En la ONU critican existencia de grupos civiles armados
José Vicente Rangel Ávalos responderá a los señalamientos en la sesión de hoy
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Venezuela tenía 12 años sin informarle a la ONU sobre lo hecho en materia de combate contra la tortura CORTESIA CDH
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JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
viernes 7 de noviembre de 2014 12:00 AM
La presencia de grupos civiles armados en el país y que cada vez más los militares participen o dirijan los distintos planes de seguridad ciudadana lanzados por el Gobierno ha hecho saltar las alarmas en Naciones Unidas.
Así quedó en claro ayer durante la primera sesión de la evaluación a la que Venezuela está siendo sometida por el Comité contra la Tortura, durante la cual la instancia internacional reclamó de las autoridades nacionales explicaciones por ambas situaciones.
"¿Cuál es la postura del Gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley pero que posiblemente estén en coordinación con agentes de la ley? ¿Prevén la prohibición y desmantelamiento de esos grupos?", preguntó el danés Jens Modvig, uno de los dos responsables de redactar el informe que el mes que viene publicará el Comité sobre los avances y retrocesos dados por el país en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, a la delegación venezolana.
Distintas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que durante las protestas de febrero y junio grupos de civiles armados, presuntamente afectos al oficialismo, atacaron decenas de protestas estudiantiles y opositoras; y esa información la llevaron a la instancia con sede en Ginebra (Suiza).
Por su parte, la miembro del Comité, Essadia Belmir, dejó en claro su preocupación porque la Fuerza Armada participe en labores de seguridad y orden público.
"¿Están en un estado de excepción o emergencia que les obligue utilizar al Ejército y a la Milicia para mantener la ley?", preguntó a la delegación encabezada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, al tiempo que agregó: "¿No basta la policía?".
La estándares internacionales en materia de Derechos Humanos establecen que la lucha contra el crimen no es asunto castrense y ese principio lo recoge la Constitución, en su artículo 332, el cual reza: "Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil".
El Comité también preguntó sobre los cientos de denuncias de abusos y excesos contra detenidos en las manifestaciones, así como sobre la situación del opositor Leopoldo López y de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni. Las autoridades deben dar respuestas a todas estas interrogantes hoy.
La tortura, cosa del pasado
Durante su intervención ante el organismo, Rangel aseguró que las políticas del Estado para prevenir la tortura son "múltiples y eficientes a diferencia del pasado cuando existían gobiernos que promovían y ejecutaban el terrorismo".
Como prueba de ello mencionó el proceso de reforma policial puesto en marcha en 2006, la creación de la Policía Nacional y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en 2009; y más recientemente la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura.
"La tortura como sistema institucional y práctica normal del Estado ha sido proscrita, ello contrasta con el pasado cuando miles de venezolanos fueron torturados y desaparecidos. Ni un solo torturador fue enjuiciado, por el contrario eran protegidos", afirmó el funcionario.
Por las protestas que sacudieron al país entre febrero y junio el Ministerio Público abrió 186 investigaciones presuntos abusos y excesos policiales, por los cuales 13 funcionarios se encuentran tras las rejas.
El Viceministro no evadió el tema de lo ocurrido a principios de este año y tras acusar a "sectores antidemocráticos de la oposición" de volver a "la senda de la violencia y el terrorismo con la intención de perturbar la paz y derrocar al legítimo Gobierno del presidente Nicolás Maduro" defendió a los cuerpos de seguridad, de los cuales dijo que actuaron en "estricto apego a la legalidad democrática".
Por último, aseguró que las 148 personas que siguen detenidas están en calabozos por "graves hechos delictivos y criminales" y no por "manifestarse pacíficamente".
Así quedó en claro ayer durante la primera sesión de la evaluación a la que Venezuela está siendo sometida por el Comité contra la Tortura, durante la cual la instancia internacional reclamó de las autoridades nacionales explicaciones por ambas situaciones.
"¿Cuál es la postura del Gobierno respecto de los colectivos, grupos armados que actúan fuera de la ley pero que posiblemente estén en coordinación con agentes de la ley? ¿Prevén la prohibición y desmantelamiento de esos grupos?", preguntó el danés Jens Modvig, uno de los dos responsables de redactar el informe que el mes que viene publicará el Comité sobre los avances y retrocesos dados por el país en materia de lucha contra la tortura y los malos tratos, a la delegación venezolana.
Distintas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que durante las protestas de febrero y junio grupos de civiles armados, presuntamente afectos al oficialismo, atacaron decenas de protestas estudiantiles y opositoras; y esa información la llevaron a la instancia con sede en Ginebra (Suiza).
Por su parte, la miembro del Comité, Essadia Belmir, dejó en claro su preocupación porque la Fuerza Armada participe en labores de seguridad y orden público.
"¿Están en un estado de excepción o emergencia que les obligue utilizar al Ejército y a la Milicia para mantener la ley?", preguntó a la delegación encabezada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, al tiempo que agregó: "¿No basta la policía?".
La estándares internacionales en materia de Derechos Humanos establecen que la lucha contra el crimen no es asunto castrense y ese principio lo recoge la Constitución, en su artículo 332, el cual reza: "Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil".
El Comité también preguntó sobre los cientos de denuncias de abusos y excesos contra detenidos en las manifestaciones, así como sobre la situación del opositor Leopoldo López y de la suspendida jueza María Lourdes Afiuni. Las autoridades deben dar respuestas a todas estas interrogantes hoy.
La tortura, cosa del pasado
Durante su intervención ante el organismo, Rangel aseguró que las políticas del Estado para prevenir la tortura son "múltiples y eficientes a diferencia del pasado cuando existían gobiernos que promovían y ejecutaban el terrorismo".
Como prueba de ello mencionó el proceso de reforma policial puesto en marcha en 2006, la creación de la Policía Nacional y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en 2009; y más recientemente la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura.
"La tortura como sistema institucional y práctica normal del Estado ha sido proscrita, ello contrasta con el pasado cuando miles de venezolanos fueron torturados y desaparecidos. Ni un solo torturador fue enjuiciado, por el contrario eran protegidos", afirmó el funcionario.
Por las protestas que sacudieron al país entre febrero y junio el Ministerio Público abrió 186 investigaciones presuntos abusos y excesos policiales, por los cuales 13 funcionarios se encuentran tras las rejas.
El Viceministro no evadió el tema de lo ocurrido a principios de este año y tras acusar a "sectores antidemocráticos de la oposición" de volver a "la senda de la violencia y el terrorismo con la intención de perturbar la paz y derrocar al legítimo Gobierno del presidente Nicolás Maduro" defendió a los cuerpos de seguridad, de los cuales dijo que actuaron en "estricto apego a la legalidad democrática".
Por último, aseguró que las 148 personas que siguen detenidas están en calabozos por "graves hechos delictivos y criminales" y no por "manifestarse pacíficamente".
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