Denuncian acción legal contra 22 diputados electos en Venezuela
El secretario ejecutivo de la alianza opositora dijo que hasta el momento desconocen las razones que se estarían alegando para impedir la juramentación de los congresistas electos.
diciembre 22, 2015
La coalición opositora venezolana denunció este martes que personas vinculadas al oficialismo habrían introducido una acción legal en una sala del Tribunal Supremo de Justicia para impedir la juramentación de 22 de 112 diputados opositores que fueron elegidos en los comicios del 6 de diciembre.
La AP solicitó a la oficina de prensa el Tribunal Supremo de Justicia una reacción sobre el anuncio de la oposición, pero indicaron que no tenían información al respecto.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora,Jesús Torrealba, indicó que personas relacionadas al oficialismo presentaron en la Sala Electoral del máximo tribunal del país un "recurso contencioso electoral" y una medida de amparo para impedir la juramentación de 22 diputados opositores electos.
"Tenemos constancia y evidencia porque estaban allí nuestros abogados, que se habilitó de manera extraña la Sala Electoral,...con magistrados suplentes para recibir un recurso", afirmó Torrealba.
El dirigente opositor expresó a The Associated Press que hasta el momento desconocen las razones que se estarían alegando para impedir la juramentación de los congresistas electos y quienes podrían ser afectados por la medida debido a que no se les permitió a los abogados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática el acceso al expediente.
De ser admitida y aprobada la acción contra los 22 diputados opositores podrían correr el riesgo de ser impedidos de asumir sus cargos cuando se instale la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero.
Torrealba consideró la acción como un "intento de golpe judicial contra la voluntad del soberano", y señaló que ese recurso es inconstitucional y no tiene peso jurídico para impedir la proclamación de los congresistas opositores electos.
"Eso es un alzamiento contra la voluntad del soberano. Eso es un alzamiento contra la voluntad de los venezolanos. Se están poniendo (en el oficialismo) al margen de la ley, al margen de la Constitución por más que intenten darle un barniz judicial a esta maniobra, a este golpe", agregó.
El dirigente dijo que la coalición opositora estableció contactos con la OEA, Unasur, el Vaticano y las diferentes cancillerías de la región para denunciar la acción judicial.
El jurista José Vicente Haro dijo a la AP que de emitir la Sala Electoral una decisión provisional o definitiva que impida a los 22 congresistas juramentarse y comenzar a ejercer sus funciones, eso no impediría a la nueva Asamblea Nacional instalarse el 5 de enero debido a que solo "bastaría que esté la mayoría absoluta de sus miembros" para comenzar a operar.
Haro explicó que en el caso que sean anuladas las proclamaciones de algunos diputados debería llamarse nuevamente a elecciones en los circuitos electorales donde se impugnó la votación para elegir nuevos congresistas. El jurista insistió en que la posible anulación de las proclamaciones debe producirse después que se le dé el derecho a la defensa y al debido proceso a los afectados.
Opositores, algunas organizaciones de derechos humanos y analistas han denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia es controlado por el oficialismo.
La Asamblea Nacional saliente convocó para este martes una sesión especial en la que se espera iniciar el proceso de selección de 13 magistrados del máximo tribunal que adelantaron sus jubilaciones. La coalición opositora ha señalado que podría anular esos nombramientos al asumir el nuevo congreso el 5 de enero.
La oposición ha denunciado que se habría presionado la salida de 13 de los 32 magistrados para asegurarle el oficialismo el control del Tribunal Supremo. Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios al respecto.
La coalición opositora logró en las elecciones parlamentarias 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el congreso con amplia mayoría, en los comicios logró 55 curules.
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