Gobierno chavista convierte a trabajadores en delatores
CARACAS.- En las empresas incorporan adeptos al Gobierno quienes son vasos comunicantes con el PSUV y las comunas que están predispuestos a acusar a los trabajadores
NADIE CONFÍA EN NADIE | 23 de Diciembre de 2014
CARACAS.- EL NACIONAL
“Dentro de la oficina no me atrevo a mencionar los errores de las autoridades del organismo, y mucho menos del gobierno, porque somos espiados”, dijo una funcionaria de una institución del Estado que solicitó no mencionar su nombre. Su cautela se basa en que compañeros han sido citados y amonestados por sus supervisores porque “criticaron la revolución”.
También de manera anónima, otro empleado de una empresa estatal indicó que en una marcha de apoyo al gobierno se anotó en la lista de asistencia, pero se separó en el mitin final para ir a comprar unas medicinas a su hijita que tenía fiebre. “Al día siguiente, el gerente me dijo que mis compañeros de trabajo le informaron que me habían visto y que seguidamente me ausenté”, contó.
El ambiente laboral se ha tornado pesado por la desconfianza existente en el personal fijo y contratado de los ministerios, institutos autónomos, fundaciones y empresas gubernamentales, además de las gobernaciones y alcaldías en manos del oficialismo. “Hay miedo de ser delatado por quien menos piensas”, afirmaron las fuentes.
Prohibido pensar diferente
Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, explicó que la estrategia gubernamental data de 2002, con el paro petrolero, para limpiar de opositores los organismos del sector público y, muy especialmente, la industria petrolera.
El gobierno también apuntó al control y absorción del sector privado con las expropiaciones de fincas y empresas, así como las nacionalizaciones de compañías y plantas industriales con el objetivo de eliminar la propiedad privada e instaurar el socialismo, en el que el Estado es el dueño del aparato productivo.
Rolando Díaz, asesor de organizaciones sindicales venezolanas y extranjeras, señaló que la Ley de Tierras fue el primer paso de esa política, profundizada con las leyes de Seguridad y Defensa Nacional, de Comunas, Precios Justos y Seguridad Agro Alimentaria a través de los órganos especialmente creados para ejercer el máximo control.
Espías en casa
Sindicalistas señalan el crecimiento de la nómina para impedir la disidencia en el sector público mediante la contratación de afectos al modelo del socialismo del siglo XXI. “En las empresas básicas de Guayana ha ingresado personal sin cargos ni funciones específicas y cuyo mérito es ser militante del PSUV. Los trabajadores saben que están allí para espiarlos”, expresó José Luis Alcocer, dirigente sindical de la Siderúrgica del Orinoco.
Aseveró que esa nómina paralela, calculada en 5.000 personas, es una fuerza de choque que informa a los organismos de seguridad del Estado sobre protestas y conflictos generados por reclamos a los constantes incumplimientos laborales o de cualquier otra manifestación de la sociedad civil. “Ellos también hacen bulto en las llamadas marchas espontáneas pro oficialistas”, indicó Alcocer.
Freites informó que Pdvsa paga una nómina paralela de 80.000 personas integrada por escoltas de funcionarios y altos dirigentes del partido de gobierno, además de patriotas cooperantes constituidos por militantes y comuneros. “Es gente que no oculta su fanatismo, y los trabajadores de carrera en la industria se mantienen alejados de ellos”, refirió.
Díaz recordó que en el sector privado la estrategia comenzó en 2000 con la implantación de sindicatos chavistas en fábricas donde no los había y organizaciones obreras paralelas para desplazar sindicatos de empresa existentes, además de apuntalar dirigentes afectos en sus directivas.
Trabajadores de la harina no lo permiten
Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, alertó sobre el discurso virulento de esos directivos sindicales y afiliados oficialistas que los acompañan en señalar a las empresas como acaparadoras, cuando la realidad es que la producción ha caído por las malas políticas económicas del gobierno.
“Lo trabajadores no aceptan en las plantas, por ejemplo en las de harina precocida, la presencia de funcionarios de organismos como la Sundde y la Guardia Nacional Bolivariana, los cuales les hacen ver que son cómplices del supuesto acaparamiento de los empresarios”, señaló el directivo de Fetraharina.
Alertó que esos adeptos son vasos comunicantes con el PSUV y las comunas que “están predispuestos a acusar a los trabajadores de colaboracionistas”.
Acoso en las cementeras
Los gerentes de las empresas cementeras nacionalizadas exigen lealtad total a los trabajadores pese a que les niegan la discusión de los contratos colectivos y las mejoras en las condiciones de seguridad y salud en el ambiente de trabajo, afirmó Ulises Rodríguez, dirigente sindical de Venezolana de Cemento.
“El acoso y el espionaje interno lo aplican los gerentes, quienes califican de enemigos y saboteadores al sindicato y a los trabajadores por reclamar sus reivindicaciones”, denunció Rodríguez.
Recordó que al momento de la estatización de las cementeras en 2008, los trabajadores acompañaron al presidente Hugo Chávez en la iniciativa porque los patronos de entonces no cumplían sus obligaciones laborales, situación que no mejoró con el cambio de administración de las plantas.
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