El Parlamento venezolano rechaza la prórroga de la emergencia económica
Vista de la Asamblea Nacional de Venezuela, en Caracas. (EFE)
La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, rechazó el jueves la nueva prórroga del Decreto de estado de excepción y emergencia económica publicado por la última Gaceta Oficial, debido a que consideran que profundiza la crisis venezolana, reportó EFE.
El diputado opositor José Guerra presentó una moción que solicitaba la desaprobación del decreto que, tras el debate entre la bancada del chavismo y su coalición, fue "desaprobado, negado, rechazado".
El jueves fue oficializada la prórroga por 60 días más del estado de excepción y emergencia económica que dispuso el pasado 14 de enero el Gobierno de Nicolás Maduro, para encarar el descalabro económico que registra el país.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
La mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional rechazó el 22 de enero pasado el decreto inicial, pero este se mantiene en vigor gracias a que el 11 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró su plena "validez" y "vigencia".
Pero la Asamblea Nacional dijo el jueves que la nueva prórroga que fue publicada ya es inconstitucional, debido a que, aseguran, la Constitución sólo permite que se prorrogue tal decreto una sola vez, y ya esta es la tercera vez.
Sin efecto nombramientos de 13 magistrados
La Asamblea Nacional venezolano dejó sin efecto el jueves el proceso de nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia que acordó el anterior Congreso, decisión que acrecentará el enfrentamiento entre los poderes públicos en el país suramericano que está sumido en una compleja crisis económica, reportó la AP.
La mayoría opositora del Congreso aprobó, sin el respaldo del oficialismo, un informe de una comisión especial que recomendó dejar sin efecto el proceso que llevó a la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes que acordó el pasado 23 de diciembre la Asamblea Nacional saliente bajo control de oficialismo.
En esa oportunidad la oposición señaló al oficialismo de designar de manera "exprés" a los magistrados para asegurarle al Gobierno el control del Tribunal Supremo. El Congreso saliente aseguró que los nombramientos se hicieron apegados a las leyes.
Los congresistas opositores decidieron también iniciar en breve plazo el proceso para designar los nuevos magistrados del máximo tribunal del país, que está integrado por 33 miembros.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial, justificó la decisión alegando que el proceso que siguió la anterior la Asamblea Nacional para nombrar los magistrados "violó" algunos procedimientos y leyes venezolanas.
"Desde hoy en adelante esos magistrados no pueden firmar ninguna sentencia porque ya no pueden ser magistrados", dijo Berrizbeitia a la AP al explicar los alcances de la decisión del Congreso, y agregó que en las próximas semanas esperan abrir un nuevo proceso para seleccionar de acuerdo a parámetros legales los nuevos miembros del Tribunal Supremo.
La Corte no ha emitido de momento comentarios sobre el caso.
En sus primeros seis meses de gestión el nuevo Congreso ha enfrentado más de una decena de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que ha anulado la mayoría de leyes y acuerdos que ha aprobado la mayoría opositora, y ha limitado las funciones de los congresistas.
A inicios de año, el Tribunal Supremo, que es señalado de estar controlado por el oficialismo, dejó sin efecto el proceso que iniciaron los congresistas opositores para revisar las designaciones de los 13 magistrados, decisión que podría afectar la medida que acordó este jueves la Asamblea Nacional.
La oposición asumió en enero pasado, tras una aplastante victoria electoral, el control del Congreso que por 17 años fue manejado por el oficialismo.
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