Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos llaman a tomar el aeropuerto de Acapulco
Los familiares se sienten engañados porque no hay pruebas de sus muertes
La ONG HRW denuncia que México 'usa la legalidad para excusar la negligencia'
Policías del estado mexicano de Guerrero, durante la operación de búsqueda de los 43 desaparecidos. REUTERS
"Cuánto dolor, cuánto coraje, al Gobierno no le importamos y si no aprenden por las buenas, que aprendan por las malas... No sé si lo que pretenden es que hagamos una revolución". El tono de las palabras de Manuel Martínez, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en conversación telefónica con EL MUNDO, es más desgarrador de lo habitual.
La Fiscalía presentó el viernes dos testimonios de quienes supuestamente participaron en el asesinato y calcinación de los jóvenes pero la única prueba tangible fue una bolsa llena de cenizas y restos humanos que todavía tiene que ser analizada. Por eso los familiares insisten que hasta que no haya pruebas científicas no creerán al ejecutivo. Se sienten "engañados" y "torturados" y llaman a nuevas movilizaciones.
"El lunes vamos a ocupar el aeropuerto de Acapulco", sentencia."Creemos que el pueblo nos apoyará si cabe con más fuerza. La gente está muy encabronada. Luego empezaremos la caravana por todo el país".
El hashtag #YaMeCansé, que comenzó a arrasar el viernes por la noche en las redes sociales ante la nueva versión oficial, muestra este hartazgo y recuerda el 'Estamos hasta la Madre' del Movimiento por la Paz que recorrió México en 2011 como un grito de guerra.
"Estamos ante la mayor barbarie cometida desde 1968, hechos propios de los gobiernos militares que América Latina parecía haber superado", dijo en entrevista el director para las Américas deHuman Right Watch, José Miguel Vivanco.
'Crímenes de Estado'
Iguala y la ejecución de 22 personas a manos de militares en Tlatlaya, cerca de Guerrero, en junio, son claros "crímenes de Estado" en los que hay que investigar no solo la negligencia de las autoridades de todos los niveles de Gobierno sino sus "posibles complicidades". En Tlatlaya hay constancias de que el Ejecutivo"encubrió la masacre" y en Iguala "las máximas autoridades de Guerrero supieron lo que estaba pasando en tiempo real" y no lo impidieron, añadió el experto.
Vivanco pidió al Ejecutivo federal mayores evidencias que corroboren su versión, por ejemplo, "garantías de que se ha respetado el debido proceso" con los detenidos puesto que el país tiene "un historial conocido de confesiones arrancadas a base de apremios,torturas y manipulación".
Asimismo, propuso una "auditoria internacional" que pueda verificar todos los pasos de la investigación y dé así un poco de tranquilidad a las familias.
Los afectados, recordó Vivanco, "son mexicanos ante los que hay obligaciones jurídicas del Gobierno federal" pero, sin embargo, el Ejecutivo se escudó en que era una cuestión local de Guerrero para no actuar. "¿Por qué? Porque considera la seguridad pública y los derechos humanos temas tóxicos que generan una imagen negativa del país".
"El Estado de Derecho en México es de papel y usan la legalidad para excusar la negligencia. Que el fiscal dijera que si hubiera actuado el ejército en Iguala, cuyo comandante en jefe es el presidente, , lo hubiera hecho para apoyar a los policías criminales refleja el problema tan grave que tiene México donde el clima de impunidad total es la regla y estamos ante fuerzas públicas acostumbradas a actuar de manera abusiva".
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