El Estado de Excepción en la frontera, otra amenaza para las elecciones
Analistas dicen que el Estado de Excepción impuesto por Maduro en la frontera con Colombia es otro obstáculo para que la Mesa de la Unidad gane las parlamentarias del próximo 6 de diciembre
ELECCIONES PARLAMENTARIAS
CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial
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“Éramos pocos y parió la abuela”. Como si enfrentarse a un Gobierno que no tiene empacho en utilizar todos los recursos del Estado para ganar unas elecciones y a un árbitro que se hace la vista gorda frente a estas situaciones fuera poca cosa, la oposición venezolana ahora debe sortear otro obstáculo para ganar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre: El Estado de Excepción impuesto por el presidente Nicolás Maduro en parte de la frontera con Colombia.
Los decretos que el mandatario ha venido dictando desde el pasado 18 de agosto y mediante los cuales ha restringido las garantías a la inviolabilidad del hogar, a la libertad económica y sobre todo a la libre circulación, a las reuniones y a la manifestación en 23 municipios de tres estados del país representan una amenaza para la venidera campaña electoral que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desplegará para tratar de arrebatarle al chavismo el control de la Asamblea Nacional.
Al menos así lo consideran los miembros del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Benigno Alarcón y Juan Manuel Track, quienes creen que la medida poco tiene que ver con la lucha contra el contrabando de alimentos y otros productos y el paramilitarismo colombiano y mucho con los comicios.
“El Estado de excepción no tiene justificación. El contrabando siempre ha existido en la frontera con Colombia y a medida que la situación económica en Venezuela empeore y el diferencial cambiario aumente el contrabando aumentará en la misma proporción. Este no es un fenómeno que se pueda combatir con un martillo, sino con medidas económicas que no hagan tan atractivo llevarse la gasolina, los alimentos, las medicinas y cualquier otro producto del país”, afirmó Alarcón, quien agregó: “Con los derechos de reunión y manifestación restringidos y supeditados a la aprobación de un alcalde o un jefe militar la campaña se le complica a la oposición, porque dudo mucho que le den los permisos”.
En similares términos se pronunció Track, quien aseveró: “¿Quién decidirá quién puede hacer campaña? ¿Quién decidirá quién puede reunirse para un mitin o participar en un recorrido? No habrá libertad para que todas las opciones puedan expresarme de manera igualitaria y suficiente. Eso sin contar que el hecho de que las zonas estén militarizadas generará un efecto intimidatorio, lo que podría transformar a la elección en una simple votación donde la gente no podrá elegir libremente”.
El secretario general de MUD, Jesús Torrealba. (EFE)
MUD sigue con sus planes
En la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) están conscientes de los riesgos, sin embargo siguen con sus actividades de precampaña en los 23 municipios con garantías suspendidas y en los cuales están en juego nueve de las 167 curules en disputa, pues aclaran que el Estado de Excepción no afecta la campaña.
“No está suspendida la posibilidad de hacer campaña, porque los decretos no lo prevén. Lo que están restringidas son las reuniones o las manifestaciones, pero relacionadas con el contrabando o el paramilitarismo o las razones que motivaron la decisión y por eso la MUD está haciendo mítines y movilizaciones políticas en esas zonas, así como en todos los estados y hasta ahora el Gobierno no ha impedido ninguna”, afirmó Vicente Bello, representante de la alianza opositora ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, el hecho de que las autoridades no hayan obstaculizado ninguna actividad proselitista no significa que no vayan a hacerlo admitió el vocero, quien reconoció que “si la excepción se extiende en el tiempo sí podrían producirse problemas, en especial por la arbitrariedad de funcionarios como los alcaldes, quienes son los encargados de autorizar las reuniones y movilizaciones. Si los funcionarios son arbitrarios en Caracas, mucho más en la provincia”.
Silencio cómplice
El silencio que hasta ahora ha guardado el CNE sobre este asunto también es criticado por Track, quienes ven en él una manera de desestimular el voto opositor.
“Es grave que el árbitro no haya dicho nada sobre una medida que evidentemente impactará en el normal desarrollo de la campaña”, dijo el politólogo.
Por su parte, Alarcón descartó que la situación fronteriza permita mejorar la imagen del presidente Maduro y así revertir la tendencia que vienen marcando las encuestas en los últimos meses, pues “el 6 de diciembre pueden transformarse en el plebiscito sobre el Gobierno que la oposición buscó con las municipales de 2013, porque la crisis económica es extremadamente profunda ahora”; y por ello casi aseveró que la oposición no debería preocuparse de los obstáculos que le ponga el oficialismo en la campaña.
Tres de los candidatos inhabilitados: Daniel Ceballos, María Corina Machado y Enzo Scarano. (ARCHIVO)
Lo que dicen las encuestas
La mayoría de los sondeos publicados hasta ahora pronostican que el chavismo perderá la mayoría que hoy tiene en la Asamblea Nacional, pues le dan una ventaja de entre 17 y 20 puntos de ventaja a la oposición.
Los cálculos más conservadores que la MUD ha hecho a partir de los sondeos arrojan que podrían terminar haciéndose con 85 curules, mientras que el oficialismo terminaría con 82 gracias a los cambios de las circunscripciones hechas meses atrás o decisiones como las inhabilitaciones de candidatos emblemáticos como María Corina Machado o Daniel Ceballos.
Escenarios
El bloque que termine obteniendo 84 curules el 6 de diciembre podría aprobar y modificar leyes, incluso las orgánicas mencionadas expresamente por la Constitución; aprobar o negarle créditos adicionales al Gobierno, así como forzar a ministros a rendir cuentas o destituirlos y podría suspender a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, para aprobarle poderes especiales al Presidente de la República para gobernar se necesitarán de 101 legisladores (3/5 partes) y para cambiar a los rectores del CNE o a la Fiscal General y modificar la Constitución de 112 (2/3 partes).
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