos y perseguidos políticos" de los últimos 17 años. Según estimaciones de activistas de derechos humanos, podría llegar a beneficiar a más de 5.000 personas.
Maduro descartó el mismo día que vaya a promulgar la ley, pero la mayoría opositora sostuvo que cuenta con el respaldo legal para llevarla adelante sin el apoyo del mandatario.
Este miércoles reiteró que la ley "no pasará" bajo ninguna circunstancia, reportó la AFP.
"Es la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país. Yo pregunto: ¿es esa ley de impunidad criminal la que nos va a conducir a la paz? ¿A quién beneficia, a los que mandaron matar a nuestro pueblo en febrero de 2014?", cuestionó en un acto público.
La promotora de la iniciativa, Delsa Solórzano, rechazó la advertencia y señaló que "en un país democrático un presidente no emite sentencias".
Sin embargo, admitió que "son muchos los pasos que faltan para lograr la libertad de los presos políticos", por lo que "el trabajo apenas comienza".
La normativa también plantea beneficiar a centenares de "perseguidos y exiliados" por su oposición al chavismo, que gobierna Venezuela desde hace 17 años, según Solórzano.
"Sabemos que más jueces y fiscales de los que ustedes se imaginan están dispuestos a aplicar la Ley de Amnistía", aseguró desafiante la diputada, recordando que uno de los artículos prevé sanciones para los funcionarios que "retarden injustificadamente la aplicación" de la norma.
"Estamos adelantando la amnistía porque Venezuela está enferma, no se trata solamente de sacar los presos políticos de la cárcel, a los muchachos, sino de regenerar moralmente a Venezuela", afirmó por su parte el diputado opositor Juan Miguel Matheus, citado por EFE.
"La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no es para beneficiar a la oposición, es para beneficiar al país porque un país dividido no sabe echar hacia adelante", dijo el secretario ejecutivo de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba, en su programa La fuerza es la unión, transmitido en la emisora privada RCR.
Tras la aprobación del instrumento, Maduro tiene diez días para promulgarlo, pedir modificaciones o someterlo a un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el "bufete jurídico" del chavismo.
"Estamos en una cuenta regresiva, son diez días que vamos a estar recorriendo Venezuela y el continente para llevar esta Ley de Amnistía. Comenzamos la gira de la libertad", anunció Lilian Tintori, esposa de López, en rueda de prensa junto con Solórzano.
En lugar de una amnistía, Maduro ha propuesto convocar una "comisión de la verdad" para investigar los delitos que se le imputan a los posibles beneficiarios de la normativa.
"Esa ley no será publicada nunca porque está viciada de nulidad constitucional", advirtió el diputado oficialista Pedro Carreño. "La convocatoria (a debate) no cumple con los extremos legales. Es una sesión írrita y por tanto írrito su producto", añadió.
Por su parte, el jefe de la bancada chavista, Héctor Rodríguez, cuestionó que el instrumento no haya sido presentado ante el país, a lo que Solórzano replicó que se hizo una "consulta pública en toda Venezuela" con "ONG, universidades, expertos y las víctimas".
Juristas como José Ignacio Hernández advierten que a la ley le espera un largo camino para hacerse efectiva, si Maduro la envía al TSJ.
Por ello, la oposición discute desde el martes una reforma a la ley que regula la corte, incluida su estructura nominal.
"Vamos a modificar la composición del TSJ, la comunidad internacional tiene sus ojos puestos sobre Venezuela", advirtió Solórzano.
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