Otra moraleja: propiedad de la tierra y libre mercado
Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura. (EMOL.COM)
Cuando en una misma reunión se hablan dos idiomas distintos, lo lógico es lo que sucedió en la celebrada en Artemisa entre Jose Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y campesinos beneficiados por los Decretos-Leyes 259 (ya derogado) y 300 (vigente). No se entendieron.
Los campesinos se refirieron a los incumplimientos del Estado representado por sus diferentes organismos, incumplimientos sin solución a pesar de ser objeto de análisis en cuanto congreso, asamblea, fórum o reunión se celebra en Cuba.
Incumplimientos en los pagos de los productos vendidos por los campesinos, incumplimiento en la recogida de los productos cosechados, compra de productos a los campesinos a precios de tercera categoría y su posterior venta en el mercado a precios de primera, no entrega de insumos necesarios, contratos leoninos que favorecen a las entidades estatales, dificultades para obtener créditos o asegurar las cosechas, imposición de cuáles productos debe cultivar el agricultor sin tomar en cuenta las preferencias de los consumidores. Estos fueron planteamientos escuchados de boca de los productores, los que no deciden precios desde oficinas situadas en El Vedado.
Los requerimientos del representante del Partido Comunista y el Gobierno cubano se fueron por la tangente. O no oyó Machado Ventura lo expresado por los campesinos, o los intereses del Gobierno comunista se encuentran bien distantes de los del pueblo trabajador.
El dirigente exhortó a trabajar más, amenazó con quitar las tierras dadas en usufructo, reiterando que todas las tierras del país son propiedad del Estado, habló de orden, control, exigencia y disciplina, soslayó la responsabilidad del Gobierno cubano en que las desaparecidas empresas de acopio fueran un desastre donde la corrupción y la ineficiencia iban tomadas de la mano en perjuicio de productores y consumidores.
Toda la responsabilidad de los altos precios y la escasez de productos, el señor Machado Ventura la colocó sobre los hombros de los productores, y de paso proscribió e invisibilizó a los comerciantes y transportistas privados capaces de sacar los productos del campo, pagar en tiempo un precio justo acordado con los campesinos y situar las viandas y vegetales en los mercados.
Los altos precios y la escasa producción, como demuestran los últimos acontecimientos, los provoca la intromisión del Estado en las relaciones de mercado cuando no brinda seguridad de la tenencia de la tierra a los agricultores, los obliga a sembrar arbitrariamente determinados productos, fija una cuota de entrega a las entidades estatales al precio establecido por el propio Estado y califica como delincuentes a los que ganan dinero con su trabajo.
Los llevados y traídos intermediarios realizan una labor que el Estado, con todos los recursos de que dispone, no ha podido garantizar en 57 años de economía estatal planificada. Eliminar a los transportistas y comerciantes privados para sustituirlos con intermediarios gubernamentales es una opción que, por más que se intente, no resulta; la Empresa de Acopio, la Empresa de Frutas Selectas y todo el andamiaje burocrático creado por los mismos líderes de siempre solo sirvieron como entidades facilitadoras de la corrupción.
Está de más la insistencia en llamar usufructuarios a los tenedores de tierras, ellos están conscientes de su condición, y es por eso precisamente que son menos productivos. No es cuestión de tecnologías, recursos o métodos de trabajo, mucho menos de lo que los comunistas llaman conciencia, sino que son reglas universales que, si se olvidan, más tarde o más temprano pasarán la factura.
Esto es mío, luego, me interesa, lo cuido y lo hago crecer... Esto otro me produce placer, riquezas, bienestar para mí y mi familia, entonces, esto es lo que quiero hacer... Quien piense así no es malo o egoísta, es sencillamente humano desear obtener beneficios producto del trabajo honrado. Los gobernantes, en cambio, se creen en el derecho de gobernar equivocándose una y otra vez durante más de cinco décadas sin permitir críticas a su gestión, mientras reciben salario y prebendas extraídos del sudor de los trabajadores.
Las reuniones de los trabajadores con los dirigentes del Gobierno y Partido no funcionan porque el mecanismo está invertido: los dirigentes piden cuentas, exigen y amenazan, mientras los trabajadores tratan de defenderse sin ser escuchados. Los que deben ser servidores se han erigido en amos con derecho sobre la vida y hacienda de los ciudadanos. En esta historia hay muchas moralejas.
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