Juristas dicen que proceso contra López no ha sido un juicio
La visión del defensor de López es respaldada por la magistrada jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León; y por el catedrático en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, José Luis Tamayo, para quienes lo ocurrido en el Tribunal 28 de Juicio de Caracas desde julio de 2014, es cualquier cosa menos un juicio
VENEZUELA | 02 de Septiembre de 2015
CARACAS.- JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
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"Árbol que nace torcido sus ramas nunca endereza”. Este refrán ilustra lo ocurrido en el proceso judicial que se ha seguido al encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López por presuntamente instigar los disturbios ocurridos en Caracas tras la marcha opositora del 12 de febrero de 2014.
Desde sus inicios, el enjuiciamiento de López ha estado plagado de vicios e irregularidades.
El hecho de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, haya acompañado al exalcalde de Chacao a ser presentado ante los tribunales tras entregarse el 18 de febrero de 2014, pese a no ser fiscal, defensor, policía o alguacil; o que la audiencia en la que se decidió que permanecería detenido preventivamente en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, se haya celebrado en ese recinto y no en el Palacio de Justicia, son para Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la defensa de López, el origen de los vicios que aquejan a este proceso.
“Este juicio se ha caracterizado por una sistemática violación del debido proceso”, apuntó.
La visión del defensor de López es respaldada por la magistrada jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León; y por el catedrático en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, José Luis Tamayo, para quienes lo ocurrido en el Tribunal 28 de Juicio de Caracas desde julio de 2014, es cualquier cosa menos un juicio.
“Este no ha sido el juicio justo ni imparcial que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, ni siquiera debería llamarse juicio, porque ha sido un show”, se quejó la exmiembro de la Sala Penal, quien agregó: “El juicio no ha sido público, según lo han denunciado la defensa de López y los periodistas que han tratado de darle cobertura. A los periodistas les impidieron expresamente el ingreso y a los ciudadanos que querían presenciarlo tampoco se lo han permitido bajo la excusa de problemas de espacio en la sala de audiencias, con lo cual esta garantía de transparencia de la justicia ha sido suprimida”.
En similares términos se pronunció Tamayo, quien denunció: “En Venezuela no hay debido proceso como tal, sino una simulación. Aquí se trata de aparentar que se les garantiza a los procesados sus derechos, pero cuando uno hace una radiografía se ve que no es así y así ha venido ocurriendo en los últimos años con distintos casos de interés político como por ejemplo el que se le siguió a los comisarios y policías acusados por el 11 de abril de 2002. Sin embargo, en el caso de López ni siquiera esas formas se han guardado”.
Nulo de toda nulidad
Para el jurista la decisión de la Fiscalía de no admitirle a la defensa de López ninguno de los 68 testigos, seis expertos ni los doce videos que deseaban llevar al proceso para responder a los delitos de asociación para delinquir, instigación y determinador en daños a la propiedad e incendio vicia de nulidad el proceso y debería conllevar a una absolución. No obstante, esta decisión fue avalada por tres tribunales, incluyendo la Sala Constitucional del TSJ.
“Este proceso ha violado la jurisprudencia del TSJ, el cual en 2002 estableció que los jueces no pueden generar ningún tipo de dudas sobre el resultado de una sentencia y que una justicia para que sea transparente debe ser capaz de soportar cualquier examen, por lo que hemos leído y escuchado el caso de López no cumple esto”, apuntó.
Para Gutiérrez el hecho de que en semanas atrás dos adolescentes, citados en calidad de testigos, hayan admitido ante la jueza Susana Barreiros que ellos participaron en los disturbios y que lo hicieron de motu proprio, pues no conocían a López, comprueba que su cliente fue víctima de una “celada” para encarcelarlo.
La revelación no es nueva, al menos para las autoridades pues el mismo 12 de febrero los jóvenes, cuyas identidades la ley venezolana prohíbe difundir, fueron detenidos por agentes de la policía científica y ante ellos confesaron, según quedó plasmado en unas actas fechadas el 18 de febrero de 2014. No obstante, ellos no fueron imputados sino dejados en libertad plena.
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