Activistas del Movimiento Dignidad continúan siendo detenidas cada vez que salen a la calle
"Íbamos para el municipio Mella, Moraima Díaz Pérez y yo junto a otros dos activistas, a sacar una línea de teléfono. Cuando estábamos haciendo la cola en el punto de ETECSA un agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Maikol y varios oficiales de la Policía llegaron y nos sacaron de allí", precisó Ferrer.
"Nos llevaron para la unidad de la Policía, allí nos quitaron el teléfono, nos registraron, quisieron que nos quitáramos la ropa, que nosotros no lo permitimos", añadió.
"Se quedaron con mi teléfono y el de Moraima, y estuvimos allí un rato. A mí me soltaron porque estoy embarazada, junto a mi esposo, pero Moraima Díaz aún estaba allí" en la tarde del martes, denunció.
"Nosotras estamos en nuestras casas como si estuviéramos presas, no podemos salir a ningún lugar dentro o fuera del municipio. Si intentamos salir, llegadas a un punto nos interceptan y nos viran o nos llevan detenidas", lamentó.
"En las casas estamos sitiadas, siempre tenemos a alguien vigilando, siguiéndonos".
Por su parte, José Amaury Abelenda Hierrezuelo, el camarógrafo del movimiento femenino detenido el jueves de la semana pasada durante el allanamiento de su vivienda, y recién liberado, explicó a DDC que "ha sido víctima de varias amenazas entre ellas que lo llevan a prisión y le han entregado dos cartas de advertencia".
El martes fue citado nuevamente por las autoridades.
"El capitán Boris que lleva el caso me dijo que tenía que irme de aquí del municipio para La Habana, a esconderme, a trabajar con campesinos por un año, que me fuera o me condenaban por peligrosidad predelictiva", dijo.
Los integrantes del Movimiento Dignidad han sido blanco de varias "acciones represivas" del régimen: las mujeres que forman el grupo opositor fueron "expulsadas" del Santuario de El Cobre, han recibido "amenazas" y sus viviendas han sido "allanadas", según han denunciado.
La organización reclama la amnistía incondicional e inmediata para todas las personas actualmente detenidas por supuesta "peligrosidad predelictiva" y la supresión en el Código Penal de ese concepto arbitrario, así como el monitoreo nacional e internacional de las prisiones para que cesen los asesinatos, torturas y maltratos en ellas.
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