Una decisión esperada y con fines políticos
Así lo consideran los catedráticos en Derecho Constitucional y Derecho Penal, Antonio Canova y Fernando Fernández, para quienes las declaraciones realizadas por altos funcionarios del Gobierno, comenzando por el presidente Nicolás Maduro, hicieron prever el veredicto del juicio contra López, tras los sucesos del 12 de febrero de 2014
VENEZUELA
CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
“La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”, dijo el Libertador Simón Bolívar sobre el significado de la justicia.
Sin embargo, la condena de casi 14 años de prisión que la jueza Susana Barreiros le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, así como los procesos abiertos por otros tribunales contra dirigentes opositores en los últimos meses, indica que el poder judicial venezolano, encargado de administrar la justicia sin la injerencia del Estado, según dicta la regla internacional; sólo tiene la intención de atender los deseos del oficialismo.
Así lo consideran los catedráticos en Derecho Constitucional y Derecho Penal, Antonio Canova y Fernando Fernández, para quienes las declaraciones realizadas por altos funcionarios del Gobierno, comenzando por el presidente Nicolás Maduro, hicieron prever el veredicto del juicio contra López, tras los sucesos del 12 de febrero de 2014.
“Él es responsable de crímenes y tiene que pagar ante la justicia y va a pagar ante la justicia, tiene que pagar y va a pagar. Bastante daño le hizo a este país (…) buscando ‘La Salida’ encontró la entrada a la justicia”, declaró el mandatario venezolano en julio de 2014.
No obstante, más claro fue el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, quien apenas seis días antes de que se conociera el resultado, aseveró, durante una alocución en su programa de televisión Con el mazo dando, que el mismo sería desfavorable al opositor. “Viene la condena, viene la condena. Ahora viene la decisión del Tribunal y debe quedar bien claro ante el país que ese señor llamó al asesinato de 43 personas. Aquí tiene que haber justicia para que haya paz”.
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Sin sorpresas
Estas afirmaciones, así como la actitud de los fiscales y de la jueza de negarle a López la posibilidad de presentar pruebas en el juicio, además de prohibir que el proceso fuera público, presagiaron lo que ocurrió, según los expertos.
“Era una condena esperada, la cual fue producto más de una persecución política que de un proceso judicial. Esta sentencia no es una sentencia, porque no la dictó una jueza. Susana Barreiros no es una jueza sino una operadora política que tiene el cargo de jueza”, afirmó Canova, quien recordó que el hecho de que la funcionaria sea, como el 66% de los jueces de Venezuela, provisoria y haya sido designada a dedo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) facilita que decida a conveniencia de factores externos.
Para el experto la decisión del chavismo de ampliar en 2004 el TSJ fue el broche de oro del proceso de cooptación que se inició en 1999 con la Constituyente, porque “al controlar el TSJ controlas a todos los tribunales, porque el TSJ es quien designa y remueve, mediante una comisión, al grueso de los jueces de Venezuela, sin que muchas veces medie explicación alguna y como el TSJ lo que ha hecho es avalar ya sin pudor las posiciones del Gobierno, pues nadie osará contradecirlo”.
En similares términos se pronunció Fernández, para quien lo ocurrido en este caso se hubiera podido prevenir si continuara vigente la figura de los escabinos (especie de jurados ciudadanos) que fue suprimida del Código Orgánico Procesal Penal (la ley que regula los juicios) por el fallecido Hugo Chávez en 2012.
“Los ciudadanos son más independientes que los jueces provisorios, los cuales debido a que no gozan de estabilidad en sus cargos están a merced de presiones externas para sentenciar contra su conciencia”, afirmó, al mismo tiempo que se mostró sorprendido porque la jueza Barreiros condenó a López por la ejecución de un delito de asociación para delinquir, el cual “es un delito eminentemente económico, dónde está el provecho económico que obtuvo López de sus acciones”.
Por otra parte, Canova echó mano de los resultados de un estudio que realizó, junto a un equipo de colaboradores, donde analizó más de 45.000 sentencias que las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral dictaron desde 2003, y el cual arrojó cifras tales como que el 93% de las demandas que particulares interpusieron contra el Estado fueron ganadas por este último y este porcentaje se eleva al 100% si el Gobierno tiene un interés particular.
“No hay una sola sentencia contra una estatización, contra una medida económica o contra una ley que interese al Gobierno”, se quejó, al tiempo que recordó que la actual presidenta del máximo juzgado, la magistrada Gladys Gutiérrez, antes fue embajadora de Venezuela en España y procuradora general, es decir “funcionaria de confianza del fallecido Hugo Chávez y un personaje que no se puede considerar imparcial”.
Por último, Fernández equiparó el proceso a López con el que en su momento sufrieron Sócrates o Cristo, quienes, según él, fueron enjuiciados “por sus palabras” y por ello lo tachó de “preso de conciencia”.
Los delitos
Asociación para delinquir. La Fiscalía acusó a López de haber acordado, junto a los estudiantes Cristián Holdack, Demián Martín, Marcos Coello y Ángel González, los disturbios ocurridos el 12 de febrero de 2014, pese a que no presentó pruebas que corroboraran que los cinco se conocían previamente ni formaban parte de alguna organización.
Instigación pública. La Fiscalía sostuvo que López, a través de sus discursos y mensajes de Twitter, llamó a los venezolanos a salir a las calles para deponer al presidente Nicolás Maduro y para ello le pidió a una lingüista (Rosa Asuaje) que analizara sus palabras y aunque ella reconoció que no hubo mensajes expresos a la violencia concluyó: “No establecimiento lineamientos precisos sobre las características de las protestas” esto “sin duda” fue “detonante que pudo coadyuvar en la exacerbación de sus seguidores”.
Incendio. Los fiscales sostienen que López provocó el incendio de la sede principal del Ministerio Público, sin embargo ese edificio más allá de algunas ventanas rotas no ardió. La Fiscalía no solo pudo presentar restos de cuatro bombas molotov, de las cuales sólo una tenía la mecha con signos parciales de haber sido encendida.
Daños. También lo acusaron de incitar los destrozos a seis patrullas del Cicpc, sin embargo en el juicio dos adolescentes, que acudieron como testigos, confesaron haber atacado los vehículos y dijeron que lo hicieron porque estaban bebidos y sin que nadie se los pidiera. Los jóvenes, aunque fueron detenidos el día de los sucesos, no fueron procesados.
Lo que dijo Leopoldo
“Estoy preso por mis palabras”, julio de 2014.
“Esto es un juicio político (...) Soy un preso de conciencia, un preso del presidente Nicolás Maduro, quien me condenó previamente”, agosto de 2014.
“Usted tiene más miedo de dictar esta sentencia que yo de escucharla”, en la sesión final.
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