El Gobierno de Maduro obligará a las empresas privadas a ceder trabajadores para planes agrícolas
Las compañías privadas en Venezuela estarán obligadas a ceder sus trabajadores para reforzar los planes del Gobierno en el sector agrícola, según una resolución adoptada en el marco de la emergencia económica vigente en el país, reporta la AFP.
La medida del Ministerio de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial, dispone que las empresas públicas y privadas deberán darle al Estado la mano de obra requerida para "fortalecer la producción" agroalimentaria.
Con ese fin, la cartera estableció un régimen especial para "todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas".
La resolución, de carácter transitorio, no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados, ni los períodos durante los cuales podrán ser reasignados.
Sin embargo, apunta que quienes sean elegidos deben tener "condiciones físicas adecuadas" y "conocimientos teóricos y técnicos" en áreas productivas.
Los empleadores privados, en tanto, no tendrán que asumir el pago de sueldos, pero sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se respetarán, añade el texto.
El 12 de julio, Maduro prorrogó por 60 días del estado de excepción y de emergencia económica que rige en Venezuela desde enero pasado, que le permite tomar medidas extraordinarias en materia social, económica y política.
El país soporta una escasez de 80% de alimentos y medicinas, que ha terminado por minar la popularidad de Maduro, enfrentado a una ofensiva de la oposición para revocarle el mandato mediante un referendo.
El presidente atribuye la crisis a la caída de los precios del petróleo y a una "guerra económica" de la derecha para derrocarlo.
Según una encuesta de la firma Venebarómetro realizada en junio, el principal problema para los venezolanos es el desabastecimiento, con 75,5% de menciones, seguido de la inseguridad personal (70,7%) y el alto costo de vida (44,4%).
Este mes, Maduro lanzó un plan contra la escasez dirigido por militares, que fiscalizan empresas de alimentos y controlan los puertos.
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