Los líderes latinoamericanos guardan silencio tras la condena a López
Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden la liberación
CARLOS E. CUÉ Buenos Aires 12 SEP 2015 - 01:47 CEST
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el pasado miércoles. / REUTERS
La delicada situación política que vive Sudamérica, con una grave crisis entre Venezuela y Colombia, quedó en evidencia de nuevo con el silencio de todos los presidentes ante la condena de 13 años de cárcel a Leopoldo López, el dirigente opositor venezolano. Mientras líderes de la oposición de varios países de la región, ex presidentes y organizaciones de derechos humanos y EE UU y la Unión Europea lanzaban una condena clara, los presidentes latinoamericanos guardaron silencio. El único que lo rompió fue el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. "Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue en Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy", aseguró.
Uno de los organismos regionales a los que pertenece Venezuela, Unasur, defendió la actuación de este país, mientras el Mercosur mantuvo el silencio. La Secretaría de Unasur aseguró en un comunicado que "reitera su respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados Miembros y confía que en el curso de las siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo López, pueda ejercer los recursos procesales que considere pertinentes su defensa".
La situación en Venezuela genera muchas tensiones internas en el continente. Los presidentes de la izquierda latinoamericana mantienen su apoyo a Nicolás Maduro y referentes como Lula Da Silva o Cristina Fernández de Kirchner reivindican constantemente al fallecido Hugo Chávez, pero cada vez se hace más difícil defender todo lo que hace el Gobierno venezolano.
Para Human Rights Watch la sentencia es “injusta” y muestra el “deterioro extremo” del estado de derecho en Venezuela. “Este caso es una farsa” llegó a decir José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Amnistía Internacional también denunció la “absoluta falta de independencia judicial” en este país. “Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”, aseveró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.
Las condenas en América Latina llegaban desde fuera de los gobiernos, como el líder opositor argentino, Mauricio Macri, que exigió a los presidentes de Mercosur que intervengan para que “se asegure el resguardo y libertad” de López. Las oposiciones en Perú o Uruguay también reclamaban a sus gobiernos que actúen mientras expresidentes como Álvaro Uribe o Andrés Pastrana, ambos colombianos, lanzaban mensajes muy duros contra Maduro.
La ONU también se mostró consternada por la “dura sentencia”. “Estamos preocupados por el derecho de López a un juicio justo, dado la información recibida sobre las irregularidades ocurridas durante su proceso, como la falta de evidencias para la acusación, el rechazo de testigos de la defensa, y los comentarios contra él expresados por altas instancias del Gobierno de Venezuela”, indicó el portavoz del alto comisionado de la institución para los derechos humanos, Rupert Colville. La ONU ya había determinado que la detención de López había sido arbitraria.
Mientras, en Europa y EE UU las condenas eran muy claras. John Kerry, secretario de Estado de EEUU, manifestó su preocupación por la "naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del gobierno". El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, demandó que López y "todos los presos políticos injustamente encarcelados" en Venezuela sean puestos en libertad.
La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, lamentó que el juicio del líder opositor venezolano Leopoldo López “haya fracasado en proveer a los acusados de garantías de transparencia y de un debido proceso legal” y reclamó que esta “dura” sentencia pueda ser revisada de una forma “justa y transparente”. La movilización era pues muy importante y la presión hacia los socios de Maduro en la región muy fuerte, pero de momento su respuesta ha sido la del silencio.
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