Colombia veta a Maduro para verificar acuerdo con FARC
El veto de Santos a la participación de Maduro como verificador de los acuerdos con las FARC, contrasta con el rol que hasta ahora el régimen chavista cumplió a solicitud del Gobierno colombiano como país acompañante de las negociaciones en La Habana
INFORME OTÁLVORA | 23 de Enero de 2016
EDGAR C. OTÁLVORA
Analista
@ecotalvora
Estimaciones actualizadas del Fondo Monetario Internacional publicadas el 22ENE16, sitúan en 8% la caída esperada del PIB venezolano durante el año que comienza, demostrando que la evaluación internacional sobre el desempeño económico de Venezuela ha tendido a desmejorar rápidamente. En el informe de otoño del FMI, la caída de la economía venezolana había sido calculaba en 6%. En tanto, la imagen de Venezuela como un país endeudado y mal pagador se ha ido difundiendo a nivel internacional. El default selectivo que el chavismo ejecutó en los últimos años contra grandes empresas extranjeras, comienza a proyectarse hacia pequeñas empresas de países latinoamericanos que vendieron alimentos al Gobierno chavista como parte de acuerdos políticos entre gobiernos.
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, usual aliado del chavismo, afirmó el 21ENE16 que su Gobierno advirtió a los productores de su país para ser “cuidadosos” en sus negocios con Venezuela. El Gobierno uruguayo pidió a los productores lácteos y agrícolas que “acompasen” los suministros a Venezuela haciéndolos depender de “los trámites de pago y cobro”, ante la deuda que ya el Gobierno Maduro mantiene con pequeños y medianos productores de pollo, leche y quesos uruguayos.
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Las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC están tocando temas sensibles sobre el fin del conflicto los cuales involucran a países vecinos de Colombia.
Tras una reunión conjunta con Raúl Castro y sin haber precisado aún los términos del fin del conflicto, el Gobierno de Colombia y las FARC suscribieron el 19ENE16 un acuerdo para solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una misión encargada del “monitoreo y verificación” del “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”. La aparente prematura solicitud a la ONU para la verificación de un acuerdo que todavía no se concreta, forma parte de la arquitectura jurídica y operativa que Santos está armando a nivel interno y externo para contar con leyes, autoridad, finanzas y respaldo internacional para la inmediata implementación del acuerdo final con las FARC el cual podría estar firmado a mediados de año. Temores sobre tardanzas propias de la burocracia de la ONU en el diseño y conformación de la misión, hicieron adelantar la solicitud colombiana.
La resolución que ordenaría a la Secretaría General de la ONU el diseño de la misión de apoyo a Colombia sería sometida a consideración del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero, cuando la Presidencia del órgano estará en manos del Gobierno de Maduro. Se da por descontado que el Consejo de Seguridad aprobará la solicitud colombiana.
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El Gobierno colombiano habría vetado la participación de Venezuela como parte de la futura misión de la ONU para el monitoreo y verificación de fin del conflicto. El acuerdo sobre este tema suscrito por Santos y las FARC, solicita al Consejo de Seguridad el envío de “una misión política”, “no armada”, la cual deberá estar específicamente “integrada por observadores de países miembros de la CELAC”, es decir, con exclusiva presencia de latinoamericanos para satisfacción de las FARC. La noche del 19ENE16, Santos emitió un mensaje televisado desde el Palacio de Nariño en Bogotá, en el cual se mostró acompañado de representantes de los principales partidos políticos colombianos, salvo del uribista Centro Democrático. Santos precisó que los países que monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con las FARC “los escogerá Naciones Unidas en consulta con la Mesa de Conversaciones de La Habana” advirtiendo que “los países fronterizos” no formarán parte del mecanismo. Colombia posee fronteras terrestres con Panamá, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela, pero el mensaje de Santos obviamente se refería al gobierno venezolano. Dos días después de las precisiones de Santos, se conoció que Brasil ya está organizando su participación en el postconflicto en la vecina Colombia. El 21ENE16, el director para Suramérica de la cancillería brasileña, Paulo Estivallet de Mesquita, anunció que Brasil se dispone a participar en operaciones de verificación del desarme en Colombia, además de actividades de desminado y destrucción de armas explosivas.
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La participación de CELAC en el postconflicto colombiano será parte de los temas que serán tratados en la Cumbre de ese organismo a celebrarse en Quito, Ecuador, cuya etapa a nivel presidencial se cumplirá el 27ENE16. Por cierto, el nuevo presidente argentino Mauricio Macri confirmó su asistencia y se estrenará en las cumbres presidenciales regionales con su participación en CELAC. En contraste, Maduro quien ha rehuido hasta ahora un encuentro frontal con Macri, al cierre de este Informe aún no confirmaba su viaje a la reunión del organismo cuya creación el castrochavismo le adjudica a Hugo Chávez.
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El veto de Santos a la participación del Gobierno Maduro como verificador de los acuerdos con las FARC, contrasta con el rol que hasta ahora el régimen chavista cumplió a solicitud del Gobierno colombiano como país acompañante de las negociaciones en La Habana y apoyo logístico a las FARC. En medios políticos y militares colombianos corre la versión según la cual las FARC expresaron la intención de entregar su armamento al Gobierno de Venezuela, a lo cual se habrían opuesto los representantes de Santos en la mesa de negociación.
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La oposición brasileña pidió a las autoridades judiciales disolver el partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El líder del partido PSDB en la Cámara de diputados, Carlos Sampaio, solicitó el 20ENE16 a la Procuraduría General Electoral de Brasilia, la cancelación del registro del PT como partido político por haber recibido recursos desde el extranjero para financiar la campaña electoral del año 2006 cuando Lula optó por la reelección presidencial.
El proceso solicitado por Sampaio se basa en una de las nuevas revelaciones procedentes de las investigaciones sobre el esquema de corrupción dentro de la empresa petrolera estatal Petrobras revelados por la investigación denominada Lava Jato. El diario Valor Econômico divulgó el 18ENE16 extractos de las confesiones del exdirector de asuntos internacionales de Petrobras, Nestor Cerveró, a la Procuraduría General de la República. Cerveró reveló que la operación realizada por Petrobras para adquirir concesiones petroleras en Angola en 2005 por un monto de US$ 300 millones habría tenido como contraparte el suministro por la estatal angoleña Sonangol de aproximadamente US$ 12 millones para la campaña reeleccionista de Lula. El negocio entre Petrobras y Sonangol fue manejado por el gobierno de Lula como un asunto de Estado en el cual intervinieron altísimo funcionarios del gobierno brasileño. Además, Dilma Rousseff actuaba como Presidente del Consejo de Administración de Petrobras desde 2005, año cuando se realizaron las negociaciones con el gobierno de Angola.
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Las confesiones de Nestor Cerveró develando partes del esquema de corrupción dentro de Petrobras, involucran igualmente al gobierno de la familia Kirchner en Argentina. Según Cerveró, el poderoso ministro de planificación kirchnerista Julio de Vido, responsable de los negocios con el régimen chavista venezolano, implementó una estrategia para forzar que la brasileña Petrobras vendiera la empresa Transener a empresarios vinculados con el gobierno de los Kirchner. Petrobras era accionista mayoritario de Transener, empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en Argentina sobre la cual había mostrado interés el fondo de inversiones estadounidense Eton Park. De Vido emitió una resolución vetando la adquisición de Transener por la firma estadounidense y junto a los propietarios de la empresa argentina Electroingenería S.A., habría pactado con funcionarios de Petrobras para que la brasileña rompiera su negociación con Eton Park y vendiera Transener a un consocio creado por Electroingenería S.A. y la estatal argentina Enarsa. Transener, ya para entonces, formaba parte de la exclusiva lista de empresas que contaban con la bendición de Julio de Vido a nombre del gobierno Kirchner para realizar contratos con el régimen venezolano.
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En 2007, Petrobras vendió su participación en Transener, tal como lo habían procurado De Vido y los propietarios de Electroingenería. Enarsa es la empresa “petrolera” creada por el Gobierno de Néstor Kirchner en 2004, a sugerencia de Hugo Chávez, para canalizar el apoyo y los negocios petroleros que el chavismo aportó al Gobierno argentino.
Según Cerveró, sus gestiones desde dentro de Petrobras para complacer al gobierno argentino habrían sido recompensadas con un pago de US$300.000 procedente de las empresas argentinas que adquirieron Transener. La versión de Cerveró no es la única que hace referencia a esta operación ya que previamente el lobista brasileño Fernando Soares alias Fernando Baiano, había descrito y confesado su participación en la operación. Baiano, al igual que una lista de altos políticos brasileños de los partidos oficialistas PT y PMDB, habrían recibido propinas por facilitar la operación, según la confesión del propio lobista. El 14DIC07, el directorio y la gerencia de la empresa Transener fueron modificados, mediante la salida de los representantes de Petrobras y el ingreso de los voceros de la privada Electroingenieria y la estatal Enarsa. La mano de De Vido, en representación de los Kirchner, estuvo directamente involucrada en la selección de los nuevos cuadros gerenciales de la empresa. En 2009, Electroingenieria S.A. informó haber obtenido un contrato del gobierno de Venezuela por un monto de US$760 millones para la construcción de una central termoeléctrica en el estado Zulia.
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EDGAR C. OTÁLVORA
Analista
@ecotalvora
Analista
@ecotalvora
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El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, usual aliado del chavismo, afirmó el 21ENE16 que su Gobierno advirtió a los productores de su país para ser “cuidadosos” en sus negocios con Venezuela. El Gobierno uruguayo pidió a los productores lácteos y agrícolas que “acompasen” los suministros a Venezuela haciéndolos depender de “los trámites de pago y cobro”, ante la deuda que ya el Gobierno Maduro mantiene con pequeños y medianos productores de pollo, leche y quesos uruguayos.
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Las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC están tocando temas sensibles sobre el fin del conflicto los cuales involucran a países vecinos de Colombia.
Tras una reunión conjunta con Raúl Castro y sin haber precisado aún los términos del fin del conflicto, el Gobierno de Colombia y las FARC suscribieron el 19ENE16 un acuerdo para solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la creación de una misión encargada del “monitoreo y verificación” del “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”. La aparente prematura solicitud a la ONU para la verificación de un acuerdo que todavía no se concreta, forma parte de la arquitectura jurídica y operativa que Santos está armando a nivel interno y externo para contar con leyes, autoridad, finanzas y respaldo internacional para la inmediata implementación del acuerdo final con las FARC el cual podría estar firmado a mediados de año. Temores sobre tardanzas propias de la burocracia de la ONU en el diseño y conformación de la misión, hicieron adelantar la solicitud colombiana.
La resolución que ordenaría a la Secretaría General de la ONU el diseño de la misión de apoyo a Colombia sería sometida a consideración del Consejo de Seguridad durante el mes de febrero, cuando la Presidencia del órgano estará en manos del Gobierno de Maduro. Se da por descontado que el Consejo de Seguridad aprobará la solicitud colombiana.
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El Gobierno colombiano habría vetado la participación de Venezuela como parte de la futura misión de la ONU para el monitoreo y verificación de fin del conflicto. El acuerdo sobre este tema suscrito por Santos y las FARC, solicita al Consejo de Seguridad el envío de “una misión política”, “no armada”, la cual deberá estar específicamente “integrada por observadores de países miembros de la CELAC”, es decir, con exclusiva presencia de latinoamericanos para satisfacción de las FARC. La noche del 19ENE16, Santos emitió un mensaje televisado desde el Palacio de Nariño en Bogotá, en el cual se mostró acompañado de representantes de los principales partidos políticos colombianos, salvo del uribista Centro Democrático. Santos precisó que los países que monitorearán el cumplimiento de los acuerdos con las FARC “los escogerá Naciones Unidas en consulta con la Mesa de Conversaciones de La Habana” advirtiendo que “los países fronterizos” no formarán parte del mecanismo. Colombia posee fronteras terrestres con Panamá, Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela, pero el mensaje de Santos obviamente se refería al gobierno venezolano. Dos días después de las precisiones de Santos, se conoció que Brasil ya está organizando su participación en el postconflicto en la vecina Colombia. El 21ENE16, el director para Suramérica de la cancillería brasileña, Paulo Estivallet de Mesquita, anunció que Brasil se dispone a participar en operaciones de verificación del desarme en Colombia, además de actividades de desminado y destrucción de armas explosivas.
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La participación de CELAC en el postconflicto colombiano será parte de los temas que serán tratados en la Cumbre de ese organismo a celebrarse en Quito, Ecuador, cuya etapa a nivel presidencial se cumplirá el 27ENE16. Por cierto, el nuevo presidente argentino Mauricio Macri confirmó su asistencia y se estrenará en las cumbres presidenciales regionales con su participación en CELAC. En contraste, Maduro quien ha rehuido hasta ahora un encuentro frontal con Macri, al cierre de este Informe aún no confirmaba su viaje a la reunión del organismo cuya creación el castrochavismo le adjudica a Hugo Chávez.
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El veto de Santos a la participación del Gobierno Maduro como verificador de los acuerdos con las FARC, contrasta con el rol que hasta ahora el régimen chavista cumplió a solicitud del Gobierno colombiano como país acompañante de las negociaciones en La Habana y apoyo logístico a las FARC. En medios políticos y militares colombianos corre la versión según la cual las FARC expresaron la intención de entregar su armamento al Gobierno de Venezuela, a lo cual se habrían opuesto los representantes de Santos en la mesa de negociación.
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La oposición brasileña pidió a las autoridades judiciales disolver el partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El líder del partido PSDB en la Cámara de diputados, Carlos Sampaio, solicitó el 20ENE16 a la Procuraduría General Electoral de Brasilia, la cancelación del registro del PT como partido político por haber recibido recursos desde el extranjero para financiar la campaña electoral del año 2006 cuando Lula optó por la reelección presidencial.
El proceso solicitado por Sampaio se basa en una de las nuevas revelaciones procedentes de las investigaciones sobre el esquema de corrupción dentro de la empresa petrolera estatal Petrobras revelados por la investigación denominada Lava Jato. El diario Valor Econômico divulgó el 18ENE16 extractos de las confesiones del exdirector de asuntos internacionales de Petrobras, Nestor Cerveró, a la Procuraduría General de la República. Cerveró reveló que la operación realizada por Petrobras para adquirir concesiones petroleras en Angola en 2005 por un monto de US$ 300 millones habría tenido como contraparte el suministro por la estatal angoleña Sonangol de aproximadamente US$ 12 millones para la campaña reeleccionista de Lula. El negocio entre Petrobras y Sonangol fue manejado por el gobierno de Lula como un asunto de Estado en el cual intervinieron altísimo funcionarios del gobierno brasileño. Además, Dilma Rousseff actuaba como Presidente del Consejo de Administración de Petrobras desde 2005, año cuando se realizaron las negociaciones con el gobierno de Angola.
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Las confesiones de Nestor Cerveró develando partes del esquema de corrupción dentro de Petrobras, involucran igualmente al gobierno de la familia Kirchner en Argentina. Según Cerveró, el poderoso ministro de planificación kirchnerista Julio de Vido, responsable de los negocios con el régimen chavista venezolano, implementó una estrategia para forzar que la brasileña Petrobras vendiera la empresa Transener a empresarios vinculados con el gobierno de los Kirchner. Petrobras era accionista mayoritario de Transener, empresa dedicada a la distribución de energía eléctrica en Argentina sobre la cual había mostrado interés el fondo de inversiones estadounidense Eton Park. De Vido emitió una resolución vetando la adquisición de Transener por la firma estadounidense y junto a los propietarios de la empresa argentina Electroingenería S.A., habría pactado con funcionarios de Petrobras para que la brasileña rompiera su negociación con Eton Park y vendiera Transener a un consocio creado por Electroingenería S.A. y la estatal argentina Enarsa. Transener, ya para entonces, formaba parte de la exclusiva lista de empresas que contaban con la bendición de Julio de Vido a nombre del gobierno Kirchner para realizar contratos con el régimen venezolano.
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En 2007, Petrobras vendió su participación en Transener, tal como lo habían procurado De Vido y los propietarios de Electroingenería. Enarsa es la empresa “petrolera” creada por el Gobierno de Néstor Kirchner en 2004, a sugerencia de Hugo Chávez, para canalizar el apoyo y los negocios petroleros que el chavismo aportó al Gobierno argentino.
Según Cerveró, sus gestiones desde dentro de Petrobras para complacer al gobierno argentino habrían sido recompensadas con un pago de US$300.000 procedente de las empresas argentinas que adquirieron Transener. La versión de Cerveró no es la única que hace referencia a esta operación ya que previamente el lobista brasileño Fernando Soares alias Fernando Baiano, había descrito y confesado su participación en la operación. Baiano, al igual que una lista de altos políticos brasileños de los partidos oficialistas PT y PMDB, habrían recibido propinas por facilitar la operación, según la confesión del propio lobista. El 14DIC07, el directorio y la gerencia de la empresa Transener fueron modificados, mediante la salida de los representantes de Petrobras y el ingreso de los voceros de la privada Electroingenieria y la estatal Enarsa. La mano de De Vido, en representación de los Kirchner, estuvo directamente involucrada en la selección de los nuevos cuadros gerenciales de la empresa. En 2009, Electroingenieria S.A. informó haber obtenido un contrato del gobierno de Venezuela por un monto de US$760 millones para la construcción de una central termoeléctrica en el estado Zulia.
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