Washington pone a La Habana como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe
Cuba y la República Dominicana representan, respectivamente, la cara y la cruz del narcotráfico en la región caribeña, de acuerdo con el informe anual de tráfico de drogas en el mundo entregado este miércoles al Congreso de Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, reporta EFE.
República Dominicana sigue siendo "un importante país para el tráfico de drogas ilegales" desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa, indicó el Gobierno estadounidense, que estimó que aproximadamente el 6% de la cocaína consumida en esos mercados llega a través del país caribeño.
Además, el informe apuntó que República Dominicana está experimentando "un incremento" de la violencia vinculada a la droga, "en parte atribuible" a las operaciones que mantienen organizaciones de traficantes con sus socios en el país y que tienen como consecuencia el desarrollo de "bandas locales".
Estas bandas luchan de manera violenta por el "control de la distribución doméstica de droga".
"República Dominicana mantuvo su cooperación con el Gobierno de Estados Unidos en 2015 para prohibir las drogas ilícitas y extraditar a los criminales, incluyendo a aquellos contra quienes pesan cargos por cuestiones relacionadas con los narcóticos", dijo el Departamento de Estado.
Sin embargo, criticó las dificultades en la lucha contra el narcotráfico derivadas de la "corrupción" en el país.
En una situación similar a la de República Dominicana se encuentra su vecino Haití, por cuyas "fronteras porosas" transita la marihuana jamaicana y la cocaína suramericana hacia Estados Unidos y otros mercados.
El narcotráfico "se aprovecha" de la "falta de control" en las fronteras marítimas haitianas, dijo el Departamento de Estado.
El Gobierno de Haití avanzó en 2015 en el "fortalecimiento" de los cuerpos policiales y de sus unidades antinarcóticos, indicó, pero lamentó que la "poca efectividad judicial" del país sigue "impidiendo" los enjuiciamientos "exitosos" a los traficantes de drogas aprehendidos.
Si República Dominicana y Haití son la cruz del narcotráfico en el Caribe, Cuba es la cara, ya que no es un "consumidor, productor o punto de tráfico" principal de narcóticos ilegales, algo que Estados Unidos achacó en su informe a unas políticas activas, sentencias estrictas y programas de prevención e información pública nacionales.
"La presencia intensiva de la seguridad y los esfuerzos de prohibición han mantenido la oferta baja y evitado que los traficantes se establezcan", celebró el Departamento de Estado, que también valoró que La Habana dedique "recursos significativos" a la prevención del tráfico y el consumo.
Caracas y La Paz no hacen suficiente
En otra parte de su informe, el Departamento de Estado volvió a señalar a Bolivia y Venezuela como países que no hacen lo suficiente para combatir el narcotráfico. Asimismo, mencionó el aumento de la producción de cocaína en Colombia y el incremento de los cultivos ilegales de opio en México.
En el documento, Washington cita a diecisiete países de Latinoamérica y el Caribe entre los principales productores y lugares de tránsito de las drogas ilegales en el mundo: Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Jamaica y Bahamas.
Las palabras más duras son para Bolivia y Venezuela, que desde hace al menos ocho años aparecen anualmente, junto a Birmania, en la lista de los tres países que han "fracasado de forma demostrable" a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Esa determinación la hace en septiembre de cada año el presidente estadounidense, Barack Obama, y tiene como consecuencia la interrupción de la ayuda económica que el Gobierno estadounidense concede a ese país, con la única excepción de la asistencia humanitaria y la destinada a combatir el narcotráfico.
En el caso de Venezuela y Birmania, Obama evitó esa interrupción de los fondos al determinar que está "en el interés nacional" de Estados Unidos seguir concediendo ayuda económica de todo tipo a ambos países, incluida la dirigida a la promoción de la "democracia y los derechos humanos".
En cambio, en el caso de Bolivia, Obama lleva dos años seguidos sin hacer esa misma determinación, con lo que la asistencia que el Gobierno estadounidense concede al país andino queda restringida a la humanitaria y la relacionada con las drogas, que es mínima, según explicó a EFE una fuente del Departamento de Estado.
Según el informe, Estados Unidos incluye a Bolivia en esa categoría porque considera "insuficientes los esfuerzos de las autoridades para frenar y desmantelar a las organizaciones narcotraficantes" y "poco adecuados los controles bolivianos para prevenir que los cultivos de coca 'legales' alimenten la producción ilícita de cocaína".
El Departamento de Estado considera a Bolivia el "tercer mayor productor de cocaína en el mundo" y sostiene que el 40% de la producción de la hoja de coca va a parar a mercados ilegales, además de acusar a La Paz de violar la convención de la ONU sobre drogas al no prohibir la exportación de esa planta.
En el caso de Venezuela, el Departamento de Estado lo considera uno de los principales países de tránsito de drogas debido a "su porosa frontera occidental con Colombia, su débil sistema judicial, su esporádica cooperación internacional contra el narcotráfico y su entorno permisivo y corrupto".
"En 2015, los narcotraficantes hicieron pasar por Venezuela una cantidad aún mayor de marihuana cultivada en Colombia y dirigida sobre todo a las islas del Caribe", indica el informe.
Al contrario que en la edición anterior, este año el Departamento de Estado incluye a Ecuador y Venezuela en su lista de principales países de origen de sustancias precursoras que se usan en la producción de narcóticos ilegales, en la que también aparecen Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México, entre otros.
Perú sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo y el segundo país con más cultivos de coca, según el informe, que aún así elogia los esfuerzos del Gobierno peruano contra el problema.
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