Un problema de costo-beneficio
Arresto del periodista independiente Yuri Valle Roca en el Día de los Derechos Humanos. La Habana, 10 de diciembre de 2015. (AFP)
Detención de una Dama de Blanco en el Día de los Derechos Humanos. La Habana, 10 de diciembre de 2015. (TELE CINCO)
El presente trabajo no va a tratar de economía, aunque el título parezca decir lo contrario. Esto trata de sentido común político, que también se rige por ciertas leyes de carácter universal. El Gobierno cubano, en su tozudez característica, pretende resolver sus diferencias con el Gobierno norteamericano poniendo en
práctica una política de confrontación que ni China o Irán han considerado aplicar en sus relaciones con EEUU.
Esas dos potencias, al igual que la mayor parte de las naciones en el mundo, practican la conciliación con EEUU, no por miedo, sino porque el discurso contencioso provoca en ciertos círculos de la política de ese país una reacción hacia la no colaboración.
Cuando un presidente de mano suave como Barack Obama hace todo lo posible por acercarse a la más prolongada y férrea dictadura de la historia del Hemisferio Occidental, incluidas de izquierda y derecha, Raúl Castro se mantiene en sus trece y ante las denuncias norteamericanas de las flagrantes violaciones de los derechos civiles y políticos en Cuba, contraataca argumentando en su defensa que en la mayor isla del Caribe la educación y la salud son gratuitas, lo cual es mentira, y que en EEUU la policía mata ciudadanos de la raza negra, algo que también ocurre con los de raza blanca.
Con estas razones sostienen su derecho a no reconocer los Pactos Internacionales de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles, Políticos y Económicos. Para el Gobierno cubano los únicos derechos humanos reconocibles son los que el Partido Comunista acepte, sin importar la opinión del resto del mundo civilizado.
En un auditorio conformado supuestamente a su gusto cuando el actual Consejo de Derechos Humanos sustituyó hace diez años a la comisión encargada de dichos asuntos, el representante del Gobierno cubano se queja de parcialidad y de la aplicación de un doble rasero en el análisis de los derechos humanos.
El Gobierno de EEUU no coarta las investigaciones y denuncias de cualquier hecho relacionado con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de los 50 estados de la Unión, a pesar de tampoco haber ratificado los Pactos; la prensa de ese país, las organizaciones no gubernamentales, los órganos de justicia y cualquier persona con un teléfono celular, es libre de exponer y denunciar los atropellos a los derechos ciudadanos. El mundo sabe de eso. En cuanto al derecho a los servicios de educación y salud pública, EEUU es el país que más recursos les dedica, aunque sean insuficientes y en cierta medida ineficientes.
Tratar de ampararse en los problemas ajenos, que son evidentes, para justificar los propios, es una política miope que lejos de ganarle el respeto y la solidaridad internacional aísla a Cuba del resto de los países comprometidos a mejorar el cumplimiento de todos los derechos humanos en el mundo.
Los derechos civiles y políticos de los individuos no excluyen que los gobiernos se ocupen de la salud y la educación de sus gobernados, por lo que cuando el Gobierno cubano pretende reconocer solo estos y hacerse de la vista gorda en lo que respecta a la libertad de expresión, de asociación y reunión, está discriminando en contra de todo fundamento jurídico y moral, favoreciendo una visión populista de los derechos humanos en detrimento del derecho a ser libres.
¿Qué beneficios obtiene el Gobierno cubano al negarse a ratificar y respetar los pactos antes mencionados? En realidad, con ello únicamente logran una apariencia de unanimidad y estabilidad social y política, a la vez que el aislamiento de las voces disidentes. Pero los costos de este actuar no son poca cosa pese a la opinión que puedan tener al respecto los dirigentes cubanos.
Si el Gobierno cubano ratifica los Pactos y deja de reprimir a manifestantes pacíficos, libera a los presos de conciencia que continúan encarcelados o bajo licencia extrapenal, permite regresar a su país a los deportados, y suspende las detenciones de corta duración, solo con estas medidas, republicanos y demócratas en el Senado y Congreso norteamericanos se pondrían de acuerdo en cuanto a la eliminación del embargo, y las dilatadas conversaciones con la Unión Europea llegarían a feliz término sin tanto esfuerzo.
Estas medidas de carácter interno, no provocarán un estallido social ni la intervención de tropas extranjeras, sino el ambiente propicio para que los cubanos podamos construir un país sin la coyunda americana de 1901 ni la soviética de 1976, cuando nos fueron impuestas constituciones con enmiendas o no, al gusto de potencias extranjeras. En este caso, el costo sería mínimo, a cambio de perder una cuota de su poder absoluto, Cuba se encaminaría hacia la normalización de las relaciones entre los gobernantes y el pueblo y los beneficios para el país serían infinitos en el orden económico, político y social.
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