Ofensiva anticorrupción en Cuba apunta contra figuras de poder
En la isla 75% de los negocios estatales están controlados por militares
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Hasta $91 millones perdió el Estado cubano en el sonado caso de corrupción
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FRANK LÓPEZ BALLESTEROS | EL UNIVERSAL
domingo 5 de octubre de 2014 12:00 AM
La ofensiva anticorrupción en Cuba está pesando sobre figuras importantes vinculadas al poder en ese país, a pesar de que tuvieron nexos durante años con el Gobierno.
Durante años los hermanos Castro, que gobiernan la isla de 1959, colocaron a militares en los principales puestos políticos, en ministerios y en empresas del Estado, por lo que conocen a quien otorgan contratos y beneficios especiales.
Este viernes un tribunal de la isla condenó a penas de hasta 20 años de cárcel a tres empresarios canadienses y 14 funcionarios cubanos involucrados en corrupción que según el Gobierno provocó pérdidas al fisco por 91 millones de dólares.
No es el único caso en el que Cuba sienta en el banquillo a empresarios extranjeros y funcionarios locales, pero sí deja un precedente tras la aprobación en marzo pasado de la Ley de Inversión Extranjera, mediante la cual La Habana busca atraer capital foráneo.
La adaptación del modelo económico que impulsa Raúl Castro desde 2008 coronó su modernización con esta ley, mediante la cual el Estado se desprende de su vinculación en solitario con diversos sectores.
Las condenas recientes contra la corrupción apuntan a enviar un mensaje para evitar que el pago de sobornos o el tráfico de influencias se conviertan en una práctica habitual e institucionalizada en una nación en la que el Estado controla 80% de la economía y ahora busca "liberalizar sus negocios".
Entre los condenados este viernes está Vahe Cy Tokmakjian, presidente de la sucursal en La Habana de Tokmakjian Group Inc, un empresa de repuestos y otras ramas industriales ligadas al turismo y transporte que durante años se congració con funcionarios del régimen para ganar contratos y cometer actos de corrupción, según la acusación oficial.
En ese mismo proceso fue condenado a 20 años de prisión el exviceministro cubano del Azúcar, Nelson Labrada, y a entre seis y 12 años un grupo de exfuncionarios cubanos y empleados de diversos sectores de la empresa canadiense.
Los detalles del proceso revelan en esencia que el empresario canadiense manejó tráfico de influencia y comisiones para beneficiarse de negocios estatales, un delito que el Gobierno viene combatiendo desde hace tiempo, buscando así acabar con la "cultura del soborno".
En un país donde militares controlan 75% de las industrias, según expertos, los sueldos de civiles alcanzan un máximo de 30 dólares y los extranjeros tienen más derechos que los cubanos a la hora adquirir bienes y servicios, el soborno pareciera haberse convertido en el arma más fiable para obtener beneficios empresariales, que a la luz de la sentencia el Gobierno quiere evitar.
Con la creación en 2009 de la Contraloría General de la Nación, muchos casos de corrupción salieron al aire y poco a poco generales, empresarios y extranjeros han sido acusados, aunque hasta el momento hay pocos "peces gordos" del poder tras las rejas.
Un caso sonado fue el de Miguel Álvarez, principal colaborador del ahora expresidente del Parlamento Ricardo Alarcón, del que se supo que hasta 2012 usó su influencia en sectores como el turismo para que ejecutivos extranjeros se beneficiaran con negocios estatales.
La caída en desgracia del canadiense Tokmakjian obligará a Cuba a ser más transparente en sus procesos anticorrupción, siendo un arma de doble filo que puede comenzar a ahuyentar a futuros inversionistas que no se ven protegidos en un sistema en el que el Estado tendrá siempre la última palabra.
Durante años los hermanos Castro, que gobiernan la isla de 1959, colocaron a militares en los principales puestos políticos, en ministerios y en empresas del Estado, por lo que conocen a quien otorgan contratos y beneficios especiales.
Este viernes un tribunal de la isla condenó a penas de hasta 20 años de cárcel a tres empresarios canadienses y 14 funcionarios cubanos involucrados en corrupción que según el Gobierno provocó pérdidas al fisco por 91 millones de dólares.
No es el único caso en el que Cuba sienta en el banquillo a empresarios extranjeros y funcionarios locales, pero sí deja un precedente tras la aprobación en marzo pasado de la Ley de Inversión Extranjera, mediante la cual La Habana busca atraer capital foráneo.
La adaptación del modelo económico que impulsa Raúl Castro desde 2008 coronó su modernización con esta ley, mediante la cual el Estado se desprende de su vinculación en solitario con diversos sectores.
Las condenas recientes contra la corrupción apuntan a enviar un mensaje para evitar que el pago de sobornos o el tráfico de influencias se conviertan en una práctica habitual e institucionalizada en una nación en la que el Estado controla 80% de la economía y ahora busca "liberalizar sus negocios".
Entre los condenados este viernes está Vahe Cy Tokmakjian, presidente de la sucursal en La Habana de Tokmakjian Group Inc, un empresa de repuestos y otras ramas industriales ligadas al turismo y transporte que durante años se congració con funcionarios del régimen para ganar contratos y cometer actos de corrupción, según la acusación oficial.
En ese mismo proceso fue condenado a 20 años de prisión el exviceministro cubano del Azúcar, Nelson Labrada, y a entre seis y 12 años un grupo de exfuncionarios cubanos y empleados de diversos sectores de la empresa canadiense.
Los detalles del proceso revelan en esencia que el empresario canadiense manejó tráfico de influencia y comisiones para beneficiarse de negocios estatales, un delito que el Gobierno viene combatiendo desde hace tiempo, buscando así acabar con la "cultura del soborno".
En un país donde militares controlan 75% de las industrias, según expertos, los sueldos de civiles alcanzan un máximo de 30 dólares y los extranjeros tienen más derechos que los cubanos a la hora adquirir bienes y servicios, el soborno pareciera haberse convertido en el arma más fiable para obtener beneficios empresariales, que a la luz de la sentencia el Gobierno quiere evitar.
Con la creación en 2009 de la Contraloría General de la Nación, muchos casos de corrupción salieron al aire y poco a poco generales, empresarios y extranjeros han sido acusados, aunque hasta el momento hay pocos "peces gordos" del poder tras las rejas.
Un caso sonado fue el de Miguel Álvarez, principal colaborador del ahora expresidente del Parlamento Ricardo Alarcón, del que se supo que hasta 2012 usó su influencia en sectores como el turismo para que ejecutivos extranjeros se beneficiaran con negocios estatales.
La caída en desgracia del canadiense Tokmakjian obligará a Cuba a ser más transparente en sus procesos anticorrupción, siendo un arma de doble filo que puede comenzar a ahuyentar a futuros inversionistas que no se ven protegidos en un sistema en el que el Estado tendrá siempre la última palabra.
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