Asociación de Alcaldes cuestiona sentencia del TSJ contra Ocariz
Los regidores de la oposición rechazan "el uso del Poder Judicial para perseguir a la disidencia" y destacan que el oficialismo "destina fondos y recurso humano" para sabotear las gestiones municipales de la Unidad.
EL UNIVERSAL
domingo 26 de octubre de 2014 03:25 PM
Caracas.- La Asociación Civil de Alcaldes por Venezuela (que agrupa a los regidores de la oposición) rechazó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde del municipio Sucre del estado Miranda y miembro de la directiva de esta asociación, Carlos Ocariz. De acuerdo con esta organización, "dicha sentencia deja al descubierto el uso de la justicia venezolana, por el oficialismo, para atacar a líderes electos de la oposición y le muestra al mundo la pérdida de independencia de los tribunales nacionales".
La agrupación destaca que la "persecución contra Ocariz es solo la más reciente prueba de cómo en Venezuela las cortes de justicias se han convertido en arma política para el Gobierno central". Recuerdan que en Venezuela se contabilizan aproximadamente 87 presos políticos solo en lo que va de 2014, entre los cuales destacan al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, Daniel Omar Ceballos, ex alcalde electo en el Municipio San Cristóbal (Táchira), destituido y condenado a 12 meses de prisión, y Enzo Scarano, ex alcalde electo en el Municipio San Diego (Carabobo), destituido y condenado a diez meses y 15 días de prisión, acusado de desacato judicial por no haber impedido la obstaculización de las vías públicas.
La asociación también censura la sanción impuesta a la alcaldesa del Municipio San Diego, Rosa de Scarano, a quien prohíbe las visitas a su esposo Enzo Scarano, durante 30 días, "lo cual es una evidente violación al derecho consagrado en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal", acotan.
"Estas decisiones, junto a otras, muestran el resquebrajamiento del orden jurídico e institucional, el cual solo responde a los mandatos ordenados por miembros del oficialismo y que funcionan como brazo político del partido de Gobierno, violando el respeto a un Estado de Derecho, que contempla la separación e independencia de los poderes públicos, como lo indica expresamente el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)", sostienen los alcaldes en su comunicado.
La organización expone como "otra evidencia más de la parcialidad de la justicia venezolana", que actualmente existe un gran número de demandas a distintas alcaldías que esperan sentencia por parte del TSJ, las cuales aún no han sido admitidas y "casualmente están dirigidas por alcaldes adeptos al Gobierno, siendo notorio que el tribunal no ha tenido la misma celeridad y respuesta expedita que aplicó en la demanda contra el alcalde Carlos Ocariz".
"Más allá del uso ilegal de los tribunales nacionales para propósitos políticos, desde el oficialismo se está realizando una inmensa campaña que destina fondos y recurso humano, para sabotear las gestiones municipales, ocasionando un gran perjuicio al pueblo venezolano, sólo con el fin de cumplir decisiones políticas partidistas que se encuentran muy lejos del bien común, generando un daño emocional, económico y social a los miembros de la comunidad", denuncian.
Los alcaldes de la oposición exhortan al Gobierno a respetar la independencia del Poder Judicial y desistir de sus esfuerzos por "criminalizar la oposición política en el país".
La agrupación destaca que la "persecución contra Ocariz es solo la más reciente prueba de cómo en Venezuela las cortes de justicias se han convertido en arma política para el Gobierno central". Recuerdan que en Venezuela se contabilizan aproximadamente 87 presos políticos solo en lo que va de 2014, entre los cuales destacan al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, Daniel Omar Ceballos, ex alcalde electo en el Municipio San Cristóbal (Táchira), destituido y condenado a 12 meses de prisión, y Enzo Scarano, ex alcalde electo en el Municipio San Diego (Carabobo), destituido y condenado a diez meses y 15 días de prisión, acusado de desacato judicial por no haber impedido la obstaculización de las vías públicas.
La asociación también censura la sanción impuesta a la alcaldesa del Municipio San Diego, Rosa de Scarano, a quien prohíbe las visitas a su esposo Enzo Scarano, durante 30 días, "lo cual es una evidente violación al derecho consagrado en la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal", acotan.
"Estas decisiones, junto a otras, muestran el resquebrajamiento del orden jurídico e institucional, el cual solo responde a los mandatos ordenados por miembros del oficialismo y que funcionan como brazo político del partido de Gobierno, violando el respeto a un Estado de Derecho, que contempla la separación e independencia de los poderes públicos, como lo indica expresamente el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)", sostienen los alcaldes en su comunicado.
La organización expone como "otra evidencia más de la parcialidad de la justicia venezolana", que actualmente existe un gran número de demandas a distintas alcaldías que esperan sentencia por parte del TSJ, las cuales aún no han sido admitidas y "casualmente están dirigidas por alcaldes adeptos al Gobierno, siendo notorio que el tribunal no ha tenido la misma celeridad y respuesta expedita que aplicó en la demanda contra el alcalde Carlos Ocariz".
"Más allá del uso ilegal de los tribunales nacionales para propósitos políticos, desde el oficialismo se está realizando una inmensa campaña que destina fondos y recurso humano, para sabotear las gestiones municipales, ocasionando un gran perjuicio al pueblo venezolano, sólo con el fin de cumplir decisiones políticas partidistas que se encuentran muy lejos del bien común, generando un daño emocional, económico y social a los miembros de la comunidad", denuncian.
Los alcaldes de la oposición exhortan al Gobierno a respetar la independencia del Poder Judicial y desistir de sus esfuerzos por "criminalizar la oposición política en el país".
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