Mercosur estudia suspender a Maduro por ruptura de orden democrático
El régimen venezolano amenaza con la masiva utilización de personal militar y cuadros partidistas para reprimir las protestas en el país
INFORME OTÁLVORA
EDGAR C. OTÁLVORA
Analista
@ecotalvora
Analista
@ecotalvora
El régimen venezolano amenaza con la masiva utilización de personal militar y cuadros partidistas para reprimir las protestas en el país.
Tras suspender las garantías constitucionales en Venezuela, Nicolás Maduro anunció la realización de “ejercicios militares” los días 20 y 21MAY16. En los “ejercicios” denominados “Independencia II 2016”, aparte de prácticas de desembarcos de infantería de marina o uso de sistemas de defensa antiaérea contra hipotéticos enemigos externos, fue especialmente notoria la realización de simulaciones de operaciones de control de orden público y combates terrestres contra “enemigos internos”. Además, altos funcionarios civiles del régimen comenzaron a utilizar uniformes y armamento militar. El vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturiz participó en los “ejercicios” en Caracas vistiendo uniforme de la Milicia Bolivariana con símbolos del rango de “primer teniente”.
Arriba: El gobernador chavista del estado Mérida Alexis Ramírez, el general Luis Graterol y el Ministro del Deporte de Venezuela Mervin Maldonado durante ejercicios militares en Tabay, Mérida, el 21MAY16. Abajo: Operaciones de represión de protestas y combate terrestre en zona urbana. Fotos: @zodimerida y @ceofanb
En fotografías oficiales aparece el ministro de Deportes Mervin Maldonado y el gobernador del estado Mérida Alexis Ramírez, civiles ambos, portando fusiles de asalto AK103 durante los “ejercicios” realizados el 21MAY16 en la población de Tabay, estado Mérida, al occidente del país.
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El gobierno paraguayo de Horacio Cartes, sin estridencias mediáticas, se ha convertido en las últimas semanas en un activo actor a propósito de los dos temas más álgidos de la política continental actual: el impeachment a la presidente brasileña y la crisis política venezolana.
El 18MAY16, cuando la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA estaba por finalizar, el representante de Paraguay solicitó la palabra en la tanda de “temas varios” para referirse a un asunto no previsto en la agenda: la situación política de Brasil, luego que el 12MAY16 el Senado brasileño acordara el enjuiciamiento a Dilma Rousseff. El diplomático José Pereira Sosa, representante alterno de Paraguay ante la OEA, leyó un comunicado oficial de cinco líneas emitido por su gobierno que califica como “proceso institucional” el impeachment contra Rousseff y asegura que “proseguirá normalmente el relacionamiento” con Brasil. De esa manera Paraguay introdujo en la OEA el tema brasileño contrastando, además, su posición con los altisonantes gobiernos castrochavistas que califican el impeachment como un “golpe”. Ya durante el mes de abril, Cartes se negó a suscribir una pronunciamiento de Unasur a favor de Rousseff y un mes después, desde la OEA, tendió un puente hacia el nuevo gobierno brasileño intensamente vapuleado internacionalmente por aliados de Rousseff y Lula da Silva.
Luego, la visita a Buenos Aires el 23MAY16 de José Serra, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Michel Temer, en la cual fue recibido por el presidente Mauricio Macri, confirmó que el nuevo gobierno brasileño es bien recibido en el seno de los países sureños que conforman Mercosur. Serra y su colega argentina Susana Malcorra crearon ese mismo día, un "mecanismo de coordinación política" y se prevé una pronta visita de Temer a Argentina.
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La postura de Paraguay en la OEA el 18MAY16 generó intervenciones de los representantes de Bolivia, Nicaragua y Venezuela atacando el impeachment en Brasil contra “la compañera Dilma”. El representante de Brasil, José Luiz Machado e Costa, designado al cargo en 2015 por Rousseff, defendió la constitucionalidad del proceso que se sigue en un ambiente de paz contra su exjefa. Argentina tomó la palabra para ratificar su “respeto” al “proceso institucional” en Brasil. El representante de EEUU, Michael Fitzpatrick, calificó como constitucional el impeachment y, en contraste con Venezuela, afirmó que en Brasil existe clara separación de los poderes. “Hoy hay lacrimógenos pero no es en Brasilia o en São Paulo sino en Caracas”, afirmó Fitzpatrick.
El breve debate en la OEA sobre el enjuiciamiento a Rousseff concluyó rápidamente, con lo cual se confirmó que un intento de suspender a Brasil de la OEA, promovido por los gobiernos castrochavistas y acariciado por Rousseff, no tendría los votos necesarios. Sólo seis países tomaron clara posición mientras los restantes no se pronunciaron. Este cuadro de omisiones y silencios pudiera repetirse en caso de que el tema venezolano sea llevado al Consejo Permanente de la OEA en procura de la “aplicación” de la Carta Democrática al gobierno de Nicolás Maduro.
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Mediando el mes de mayo de 2016, desde el Secretario General de la ONU, el coreano Ban Ki-moon, pasando por el Vaticano, los gobiernos de Chile, EEUU, Uruguay, Francia, Argentina, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros, han realizado declaraciones oficiales llamando a un diálogo entre el Gobierno y la Oposición en Venezuela. El canciller español, José García-Margallo, propugna un diálogo en Venezuela con previa liberación de presos políticos. El Secretario de Unasur, Ernesto Samper, impulsa una comisión encabezada por el español José Rodríguez Zapatero para dar cuerpo a la “Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación a Víctimas” inventada por Maduro. El líder opositor venezolano Henrique Capriles confesó, al diario El País de Madrid el 23MAY16, haber negociado con Lula da Silva para que el brasileño sirva como mediador en Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos, por su parte, aseguró haber realizado gestiones privadas para promover el diálogo en Venezuela. Por cierto, Santos se negó a recibir a Lilian Tintori cuando la esposa del preso político Leopoldo López visitó Bogotá el 19MAY16.
Dos posiciones de los países suramericanos se han diferenciados del coro de los que proponen el diálogo como receta para superar la crisis venezolana. El gobierno uruguayo, en voz de su canciller Rodolfo Nin Novoa, afirmó el 19MAY16 que “la única manera de solucionar la crisis en Venezuela es con un [referendo] revocatorio". Paraguay, a su vez, se convirtió en el primero gobierno que asoma la opción de imponer sanciones regionales al gobierno de Maduro.
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El 21MAY16, Paraguay emitió un comunicado sobre la “delicada situación” en Venezuela y llamó “al Gobierno, a la Asamblea Nacional y los actores políticos y sociales” a “mantener la plena vigencia de las instituciones democráticas, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión”. El comunicado hizo referencia a la declaración emitida en diciembre de 2015 en Asunción, aprobada incluso por Venezuela, con motivo de los diez años del “Protocolo de Asunción”, en la cual los miembros de Mercosur ratificaron que “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales son elementos esenciales de la democracia”. A renglón seguido, el comunicado paraguayo del 21MAY16 recordó al gobierno Maduro que “a nivel regional y subregional existen mecanismos a ser implementados, para preservar el sistema democrático, en casos de que se registren graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en situaciones de crisis institucional o durante la vigencia de estados de excepción previstos en los ordenamientos constitucionales”.
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Venezuela se encuentra en “estado de excepción” con suspensión de garantías constitucionales decretadas reiteradamente por Maduro desde mediados de 2015. Ahora Paraguay alega el contenido del “Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur”, el cual contempla sanciones de suspensión de un país miembro que registre sistemáticas violaciones a los DDHH. El régimen chavista, miembro integral de Mercosur desde 2012, no ha ratificado este protocolo que está vigente en Mercosur, pero si asumió el Protocolo de Ushuaia de 1998 sobre “Compromiso Democrático en el Mercosur” y el Protocolo de Montevideo de 2011 conocido como Ushuaia II.
Dado que el protocolo Ushuaia II no está aún vigente, el gobierno de Paraguay, según fuentes de Asunción consultadas para este Informe, estima que Maduro podría ser sancionado en Mercosur con base en las reglas del protocolo original de Ushuaia, el cual se activa ante “toda ruptura del orden democrático”.
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El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga. (EFE)
El 25MAY16 el gobierno de Paraguay dio un nuevo paso en la dirección de sancionar a Maduro. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, invocando el Protocolo de Ushuaia solicitó formalmente a su colega uruguayo la convocatoria de una reunión urgente de cancilleres del Mercosur para discutir la situación venezolana. La Presidencia semestral pro tempore de Mercosur está en manos de Uruguay hasta el mes de julio cuando la debería recibir Venezuela, por lo cual corresponde a la cancillería uruguaya tramitar la celebración del encuentro solicitado por Paraguay al cual ya Argentina anunció que asistirá.
La suspensión de Venezuela de Mercosur, tal como le fuera aplicada a Paraguay en 2012, depende de una decisión consensuada entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la cual, dado el actual cuadro político sureño, podría materializarse.
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El 22JUN12, Nicolás Maduro quien era Canciller de Hugo Chávez, intentó provocar en el palacio presidencial de Asunción, un pronunciamiento militar del alto mando paraguayo que impidiera la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. Tal como en 2016 a propósito de Dilma Rousseff, el castrochavismo defendía en 2012 a su socio Lugo, alegando que el impeachment era un “golpe parlamentario”. Tras la destitución de Lugo, las presidentes Rousseff, Cristina Kirchner y el uruguayo Pepe Mujica, en connivencia con Chávez, suspendieron la membresía de Paraguay en el Mercosur.
Cuatro años después, el gobierno de Paraguay se propone convencer a sus socios sureños para retirar a Venezuela de las instancias de decisión del Mercosur por violación del orden constitucional.
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