Un activista denuncia que el régimen lo acusa de 'proxenetismo' para frenar una campaña sobre el matrimonio gay
Los activistas independientes denuncian persecución policial. (CUBADEBATE)
El activista por los derechos del colectivo LGBTI en Cuba Navid Fernández aseguró este martes, en declaraciones a DIARIO DE CUBA, que fue amenazado el lunes por parte de la Seguridad del Estado con falsas acusaciones de proxenetismo.
El activista vincula estos hechos al auge de una campaña independiente a favor
del matrimonio igualitario en la Isla, "Nosotros también amamos", y que, según su opinión, podría en el futuro forzar a un cambio constitucional, "un logro que sentaría un precedente para otras demandas de la sociedad civil".
Es en este contexto, que el opositor denunció las estrategias de la Seguridad del Estado.
El activista estuvo varias horas retenido en el Departamento de Lacra de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) donde fue citado para mantener una entrevista.
Allí estuvo "semidetenido" porque, según le comentaron, había varias personas que lo habían denunciado "por proxenetismo".
"Decían que había tenido menores en la casa y que les pagaba para hacer sexo y filmaciones, por lo que me iban a ocupar el disco duro de mi computadora para revisar", explicó Fernández.
El activista se opuso a la ocupación y reclamó una orden judicial para permitir el acceso al disco duro.
Rápidamente la conversación pasó a cuestiones de activismo y a sus críticas hacia el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que dirige Mariela Castro.
"Pasamos al tema de la campaña 'Nosotros también amamos' y me preguntaron sobre mis relaciones con Mariela y por qué le tiraba tanto a ella", explicó.
Durante el interrogatorio, la policía trató de encontrar incongruencias en el discurso del activista para mantenerlo detenido, sin lograrlo, según contó el propio afectado. Asimismo, consideró que las personas que lo interrogaron no eran de la PNR sino agentes de la Seguridad del Estado.
El activista cree que la operación fue una maniobra dirigida contra la campaña del matrimonio igualitario.
La iniciativa arrancó en diciembre pasado en siete provincias y plantea a las personas que pidan a los delegados del Poder Popular la posibilidad de casarse con personas del mismo sexo.
De acuerdo con el opositor, la campaña es constitucional y pretende usar la autoridad de los delegados para plantear demandas de la ciudadanía a la Asamblea Nacional obligando a que se pronuncie y dé una respuesta a las peticiones.
Para Fernández, un triunfo de esta campaña abriría la puerta a aceptar otros proyectos de la sociedad civil que plantean más aperturas al régimen. El activista señaló que ante esta posibilidad la Seguridad del Estado tiene una estrategia para frenar las iniciativas independientes.
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